Este período resultó el más crítico para la libertad de prensa, debido al cierre del segundo diario independiente durante un gobierno izquierdista, el acoso permanente a los medios escritos independientes, la violencia contra mujeres periodistas y la impunidad.
El cierre del diario Página Siete, el 29 de junio, confirmó el estado de persecución en que se encuentran los periódicos que mantienen su independencia editorial. En enero de 2016 había cerrado La Prensa.
A fines de octubre, el histórico periódico Los Tiempos, de Cochabamba, suspendió sus ediciones diarias para convertirse temporalmente en un semanario.
La exclusión de la pauta estatal, el acoso tributario, las sanciones económicas a través de entidades recaudadoras y de la seguridad social, además del amedrentamiento a los anunciadores privados para que eviten publicitar en los diarios afectados, conforman las características de un preocupante cerco financiero y asfixia gubernamental.
Preocupa la denegación de justicia a la periodista Daniela Valdez, quien el 24 de julio fue golpeada y despojada de su equipo de trabajo por vecinos de una zona rural de la ciudad de Sucre. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reclamó a la Corte Superior de Justicia del departamento de Chuquisaca la demora injustificada del proceso contra los agresores.
En la región fronteriza con Brasil, Puerto Quijarro, la periodista Dalia Surubí resistió el hostigamiento judicial que le exigió revelar una fuente informativa. Este caso se suma a otras peticiones judiciales que afectan al trabajo periodístico con el intento de vulneración del secreto de la fuente informativa protegido por la Constitución y la Ley de Imprenta.
Otros hechos relevantes en este período:
El 29 de mayo, la ANP expresó solidaridad con el periodista Junior Arias, propietario del canal DTV y productor del programa Detrás de la Verdad, quien abandonó el país debido a las amenazas que recibió al investigar sobre el Banco Fassil.
El 2 de junio, varios periodistas fueron amenazados por militantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mientras cubrían la toma de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
El 16 de junio, trabajadores de la Cooperativa Minera No Metálica La Luminosa atacaron a policías y periodistas con explosivos para echarlos de la zona, en donde funcionarios municipales se encontraban colocando letreros de "área verde".
El 26 de julio, la ANP denunció que Guider Arancibia, periodista del diario El Deber, recibió amenazas luego de publicar una noticia sobre la incautación de un cargamento de cocaína que era transportada por una avioneta que se estrelló en Argentina. La asociación exigió protección gubernamental para el periodista.
El 2 de agosto, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguin, maltrató verbalmente a un periodista durante una entrevista. Lo acusó de apuntarlo con su "camarita y micrófono".
El 3 de agosto, periodistas de Contacto Bolivia y Red ATB recibieron amenazas a través de WhatsApp por publicar artículos sobre el caso de un narcotraficante uruguayo prófugo de la Justicia.
El 28 de agosto, miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) marcharon para exigir respeto a la libertad de expresión luego de que tres emisoras de radio fueran silenciadas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) les retiró las licencias de operación a Radio Yungas de Chulumani y a Radio FMBolivia y decomisó los equipos de Radio Activa por operar sin autorización.
El 13 de septiembre, varios agresores tomaron el terreno donde se ubica la antena de Radio Metropolitana. El medio denunció daños y explosiones de dinamita en contra de los trabajadores que intentaron detener el ataque.
El 5 de octubre, militantes del MAS golpearon a periodistas de Red UNO y Unitel luego de un congreso que realizó el partido.
