En este periodo, el sistema legal no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes y las amenazas a la seguridad de periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos. Mientras tanto, desde el poder muchas veces se realizan ataques a periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta Xiomara Castro.
El trabajo de reporteros y otro personal de los medios, tanto tradicionales como digitales, es más complejo y riesgoso ante la intolerancia y la conducta hostil de diferentes funcionarios del gobierno.
En su visita oficial al país, la relatora especial de la ONU, Irene Khan, dijo que "los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial".
El Mecanismo de Protección no funciona y las y los periodistas se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias. Otros han optado por huir del país.
El Mecanismo de Protección, creado en 2015, ha quedado desarticulado con largos retrasos en la respuesta o ausencia de esta, evaluaciones de riesgo que no toman en cuenta el contexto y el entorno, y ausencia de consideraciones de género y orientación sexual.
Durante una visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, el Mecanismo Nacional de Protección (MNP) emitió un reporte sobre 185 casos activos, aunque seis casos con medidas cautelares otorgadas por la CIDH absorbían el 83 % del presupuesto.
Un reconocido ambientalista, Juan López, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH, fue asesinado el 14 de septiembre. Muchas organizaciones reclamaron a la presidenta por este asesinato y le pidieron mejorar el mecanismo de protección.
El 24 de septiembre se anunció el cierre del noticiero y foro de análisis "Interpretando la Noticia", en Radio Globo, debido a presiones y amenazas del gobierno contra el propietario para sacarlo del aire, según denunciaron sus conductores. El programa era propiedad del periodista David Romero Ellner, quien falleció en 2020 al contraer COVID-19 en la cárcel, donde cumplía una condena de 10 años por calumnia y difamación contra una exfiscal.
