Perú

Entre mayo y junio, la presidenta Boluarte no dio declaraciones a la prensa. En al menos tres eventos públicos, periodistas de diversos medios se vieron impedidos de hacerle preguntas y fueron retenidos en un estrado.

En julio, el ministro del Interior Santiváñez amenazó con iniciar acciones legales en contra de los periodistas César Hildebrandt y Ricardo Velazco, por informar sobre irregularidades cometidas antes de asumir su cargo.

En septiembre, Santiváñez amenazó con denunciar penalmente por organización criminal a periodistas que difundieran audios que lo involucrarían con facilitar la movilización de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre (con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia y que conforma una bancada en el Congreso) y prófugo de la Justicia desde hace cerca de un año. También amenazó con acciones legales a la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, luego de que esta expusiera un documento en el que se le negaba una reunión de carácter personal con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

También en septiembre, el despacho presidencial rechazó entregar información sobre uno de los vehículos oficiales que habría sido utilizado para transportar al prófugo Vladimir Cerrón. Además, ocho medios de comunicación fueron impedidos de cubrir un evento de la presidenta Boluarte en la región San Martín, con relación a incendios forestales.

En octubre, durante una presentación pública, Boluarte utilizó el término "terrorismo de imagen" para referirse a información sobre ella publicada por la prensa. Poco después, el parlamentario Waldemar Cerrón, cuyo hermano prófugo Vladimir Cerrón es objeto de investigaciones periodísticas que han revelado graves casos de corrupción, aseguró que existe "terrorismo de prensa", mientras que el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmó que "no podemos negar que se difunden noticias falsas [que] no solo ofenden, sino que tiene [sic] un propósito: [...] generar el caos y la desestabilización".

El Congreso se convirtió en una de las principales fuentes de agresión contra la prensa, en especial por los congresistas denunciados por presuntos actos de corrupción.

En abril, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi propuso un proyecto de ley que busca incorporar una medida en la Ley de Contrataciones del Estado para impedir que los periodistas que hayan laborado en cualquier medio y sus parientes hasta de segundo grado puedan ser contratados por el Estado por un año luego de haber dejado sus cargos. Ancachi y otros que firman el proyecto de ley, como Elvis Vergara y Darwin Espinoza, fueron denunciados por la prensa por actos irregulares y tráfico de influencias.

El congresista de Acción Popular Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley para crear el Colegio Profesional de Comunicadores. Propone que sea obligatorio a los periodistas tener un título universitario.

El congresista Darwin Espinoza, investigado por presuntos actos de corrupción, amenazó al periodista de Latina TV Renzo Bambarén.

En mayo el congresista Ancachi amenazó e insultó al periodista Eduardo Quispe, del programa Cuarto Poder, de América TV, cuando le hacía preguntas para un reportaje. Amenazó con denunciarlo si la información que recababa el periodista –sobre un presunto caso de corrupción dentro de su partido– no era corroborada por la Justicia.

En junio la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó modificar una ley para fortalecer la supervisión y fiscalización de las ONG a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Leyes similares rigen en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El Congreso aprobó iniciativas que regulan el financiamiento estatal de películas locales sobre derechos humanos durante la época del terrorismo entre 1980 y 2000.

En julio Alejandro Soto denunció a dos periodistas de Cusco por difamación mientras aún presidía el Congreso. A la periodista Yessica Bazalar Sequeiros la demandó por tercera vez, y a Carlos Castillo, por retuitear una nota de Latina Noticias sobre una compra presuntamente irregular de terrenos. Cuando todavía era presidente del Congreso, prohibió a periodistas y medios acceder al debate y la votación sobre el nuevo contralor del país.

En agosto el congresista Espinoza agredió y amenazó, en las instalaciones del Parlamento, a periodistas que le preguntaron sobre una contratación que sería producto de un intercambio de favores con otra congresista, un asunto investigado por la Comisión de Ética.

También se registraron agresiones contra periodistas en el Ministerio Público.

En abril la vivienda del periodista de Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, fue allanada por la Fiscalía y sus aparatos electrónicos –y los de su esposa– incautados. La orden de allanamiento señala que Tafur integraría una organización criminal y que se habría reunido con fuentes investigadas por la Fiscalía supuestamente para favorecer a una de ellas.

En agosto el canal de televisión Willax y algunos de sus periodistas enfrentaron procesos de investigación por el Ministerio Público. Augusto Thorndike y Carlos Paredes tienen una investigación abierta por supuestamente violar la correspondencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) al difundir sus estados de cuenta bancarios en el programa Contracorriente. Paredes también enfrenta una investigación fiscal por desobediencia a la autoridad por no entregar el video de un reportaje requerido por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

Otros casos de agresiones:

La periodista María Elena Mamani, de Latina TV, fue hostigada en las estaciones Canaval y Moreyra y Matellini del sistema de transporte público Metropolitano, en Lima, mientras cubría el caos del sistema.

Los periodistas Paul Pilco Dorregaray y Wilfredo Contreras Palomino, de Radio Titanka de Abancay, en la región Apurímac, fueron querellados por difamación agravada por Indira Ruiz López, exjefa de la Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac.

El periodista Paul Vega Roque, de Radio Estación MIC, en Maynas, Loreto, fue agredido por un policía cuando cubría una protesta contra la empresa Electro Oriente.

En mayo, el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, querelló por difamación agravada a los periodistas Juan José Bringas Céspedes y Alejandro Quispe Ortiz, director y redactor del diario La Industria.

En junio un equipo de periodistas de Canal N fue retirado a empujones por miembros de Serenazgo durante una actividad oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Marco Calderón y Felipe Díaz intentaban tomarle declaraciones al alcalde.

Un evento virtual del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en el que se presentaba un informe sobre querellas y juicios contra periodistas, sufrió un ciberataque en el que se filtraron de pronto imágenes violentas y de contenido pornográfico. En vista de que el ataque no pudo ser controlado, el IPYS dio por cancelada la presentación.

El diario La República fue bloqueado en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.

La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, amenazó con acciones legales al periodista Julio Farfán Velarde, de Prensa Regional. El periodista difundió reportajes que cuestionan el uso de recursos públicos del gobierno regional.

En agosto se cumplieron 40 años de impunidad tras la desaparición del periodista Jaime Ayala, quien fuera corresponsal del diario La República.

En septiembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que denunciará por difamación al ejecutivo Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, luego de que en un foro empresarial –no a través de un medio de comunicación– señalara que "tenemos un presidente del Congreso que es un representante de una de las economías ilegales más activas y perniciosas. Salhuana tiene vínculos directos con la minería informal". Minera Poderosa ha sido víctima de ataques violentos por parte de mineros ilegales que han dejado a la fecha al menos nueve trabajadores muertos.

El 20 de septiembre, la periodista Paola Ugaz conoció que la Justicia solicitó a su operadora telefónica el levantamiento de sus comunicaciones, incluyendo todos los registros de llamadas telefónicas, entrantes y salientes, e información de geolocalización entre 2013 y 2020, cuando investigaba al movimiento religioso Sodalicio de Vida Cristiana por denuncias de abusos sexuales.

Un juzgado de corrupción levantó el secreto de las comunicaciones de Ugaz por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito que data de su participación en el gobierno de la exalcaldesa Susana Villarán. El fiscal Néstor Rivera pidió el cumplimiento de una orden, emitida hace más de un año, para realizar el levantamiento, sin notificar a la periodista ni a su abogado. De acuerdo con Ugaz, la fiscalía no ha expuesto los argumentos sobre el supuesto enriquecimiento ilícito.

El 10 de octubre, durante la cobertura del paro de transportistas cuatro periodistas fueron atacados por policías. Víctor Castillo, de América TV; Noelia Vallvé, de Wayka; Juan Mandamiento, periodista independiente y Enzo Vidal, de Panamericana, fueron agredidos en distintas zonas de Lima por miembros de la Policía Nacional.