El asesinato de un periodista, el recrudecimiento de las agresiones contra la prensa por parte de funcionarios públicos y las amenazas contra miembros de medios de comunicación representaron los hechos más preocupantes en este período.
El 14 de abril fue asesinado Jaime Vásquez, en Cúcuta. Era conocido por investigar e informar a través de las redes sociales. Hacía transmisiones en vivo y denunciaba apoyándose en documentos de contrataciones o licitaciones que exhibía. El sospechoso de ser el autor material fue capturado y permanece en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Además de las agresiones a periodistas en Cúcuta, se registraron amenazas a periodistas, de parte de disidencias de las antiguas Farc y de otros grupos armados en Arauca, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo. Los periodistas suelen recibir panfletos con la obligación de publicarlos, son citados a acudir a sus campamentos a grabarlos y después emitir ese material, bajo coacción. Bajo ese contexto, el 24 de abril el periodista Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, fue secuestrado durante un día completo en el Huila. De acuerdo a la documentación, este suceso fue una consecuencia por negarse a publicar información de un grupo armado ilegal. Otro hecho grave fue lo ocurrido con el medio digital Vorágine, que anunció la suspendió de sus publicaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico por amenazas de muerte al periodista Nicolás Sánchez.
Los funcionarios y el presidente Gustavo Petro atacan a medios y periodistas en represalia por las críticas a la gestión del gobierno.
La prensa crítica es estigmatizada con calificativos de "extrema derecha" y "periodismo Mossad". Se acusa de silenciar al Presidente, de manipular su discurso, de cometer "villanías y canalladas", ser parte de un golpe de Estado, de mentir, de desinformar y de "homogenizar las mentes" a partir de grandes capitales. También de incentivar masacres y asesinatos.
Durante la posesión de Iris Marín como Defensora del Pueblo, el presidente Petro se refirió a las periodistas como "muñecas de la mafia". La expresión fue rechazada por la Defensora: "No hay espacio para las estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada las justifica".
Debido a los insistentes discursos desde el oficialismo contra los periodistas, 33 medios del país publicaron de forma simultánea un pronunciamiento de la Asociación de Medios de Información (AMI) para rechazar el clima de agresión a las libertades de prensa y expresión. También invitaron a los colombianos a exigir respeto por esos derechos, a rechazar la estigmatización y optar de manera libre por el consumo de información y periodismo a su elección, sin apasionamientos ni presiones, atendiendo criterios de interés y curiosidad informativa e intelectual para formar su criterio y tomar decisiones de manera sensata.
Este panorama es paralelo al apoyo incondicional a un sector de medios alternativos, con quienes se establecen agendas coordinadas. Según el gobierno, esos medios "son los únicos que transmiten la verdad". El gobierno los incentiva con pauta oficial, anunciando recientemente la llamada "ley de tercios", para destinar un tercio de la publicidad oficial a medios afines.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció la existencia de censura, autocensura y redireccionamiento de temas en el Sistema de Medios Públicos (RTVC), donde predomina la tendencia de omitir inconvenientes para el gobierno.
En lo positivo, se destaca la promulgación de la ley que crea el fondo "No es Hora de Callar", para prevenir y proteger a mujeres periodistas víctimas de violencia de género, en cumplimiento de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Jineth Bedoya.
Otro aspecto relevante por parte de la Presidencia fue el dictado de los "Deberes de las y los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa".
Sin embargo, en el acto oficial y con la presencia del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, Petro estigmatizó a los periodistas: "El rey es el poder económico, los dueños de los grandes medios de comunicación del mundo son del poder económico".
El 20 de agosto, en una reunión entre la FLIP, Reporteros sin Fronteras y el presidente Petro, se pidió más eficacia para combatir la impunidad, en consideración a que cinco comunicadores fueron asesinados desde que el actual mandatario asumió el poder en agosto de 2022, dos de ellos bajo protección del Estado.
En el Congreso se siguen presentado iniciativas que atentan contra la libertad de prensa. Un proyecto de ley en materia de inteligencia artificial alude a la garantía de la libertad de expresión y advierte que no existirá censura por manifestación de ideas o creencias, salvo que se atente contra otros principios, lo que termina por justificarla.
Trece periodistas resultaron agredidos durante las marchas del 21 de abril en cuatro ciudades. Resultaron afectados reporteros de RTVC, El Tiempo, Cofradía para el Cambio, Tras Este Visor, El Tamal News y Juan Maza BQ.