El Salvador

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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Bajo el gobierno de Nayib Bukele, las libertades de expresión y de prensa languidecen entre censuras y miedo en el país. La animosidad contra los medios independientes es alentada por funcionarios del Poder Ejecutivo o diputados del oficialismo en la Asamblea Legislativa.

Los medios independientes y las fuentes informativas son sistemáticamente intimidados y amenazados. Esto genera autocensura de las fuentes, no solo hacia medios locales sino también con medios internacionales. Debido a ello, al menos 10 periodistas se fueron al exilio en este período, tras ser señalados por personeros gubernamentales o recibir amenazas anónimas en las redes sociales.

El gobierno decretó en marzo un régimen de excepción o estado de sitio con el objetivo de apresar a los miembros de las pandillas. El mecanismo puso en suspenso garantías ciudadanas, como la de ser procesado con el debido proceso y los límites en el número de días de detención sin acusación formal. También incluye amenazas directas a la libertad de prensa, porque permite procesar a comunicadores en caso de que la autoridad considere que hay "informaciones que son favorables o apologistas a grupos criminales".

El gobierno ha apresado desde marzo a 52.000 personas, cuyas detenciones preventivas quedaron firmes en audiencias de hasta 500 reos a la vez, "escuchados" en masa y con un "defensor público" en representación de los detenidos.

El peor efecto ha sido una amplia autocensura por la ambigüedad de la norma, debido a que se puede calificar como apología cualquier contenido relativo al trato o maltrato de reos.

Bajo el régimen de excepción, varios periodistas fueron detenidos. Élmer Vladimir Romero Martínez, locutor de la radio comunitaria Juventud, fue detenido y acusado por colaborar con las pandillas. Sigue detenido e incomunicado desde mayo y su salud se ha deteriorado. Su familia interpuso un recurso de "habeas corpus" ante la Corte Suprema de Justicia.

También fue detenido en junio el presentador de un programa de opinión en Canal 29 de Apopa y de NotiApopa, Víctor Barahona, acusado de colaborar con las pandillas.

Luis Alexander Rivas Samayoa, un tuitero que el 21 de agosto publicó un mensaje sobre el despliegue de seguridad en una playa con motivo de la presencia de uno de los hermanos del presidente Bukele, también fue detenido y sometido al régimen de excepción. En Twitter, el fiscal general de facto, Rodolfo Delgado, confirmó que "se ha hecho efectiva orden de captura contra Luis Alexander Rivas Samayoa. Una cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas. La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos". Rivas fue acusado formalmente de "desacato", un delito (derogado ya en muchos países del continente, por su anacronismo) con penas de hasta cinco años de cárcel y que consiste en la "ofensa" de hecho o de palabra al "honor o decoro" de un funcionario, o amenazarlo en persona o mediante un escrito. Lo sorpresivo de la acusación es que el hermano del presidente no es un funcionario.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutan las capturas dentro del régimen de excepción, y se toman la libertad de amenazar o detener a quien documente procedimientos con videos o fotos. Esto le sucedió el 20 de agosto a Yessica Hompanera, fotoperiodista de El Diario de Hoy. Un grupo de policías la retuvo por tomar fotos frente al antiguo edificio del Banco Central de Reserva (BCR), un área sin avisos que indiquen que no se puede tomar fotos o filmar. Los agentes la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y borrar el material periodístico. La acción terminó tras el pedido de sus colegas de El Diario de Hoy y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

El periódico La Prensa Gráfica expuso en un reportaje que la periodista francesa Laurence Cuvillier, corresponsal de France24 para Centroamérica, patentizó el miedo y el silencio al visitar el país. "Vi un temor de hablar y, aunque sabía que me iba a topar con esa situación, no imaginé que fuera en estas dimensiones. Esto solo lo había visto en Nicaragua", expresó la comunicadora. Cuvillier trabajaba en un documental sobre el régimen de excepción, pero encontró muchas trabas. Había acordado entrevistas con familiares de capturados que murieron en la cárcel (80, según organismos de derechos humanos), pero al final las fuentes declinaron concederlas.

Por temor a represalias, muchos medios de radio, prensa y televisión variaron sus contenidos para difundir sólo nota roja, social o internacional y no informaciones que cuestionen al gobierno. Periodistas independientes se retiraron o fueron separados de noticiarios y programas de opinión porque eran incómodos al oficialismo.

Varios ciudadanos y profesionales que son fuentes clave para los medios, como la abogada Bertha de León, denunciaron que les abrieron investigaciones por ser críticos al gobierno. De León tuvo que solicitar asilo en México, considerando que no tiene "interés de llegar a un país donde no hay libertad de expresión, de pensamiento ni de trabajo", según expresó a la televisora TVX. Otras abogadas críticas son embestidas en las redes sociales con amenazas, mensajes de odio y misoginia por individuos vinculados al gobierno o troles con evidente servidumbre oficialista.

Los profesionales del periodismo y de las diferentes disciplinas también enfrentan el peligro de que se les obligue a colegiarse, en una nueva Constitución que promueve el bukelismo. La actual Carta Magna prohíbe la colegiación, porque se presta a someter a los profesionales a los manejos del régimen de turno y quien se oponga o critique estaría en peligro de que le suspendan o cancelen su licencia para ejercer.

El gobierno neutralizó al Instituto de Acceso a la Información Pública y las leyes que rigen la transparencia sobre uso de los fondos públicos.

Los datos relativos al uso de fondos públicos y cualquier compra o inversión hecha por el gobierno desde 2020 está siendo sistemáticamente ocultada por un periodo de siete años a partir del hecho. Ello impide cualquier develación de hechos y malversación de fondos que pudieran ser revelados de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Todas las instituciones que deben velar por la probidad y el acceso a información pública quedaron neutralizadas mediante la cooptación de las juntas directivas de las mismas, donde el gobierno puso a personajes obedientes.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), administrada por los jesuitas, señaló que "El Salvador ha vuelto al oscurantismo del pasado, la cosa pública se gestiona con el mayor de los secretismos".

Según la UCA, en menos de 10 años el país pasó de tener una de las mejores leyes de acceso a la información pública a una realidad en la que conocer qué hace y en qué gasta el Gobierno depende de la voluntad o el descuido de los funcionarios.

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