Costa Rica

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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Costa Rica

El nuevo presidente Rodrigo Chaves fue protagonista de altercados sobre la libertad de prensa en este período. Desde que asumió en mayo, hubo momentos tensos cuando el presidente estigmatizó a algunos medios de comunicación como La Nación, Canal 7 y CR HOY, tildándolos de "prensa canalla" y "medios de difamación", ante cuestionamientos e investigaciones periodísticas sobre el gobierno nacional.

Durante la campaña electoral de Chaves a la Presidencia, los medios publicaron información sobre denuncias en su contra por acoso sexual hace más de una década, cuando trabajó como economista en el Banco Mundial, y sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su actividad política.

En lo que se consideró un ataque indirecto a la libertad de prensa, el 8 de julio el Ministerio de Salud suspendió el permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, un centro de eventos propiedad de Grupo La Nación. El Ministerio argumentó la suspensión explicando que recibió denuncias anónimas y tras evaluar las dificultades de acceso a Parque Viva para vehículos de los bomberos y la Cruz Roja. La medida ocurrió días después que el presidente Chaves presentara datos sobre la compra de bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre 2013 y 2014, y pusiera en duda la situación económica de la empresa, según denunció el diario. El Poder Ejecutivo insistió que la medida se debió a temas de inseguridad y no una afrenta a la libertad de expresión. En conferencia de prensa tras este incidente, Chaves afirmó: "La libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un Gobierno que la va a defender a toda costa. ¿Hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no".

El 21 de octubre el Tribunal Constitucional falló en contra del gobierno y consideró que este incurrió en una "violación indirecta a la libertad de prensa", al ordenar en julio la clausura del centro de espectáculos Parque Viva. El fallo incluyó la anulación de la orden sanitaria expedida entonces por el Ministerio de Salud contra el centro de evento, y el pago de las costas, daños y perjuicios causados.

En el recurso de amparo, interpuesto por el director y varios periodistas de La Nación, se argumentó que el gobierno ejecutó los actos administrativos para ejercer censura indirecta, "mediante presiones económicas sobre las empresas relacionadas con el medio".

En julio, la periodista Vilma Ibarra, del programa radial "Hablando Claro", interpuso un recurso de amparo contra una exministra de Comunicación y el director de Comunicación de la Presidencia, porque se negaron a participar de su programa. La Sala IV lo resolvió parcialmente a su favor y el Colegio de Periodistas lo secundó, apoyando el recurso.

En setiembre, la ministra de Salud giró una directriz de no dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, la Sala IV acogió un recurso y obligó al Ministerio a retirar la directriz e indicó que no se puede negar declaraciones a los medios de comunicación.

En un hecho insólito, en septiembre, la Casa Presidencial ordenó que los periodistas que cubren el Consejo de Gobierno deben colocar sus nombres en un recipiente en el que se seleccionará al azar a aquellos periodistas que estarán autorizados a hacer preguntas.

El 23 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia considerada "histórica", al declarar la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón, editor de La Nación, y Freddy Parrales Chaves, corresponsal de ese diario. El fallo fue en referencia a una condena civil por la publicación de una nota de prensa del 17 de diciembre de 2005, sobre irregularidades en el trasiego de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá. En la nota se denunciaba a varios funcionarios policiales que habrían estado involucrados en el contrabando. La Corte Interamericana pidió adecuar la responsabilidad civil, no solo en Costa Rica sino en todo el continente, a los estándares interamericanos, para proteger la libertad de expresión sobre el manejo de información de interés público difundida de buena fe.

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