El gobierno continúa afirmando que la libertad de los medios de comunicación es esencial para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero peligrosamente limita el acceso a la información pública.
Una creciente polarización política, abundancia de desinformación y el acoso a los trabajadores de los medios afligen a la industria periodística. Los abusos, discursos de odio y amenazas contra la CBC/Radio-Canadá han aumentado. La CBC redujo significativamente su actividad en la red social X después de que esa plataforma la etiquetara como "medio financiado por el gobierno".
A finales de octubre, la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ) dijo que el Parlamento se está excediendo sobre principios de independencia editorial al exigir que las autoridades de la cadena de radiodifusión pública, CBC/Radio-Canada, deben comparecer ante la Cámara de los Comunes para explicar cómo los periodistas usan el término "terroristas" en sus coberturas. Desde la CAJ advirtieron que la independencia de CBC/Radio-Canada está protegida por la Ley de Radiodifusión y que si las decisiones editoriales pueden ser revisadas por los comités parlamentarios la cadena pública de noticias se convertiría en una radiodifusora gubernamental.
En abril, el gobierno aprobó el Proyecto de Ley C-11, la Ley de Transmisión en Línea (Online Streaming Act). Esta legislación controversial otorga poderes a la Comisión de Radio y Televisión de Canadá (CRTC) para regular las plataformas de transmisión en línea. Existen señales de alerta, entre ellas la preocupación de que la CRTC restrinja el contenido generado por los usuarios.
El gobierno introdujo el Proyecto de Ley C-18, Ley de Noticias en Línea (Online News Act), que fue aprobada el 22 de junio. La ley establece negociaciones colectivas y voluntarias entre las empresas tecnológicas y los medios de comunicación para compensarlos por la distribución de contenido de noticias en sus plataformas. La legislación se dirige principalmente a Google y Facebook y hace referencia al Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales aprobado en Australia en 2021.
Ante el anuncio del gobierno sobre la nueva ley, Google y Meta amanezaron con boicotear la ley y anunciaron que bloquearín los contenidos periodísticos en sus plataformas. Dieciocho organizaciones de prensa del mundo, incluida la SIP, emitieron una declaración el 5 de julio en contra del boicot. Posteriormente, solo Meta cumplió con sus amenazas. La ley entrará en vigor en diciembre próximo, una vez que se apruebe su reglamento.
En junio de 2022, el gobierno aprobó la Ley de Aplicación de la Carta Digital, o Proyecto de Ley C-27, supuestamente para mejorar las protecciones de la privacidad del usuario. Ese mismo mes, las fuerzas de policía nacionales revelaron que habían estado utilizando programas espía para "hackear los dispositivos de los sospechosos en investigaciones de delitos graves y seguridad nacional".
En ese contexto, aumentan las amenazas para los derechos individuales y las libertades civiles debido a la extensa y descontrolada vigilancia pública y privada que se ha vuelto posible utilizando tecnologías que superaron todas las barreras potenciales a la privacidad.
