Cuba

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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La represión constante, el hundimiento progresivo de la economía y el mayor éxodo de la historia marcan la vida de la prensa independiente. Sobre todo, se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa, que involucra al sistema legal y de justicia, la represión policial, la propaganda por los medios estatales y el control de las telecomunicaciones.

Cumple cinco años de prisión, en grave estado de salud, el reportero Lázaro Yuri Valle Roca, condenado por filmar y publicar el lanzamiento de octavillas con frases patriotas en una calle habanera. "Propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia", son los motivos legales de su condena. También son varios los ciudadanos que pueblan las cárceles por haber filmado protestas populares, como un youtuber que se burló del presidente Miguel Díaz-Canel y fue condenado por desacato a la autoridad.

Internet es espiada y censurada con el apoyo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S. A. (ETECSA), monopolio estatal que mantiene bloqueadas decenas de websites de medios de prensa independientes y de diferentes ONG relacionadas con los derechos humanos. ETECSA suele cortar o disminuir la conexión a internet en el país o por zonas durante jornadas conmemorativas en las que pueden incentivarse protestas, como 1 de mayo, el 11 de julio y el 26 de julio. Este semestre, antes de esas fechas, la mayoría de los periodistas independientes recibió una o varias de estas agresiones: citación policial, detención, cerco en su casa, y corte de Internet.

Los inspectores de ETECSA aplican amenazas y multas por el Decreto 370, art. 68, inciso i, creado para reprimir la libertad de expresión en las redes sociales. En este semestre fueron sancionadas con 3.000 pesos al menos 12 personas. Entre ellas el estudiante universitario Leandro René Hernández, los periodistas Boris González Arenas y Adrián Martínez Cádiz, los activistas Ángel Cuza, Víctor Javier Arias, Sayli González, Pedro López y los opositores Hilda Diéguez, Juan Michel López, Dayanis Salazar y Osvel Bárzagas.

Ismario Rodríguez fue multado con 4.000 pesos por "actividad económica ilícita", justificación para castigar a quienes hacen periodismo sin permiso del régimen. A Camila Acosta la multaron con 1.000 pesos por "desorden público", acusada de intentar cubrir las protestas del 11 de julio de 2021. Le confiscaron su equipo de trabajo y artículos personales.

El nuevo Código Penal que entrará en vigor el 1 de diciembre persigue todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. En su artículo 143, castigará con hasta 10 años la recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero. Agentes de la Seguridad del Estado usan este argumento para amenazar con prisión a reporteros y medios independientes, además de los consabidos delitos por propaganda enemiga, mercenarismo, desacato, incitación a delinquir o ultraje a los símbolos de la patria.

La represión unida al éxodo acosa a la prensa que queda dentro de Cuba. Unos 20 reporteros, fotógrafos e ilustradores renunciaron a trabajar en la prensa independiente tras prohibírseles a seis de ellos viajar a un evento periodístico, y luego, seguirles el acoso de la Seguridad del Estado unido al chantaje con no dejarlos salir del país.

En algunos casos se les forzó implícitamente a "renunciar" también a regresar al país. Otras amenazas contra ese grupo de colegas incluyeron procesamiento judicial, decomiso de bienes o daños a familiares. De estas "ofertas" fueron víctimas Wimar Verdecia, Mary Esther Lemus, Irán Hernández Castillo, realizadores del suplemento gráfico Xel2. También Meilin Puertas, José Leandro Garbey, Mauro Díaz, Aleiny Sánchez, Claudia Bravet, Laura Seco, Cynthia de la Cantera, Yadiris Luis Fuentes, Nelson Álvarez Mairata y Jancel Moreno. Yoe Suárez, Nelson Álvarez Mairata y Luz Escobar ya salieron al exilio después de varios años con prohibición de salir del país.

También sufrieron estas amenazas Ismario Rodríguez, Manuel de la Cruz, Mel Herrera, Anay Remón, Boris González Arenas, Geisy Guía y María Lucía Expósito. De igual modo Amarilis Cortina, José Antonio Fornaris y Julio César Álvarez, del equipo de la Asociación Pro Libertad de Prensa.

Los periodistas Vladimir Turró y Yoel Acosta fueron arrestados en tres ocasiones; Enrique Díaz y Henry Constantin, dos veces; Camila Acosta, Yania Suárez, Neife Rigau, Dunierky Martínez, Lisbeth Moya, Antonio Abad Sánchez, Pedro Yoel Rivas, Osniel Carmona y Orisvey Díaz, al menos una vez. Pedro Luis Hernández fue detenido en la capital y deportado hacia su provincia.

El reportero Alberto Corzo tiene prohibido salir de su municipio, Los Arabos, por estar bajo investigación policial tras producirse una protesta contra los apagones en ese pueblo.

Yunia Figueredo, Yankiel Gutiérrez, Pedro Yoel Rivas y Henry Constantin sufrieron agresiones físicas. Figueredo, cuando quiso cubrir el juicio al reportero Lázaro Yuri Valle Roca; Gutiérrez, tras fotografiar las ruinas de un parque infantil, y Constantin, el 30 de abril, mientras estaba detenido por publicar un post de Facebook crítico con la marcha oficialista del 1 de mayo. El agente de la policía que lo detuvo lo empujó por el cuello hacia el piso, y le pisó con fuerza sin previo aviso ni explicación frente a otro oficial. En otro momento, su motocicleta fue averiada por agentes de la Seguridad y fue seguido y fotografiado mientras paseaba con su hija, tras lo cual las fotos fueron exhibidas en sitios digitales controlados por la Seguridad del Estado.

La "regulación" –nombre eufemístico para la prohibición de salida del país– todavía la padecen Anay Remón y Camila Acosta, Reinaldo Escobar, 14ymedio; Ismario Rodríguez, Periodismo de Barrio; Rosalía Viñas, Revista Convivencia; Boris González Arenas, Diario de Cuba y la freelancer Yunia Figueredo. La Hora de Cuba es el medio más castigado, con cuatro reporteros que tienen prohibido viajar al exterior: Iris Mariño, Yunier Gutiérrez, Inalkis Rodríguez y Henry Constantin. Estas prohibiciones no están justificadas por orden judicial o causas penales.

Para quienes se niegan a emigrar y no tienen prohibido salir de Cuba, es posible que cuando regresen de algún evento o actividad en el exterior no se les permita reingresar al país sin justificación legal ni previo aviso.

El régimen tampoco deja entrar a periodistas extranjeros críticos, como el premio Pulitzer Anthony DePalma, bloqueado durante seis horas en el aeropuerto de La Habana y luego obligado a reembarcar. Varios miembros acreditados en Cuba de los equipos periodísticos de AP, Reuters y EFE denunciaron limitaciones a su labor.

El arresto domiciliar sin mandato judicial, investigación o denuncia policial puede durar de algunas horas a varias semanas. El régimen presiona a los propietarios de casas para que desalojen a sus inquilinos cuando son periodistas críticos con el régimen, como la fotógrafa María Lucía Expósito.

Internet, aunque es el mayor y más potente escenario de expresión, ha servido de campo de represión. El activista LGBTI Jancel Moreno fue coaccionado para que cerrara su website y lo anunciara públicamente. El maestro Austin Llerandi fue amenazado con despido si no renunciaba a su empleo tras publicar un post viral en Facebook. También por sus publicaciones críticas en Facebook fueron amenazados por agentes del MININT el popular director de teatro Freddy Núñez Estenoz, el locutor Yunior Morales, el tuitero Raúl Alejandro Oropesa, así como varios sacerdotes católicos, familiares y amistades de presos políticos, amas de casa y dueños de negocios privados.

En la prensa estatal, fue llamativo el despido de Armando Franco, director de la revista oficial Alma Mater, por publicar información sobre detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021. Además, los reporteros deportivos Boris Luis Cabrera, Joel García, Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González, de medios estatales, fueron privados de participar en la conferencia de prensa de una institución oficial, tras criticar a uno de sus directivos.

Sigue preso el popular youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba. Fue condenado a dos años de cárcel por el delito de desacato, debido a sus publicaciones en Facebook con críticas burlescas a las autoridades y el presidente. A Montiel, se le negó el beneficio de la "libertad condicional" tras haber cumplido la mitad de la condena.

Continúa encarcelado Yoennis Domínguez de la Rosa, condenado en 2021 a cinco años de cárcel por grabar y difundir en redes sociales el video de un enfrentamiento entre vecinos y tropas especiales en un barrio de Santiago.

Entre estos encarcelados, figura Mayelín Rodríguez Prado, conocida en Facebook como "Lachamaca dechamaco ya estaostinada", encarcelada por haber entrevistado a dos niñas golpeadas por agentes del Ministerio del Interior (MININT) en las protestas por los apagones en la ciudad de Nuevitas. La obligaron a grabar una autoinculpación y un desmentido, que el gobierno transmitió en el noticiero estelar de la noche.

Estuvieron presos más de dos semanas Rosmery Almeda, conocida como Alma Poet, y Danilo Martínez, jóvenes artistas que filmaron las recientes protestas en La Habana durante los apagones que sufrió esta ciudad.

Yoan de la Cruz, quien transmitió los primeros videos virales que desencadenaron las protestas del 11 de julio de 2021, continúa en prisión domiciliar cumpliendo una condena de seis años. Fue excarcelado en mayo luego de estar 10 meses tras las rejas.

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