Venezuela

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80ª Asamblea General de la SIP, 17 – 20 de octubre de 2024, Córdoba, Argentina

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El régimen continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión, y el periodismo es así una profesión de alto riesgo. Casi ya no hay medios impresos independientes, y la radio y la televisión están silenciadas bajo el instrumento represivo de Conatel, el órgano regulador de las comunicaciones.

El periodismo independiente está presente en internet, pero sujeto a una estricta política de bloqueo oficial que el régimen implementa a través de las compañías telefónicas y proveedores del servicio. El bloqueo también se extiende a las redes sociales.

Los casos de periodistas agredidos son incontables. Durante el período electoral, se incrementaron los ataques perpetrados por las fuerzas policiales y grupos parapoliciales, instrumentos para mantener un bozal sobre las voces críticas ante los reclamos de fraude y falta de transparencia, como denunció al gobierno la comunidad internacional. El régimen se mantiene gracias a la fidelidad del alto mando militar y el terror, el arma que usa para paralizar a la ciudadanía.

Durante el previo y posterior al 28 de julio, la cantidad de presos políticos se elevó de 300 a 2.000, entre ellos, adolescentes, manifestantes y periodistas. Fueron detenidos 14 reporteros: Ana Carolina Guaita, La Patilla; Fernando Chuecos, reportero gráfico; Gilberto Reina, editor del portal La Sapa del Orinoco; Roland Carreño, periodista y polítco; José Camero, periodista y político; Deisy Peña, reportera grafica; Yousner Alvarado, reportero gráfico, y Paul León, camarógrafo de VPTv. Durante la campaña, fueron apresados Gabriel González, Luis López, Carlos Julio Rojas y Ramón Centeno. Los periodistas Claudia Macero y Omar González permanecen asilados en la embajada de Argentina, sede diplomática ahora bajo custodia de Brasil.

La persecución, el asedio y la judicialización de periodistas han sido constantes en reportes y denuncias hechas por el SNTP.

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esta iniciativa busca aumentar el control discrecional sobre el ejercicio de las libertades de expresión, manifestación y asociación, imponiendo censura previa. El proyecto alude a los prestadores de servicios de radio y televisión, así como medios electrónicos e impresos.

En agosto se documentaron 56 casos y 101 violaciones al derecho a la libertad de expresión por actos de censura, intimidación y hostigamiento durante manifestaciones.

El gobierno continuó con bloqueos y restricciones a internet. Nicolás Maduro pidió el 7 de agosto que los ciudadanos desinstalen la aplicación WhatsApp y bloqueó la red X por 10 días. A través de su cuenta en Instagram, la DGCIM promocionó la detención arbitraria de ciudadanos que difundieron información crítica hacia el gobierno en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp. Las operadoras de internet CANTV, Digitel, Inter, NetUno y Supercable bloquearon el acceso a Signal, Reddit y Microsoft Teams.

Las limitaciones a la prensa extranjera se sumaron al déficit de transparencia. El Ministerio de Información y Comunicación (Minci) estableció reglas para los corresponsales que dificultaron su labor durante las elecciones, además de restringir el ingreso de equipos de transmisión.

IPYS Venezuela denunció que el 18 de julio funcionarios de gestión tributaria de la Alcaldía de Chacao inspeccionaron las oficinas de CNN y de las agencias AFP, AP, Reuters y Bloomberg. Las autoridades cerraron las dos últimas. Conatel bloqueó el sitio de The Wall Street Journal por publicar una carta de la opositora María Corina Machado.

A principios de agosto, muchos periodistas fueron deportados, entre ellos, Jorge Pizarro, de Radio Rivadavia, de Argentina; Gloria Vanessa de la Torre Sanclemente y Andrea Carolina Trinidad Cabulla, Caracol Radio, de Colombia; Marco Bariletti e Ivo Bonito, de RAI News, de Italia; Álvaro Nieto, director del portal The Objective; y otros cinco periodistas de distintas nacionalidades.

El régimen continúa cerrando estaciones de radio. Impone multas y sanciones de revocatoria de concesiones, sin garantías de debido proceso ni derecho a la defensa. Entre abril y septiembre, cerró las siguientes estaciones: Excelente 107.9 FM, en Upata, Bolívar; Radio Cristal 610 AM y Minuto 106.1 FM, en Lara; Minuto 103.9 FM, de Acarigua, Portuguesa; La Vernácula, 88.3FM, estado Guárico; Radio Deportiva 98.3 FM, estado Guárico; Playera 101.7 FM, en Puerto Cabello, Carabobo, y Victoria 103.9 FM, estado Aragua.

El 4 de julio los principales operadores de internet bloquearon los sitios web de Cazadores de Fake News y Es Paja Ve, dos plataformas dedicadas a la verificación de información en el discurso público. Los dominios de ambas plataformas fueron bloqueados en CANTV, Movistar y Digitel.

Otros hechos importantes:

El 29 de julio, el periodista Jesús Romero, del medio digital Código Urbe, resultó herido de bala cuando cubría las manifestaciones en San Jacinto, Maracay, estado Aragua.

A finales de julio, el automóvil del periodista Gabriel Rodríguez fue quemado por manifestantes en Barcelona, estado Anzoátegui.

Las instalaciones de El Nacional siguen tomadas por la fuerza pública desde hace tres años. Diosdado Cabello continúa atacando con fuertes descalificaciones a Miguel Henrique Otero, director de ese medio, quien desde hace tiempo permanece en el exilio.

En agosto, las autoridades allanaron la sede del diario El Caroreño, estado Lara. La calle donde se encuentra el medio de comunicación fue cerrada por presuntos efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El 2 de agosto, el reportero Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia, de Televisión Nacional de Chile (TNC), sufrieron agresiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El 3 de octubre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el cierre durante ocho meses del periódico Diario La Voz, en estado Miranda, por supuestamente no tener actualizada la "cartelera fiscal", según denunció el SNTP.

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