El régimen del presidente Daniel Ortega continuó "depurando" el sistema político del país y cerrando el cerco de las libertades de prensa y expresión con la excarcelación de 135 presos políticos, entre ellos algunos periodistas independientes, a quienes deportó en septiembre a Guatemala. Una acción similar adoptó el año pasado, al deportar a 222 presos políticos hacia Washington, incluidos directores de medios de comunicación, tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. En ambos casos, todas las personas desterradas sufrieron el despojo de su nacionalidad.
Uno de los 135 deportados fue el periodista Víctor Ticay, detenido el 6 de abril de 2023. Había sido condenado a ocho años de cárcel por los delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas, tras grabar y divulgar una procesión religiosa en sus redes sociales.
Permanece desaparecida la periodista independiente y activista feminista Fabiola Tercero, quien no está incluida en la lista de deportados hacia Guatemala, como se esperaba. Tercero desapareció el 12 de julio. Varias organizaciones de prensa han expresado su temor de que el gobierno pueda estar implicado en esta desaparición. Antes de que se perdiera su rastro, Tercero había denunciado el allanamiento de su domicilio por parte de agentes gubernamentales.
El fotoperiodista Oswaldo Rivas fue obligado a irse del país, desde que empezó a ser perseguido por la policía en junio de 2024. Rivas colaboraba con Reuters, AFP y The New York Times.
Las organizaciones Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicaron que entre 2018 y septiembre de este año se contabilizan 276 periodistas independientes que debieron abandonar el país. También informó sobre 47 agresiones entre enero y junio, en su mayoría amenazas, 16 de las cuales ocurrieron a periodistas que trabajan en otros países. La FLED registró numerosos casos de discursos estigmatizantes contra periodistas entre abril y junio.
El gobierno mantiene un férreo control de aquellos periodistas que continúan en el país. En abril, el gobierno demandó a los periodistas independientes, en su mayoría personas de edad avanzada y que ya no ejercen la profesión, que debían reportarse en una línea telefónica especial. Antes debían hacerlo asistiendo a las estaciones de policía. El asedio gubernamental también sucede en contra de periodistas que trabajan en medios oficialistas, por permitir que los ciudadanos hagan denuncias.
La FLED, en su informe "Represión y problemas financieros forjan el camino hacia el abandono de la práctica periodística en Nicaragua", reportó que 17 departamentos o el 41 por ciento del territorio del país se ha quedado sin práctica periodística independiente.
Se han registrado casos de denegación de visa de entrada a periodistas extranjeros e influencers.
En este período, el gobierno ordenó el cierre de medios religiosos, como Radio María. También las intimidaciones lograron cambiar la agenda informativa de algunos medios, como Radio Volcán.
