Nicaragua

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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La dictadura de Daniel Ortega sigue barriendo sin descanso todo vestigio de libertad de prensa. En este período confiscó las instalaciones de La Prensa, cerró la señal de CNN, clausuró varias radioemisoras de la Iglesia Católica y canceló las operaciones de cientos de organizaciones no gubernamentales.

El régimen ordenó la usurpación de las oficinas y talleres de La Prensa, tomadas por la policía nacional el 13 de agosto de 2021, lugar en el que abrió un centro Cultural y Politécnico llamado "José Coronel Urtecho".

Antes, el régimen había confiscado los medios Confidencial y 100% Noticias, cuyas sedes fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente. La confiscación está prohibida por el artículo 44 de la Constitución y establece que los funcionarios deberán responder con sus bienes por los daños que causaren.

La Prensa denunció que las instalaciones y las maquinarias confiscadas tienen un valor cercano a 10 millones de dólares. Esta fue la estocada final contra el diario cuyo gerente general, Juan Lorenzo Holmann, permanece en prisión desde hace 18 meses. Otros dos miembros de su junta directiva, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, cumplen sus condenas en arresto domiciliario. Semanas atrás, en una nueva arremetida contra el personal de La Prensa, las autoridades detuvieron a dos conductores o choferes del medio y acusaron a otros cuatro empleados. Previamente, en julio, todos los integrantes de la sala de Redacción, 15 personas, debieron salir del país por temor a las amenazas y represalias del régimen. Se calcula en más de 150 los periodistas que se exiliaron desde la represión de abril de 2018.

También continúan presos los periodistas Miguel Mora, fundador y director del canal 100% Noticias, y Miguel Mendoza, cronista deportivo, sentenciados a 13 y nueve años de cárcel, respectivamente. Sus familias denunciaron las deplorables condiciones carcelarias y el deterioro de salud que padecen. El comentarista televisivo Jaime Arellano cumple su condena de 13 años en arresto domiciliario. A finales de agosto, el régimen exhibió en los medios oficiales a 27 prisioneros políticos, encarcelados desde hace más de un año. Todos con marcado deterioro de la salud y pérdida de peso. Entre los exhibidos estaban los periodistas Mora, Mendoza y Holmann.

En mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a las empresas de servicio de cable sacar de su programación al Canal Católico de Nicaragua –canal 51–, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Luego la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de varias decenas de ONG, entre ellas la Asociación de Publicaciones Católicas, que producía e imprimía el periódico Voz Católica desde hace 16 años. Los medios católicos TV Merced, de la diócesis de Matagalpa, y Canal Católico San José, de la diócesis de Estelí, fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable, por órdenes de Telcor.

Paralelo a estos cierres, Radio Católica de Bluefields y Canal 17 de Chontales cerraron sus operaciones por razones económicas.

En junio, fueron allanadas por la policía las instalaciones de Trinchera de la Noticia, medio que cerró después por orden judicial.

El 21 de septiembre, el gobierno mandó a sacar la señal de CNN en Español de la parrilla de televisión por cable después de 25 años de operación en el país, al considerar que el "contenido transmitido por el Canal CNN en Español contraviene, vulnera y lesiona las normas jurídicas". En un comunicado en medios oficialistas, Telcor acusó al medio de violentar los artículos 1 y 67 de la Constitución y varias leyes sobre telecomunicaciones.

El 6 de septiembre, en vísperas del Día Internacional del Periodista, la vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que los medios independientes del país son "difamadores, mentirosos y responsables de crímenes de lesa humanidad". Agregó que los medios oficialistas son los únicos que difunden la verdad.

El 29 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Holmann y su núcleo familiar, al considerar su situación "de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos". La CIDH solicitó información al gobierno sobre las "condiciones inadecuadas y sin atención médica necesaria, oportuna y adecuada para atender la salud" de Holmann.

Este año el régimen eliminó la personería jurídica de 2.307 organizaciones no gubernamentales, un total de 2.381 desde noviembre de 2018. Entre las canceladas, se cuentan la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fundación Konrad Adenauer y la Oxfam-Quebec.

El 27 de abril, organizaciones defensoras de la libertad de prensa lideradas por la SIP presentaron un plan de acción para respaldar a medios y periodistas independientes del país. Pidieron a organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los periodistas y presos políticos. También exigieron el cese de la hostilidad, que se permita a periodistas regresar al país y que se posibilite la reapertura de medios o se les devuelvan sus edificios y equipos confiscados.

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