Puerto Rico

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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El acceso a información pública continúa siendo un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, que debieron acudir a los tribunales para ejercer su derecho a información en manos del gobierno.

En este periodo se sometieron recursos judiciales en contra del gobierno, en particular el Departamento de Recursos Naturales, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Seguridad Pública y varios municipios, entre otros. En ocasiones las agencias de gobierno ignoraron las peticiones de información pública, hasta que se solicitan mediante recursos judiciales. El Poder Judicial a veces se mostró reacio a imponer sanciones a las agencias que denegaron información.

Además del Gobierno de Puerto Rico, el consorcio privado LUMA Energy, LLC, empresa que opera la red eléctrica del país, ha demostrado su oposición a brindar información sobre sus operaciones sufragadas con dinero público, en especial tras el paso del huracán Fiona, una nueva emergencia que puso a prueba la capacidad de gobernanza y planificación en el país.

La falta de transparencia de LUMA Energy desembocó en una controversia en el Tribunal Supremo, al denegar en dos ocasiones información pedida sobre los salarios de sus trabajadores y ejecutivos. La empresa se negó a rendir cuentas sobre la operación con fondos públicos del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica contraargumentando que una empresa privada no está obligada a ofrecer esa información. El presidente de LUMA Energy se enfrentó a una orden de arresto por no brindar información a la Cámara de Representantes.

Varios proyectos de ley para enmendar las leyes de transparencia y para proteger las fuentes confidenciales de los periodistas todavía no se convirtieron en legislación.

El 5 de abril se presentó un proyecto de enmienda a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito con la intención de reducir las excepciones para la denegación de información pública que el gobierno reclama confidencialidad, acortar los términos para la entrega de información y crear más sanciones administrativas.

El 21 de junio el Senado aprobó un proyecto para eliminar el secreto en procesos relacionados con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica.

Desde el 24 de enero de este año está pendiente ante la legislatura un proyecto de "Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas", para que los periodistas o reporteros no sean obligados a revelar la identidad de sus fuentes ni sean sancionados por negarse a revelarlas. Este proyecto establece penalidades y protección para periodistas, medios y fuentes.

El 15 de agosto el Senado aprobó un proyecto para establecer el Privilegio del Reportero, con la finalidad de que un periodista no pueda ser declarado en desacato por un organismo gubernamental por negarse a revelar su fuente o negarse a divulgar cualquier información publicada o no publicada obtenida o preparada en su recopilación de datos.

El Centro de Periodismo Investigativo acudió a los tribunales en julio para obtener acceso a información pública de la Administración de Seguros de Puerto Rico sobre la utilización de los planes médicos que participan del plan de salud del Gobierno desde 2012 al presente.

En junio, GFR Media, LLC, presentó un recurso judicial en contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación para obtener información sobre la infraestructura del país, incluyendo estudios, contratos y facturas relacionadas con los puentes.

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