Guatemala

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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Existe un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público y del Congreso.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente. Cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador.

En este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública. El caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, ademas de Flora Silva, gerente financiera del mismo medio, un matutino que investiga y denuncia corrupción, así como el caso de Juan Luis Font, del medio digital y televisivo "Con Criterio". También contra Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, a quien un juez declaró sin lugar las acusaciones que se le hicieron como consecuencia de la cobertura de una manifestación en contra de una mina en Izabal.

Los ataques contra la prensa se originan con acusaciones por supuesto delitos desde el Ministerio Público o por parte de organizaciones como la oficial "Fundación contra el Terrorismo" (FCT), que conducen los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, incluidos recientemente en la Lista Engel de EE.UU., acusados de obstrucción a la Justicia. Los ataques también provienen del actual fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche.

La FCT es querellante adhesiva o ha promovido en el último año numerosos procesos penales contra operadores de justicia independientes, en su mayoría jueces y exfiscales que investigaron casos de corrupción de alto impacto. También ha apoyado a militares acusados de violaciones a los derechos humanos y condenó que se juzgara por genocidio al exgeneral Efraín Ríos Montt.

La estrategia del Ministerio Público sobre casos de alto interés de la ciudadanía ha sido "mantenerlos bajo reserva", con lo cual no entrega ninguna información ni confirma que el caso exista.

El 29 de julio el Ministerio Público ordenó la detención del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, quien permanece encarcelado. Lo acusan del delito de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

A Zamora le están aplicando las medidas típicas de los atrasos en procesos legales: detención un día viernes, presentación ante juez un sábado, con lo que el detenido permanece en prisión preventiva –no se le otorgan medidas sustitutivas–, atraso en la primera audiencia ante el juez e imposición de una demora por juicio de tres a cuatro meses, para mantener a la persona encarcelada.

Cuando detuvieron a Zamora, también allanaron las oficinas de elPeriódico. Los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron durante 16 horas a ocho empleados e impidieron que ingresaran al diario los trabajadores de la planta de impresión. El diario pudo circular al día siguiente debido a que otros medios imprimieron sus ejemplares.

El 20 de agosto el Ministerio Público también detuvo y acusó por lavado de dinero a Flora Silva, gerente financiera de elPeriódico, involucrándola en el caso de Zamora.

Los medios que dieron cobertura a los allanamientos y detenciones de Zamora y Silva mostraron que en los operativos participaron vehículos no identificados, con placas tapadas. Los organismos responsables dijeron que desconocían quienes utilizaron esos vehículos.

Según familiares de Zamora y periodistas, las pruebas del Ministerio Público tienen poco sustento. El caso ante la Fiscalía se basa en el testimonio de una persona que fue acusada por lavado de dinero en 2016 y 2017. La defensa de Zamora denuncia una posible alteración de la evidencia por parte del Ministerio Público.

En abril de 2022, el periodista Juan Luis Font salió del país ante rumores sobre su inminente detención. Desde entonces transmite su programa de opinión "Con Criterio" desde una ubicación no especificada. No hay acción conocida en su contra ni información. El periodista reclama que teme por su seguridad física y jurídica.

También varios periodistas siguen recibiendo acusaciones o se les investiga por el supuesto delito de feminicidio. Es el caso de los directivos del diario La Hora Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín. Una jueza les ordenó que no pueden "perturbar" a Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Víctima. El diario publicó investigaciones que cuestionan el trabajo de Carrillo por otorgar plazas a favor de allegados a diputados. Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, incluido en la lista Engel de EE.UU., acusado de favorecer a las élites de la corrupción.

Fiscales del Ministerio Público también ordenaron a varios periodistas y medios revelar sus fuentes de información en casos en que jueces y fiscales denunciaron amenazas e intimidación.

El 29 de julio, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó su informe semestral, en el que se registran 66 violaciones a la libertad de expresión. Indica que los principales agresores son la Presidencia de la República, la Justicia y la Policía Nacional.

En este periodo se incrementó el uso de netcenters que serían manejados por allegados al gobierno para desacreditar y atacar a periodistas. Los ataques se realizan en las redes sociales a través de información privada de los periodistas o fotos de familiares cercanos y cónyuges. También se intimida a los periodistas publicando fotos en sus perfiles en momentos que están trabajando o haciendo entrevistas.

Los funcionarios suelen negarse a brindar información a los periodistas, ya sea evadiendo conferencias de prensa o clasificando información. También se han dado casos de presiones por parte del gobierno contra anunciantes privados para que retiren o disminuyan la publicidad en medios críticos.

Este año fue archivado el proyecto de Ley Contra la Ciberdelincuencia, que permitía a los funcionarios públicos demandar a quien consideren que les "ofende" en redes sociales. También fue archivado un proyecto de ley que autorizaba a la Policía Nacional Civil y al Ejército a disolver de forma violenta las manifestaciones civiles.

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