Estados Unidos

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Los medios de noticias permanecen a la defensiva ante la fuerte retórica contra la prensa del presidente Donald Trump mientras este se establece en el cargo. En el informe anterior detallamos cómo sus ataques verbales sin precedentes amenazaban el futuro de la recopilación de noticias y la libertad de prensa. Esos ataques, destinados aparentemente a desacreditar la información que él considera desfavorable, continúan. De hecho, los ataques —a menudo divulgados a través de su cuenta de Twitter—ahora promueven con frecuencia la intervención del gobierno para evitar una cobertura desfavorable. Esas declaraciones exacerban un clima ya hostil en el que los periodistas son objeto de crecientes ataques verbales y físicos en todo el país.

Desde nuestro último informe el gobierno de Trump ha intensificado sus agresiones verbales contra la credibilidad de los medios de comunicación. El Presidente continúa refiriéndose regularmente a organizaciones noticiosas prominentes, particularmente CNN, NBC y The New York Times, como "noticias falsas", un término originalmente concebido para calificar historias inventadas, deliberadamente falsas. Recientemente, en medio de un desastre natural —cuando el público depende de los medios de comunicación para obtener información que salva vidas—, Trump atacó verbalmente a la prensa e intentó socavar su credibilidad. Después de los informes sobre una lenta respuesta federal frente a la devastación del huracán María en Puerto Rico, Trump publicó en Twitter: "Al pueblo de Puerto Rico: ¡No crea en las noticias falsas!".

Los ataques recientes parecen alentar que el gobierno interfiera directamente con la libertad de prensa. En septiembre, por ejemplo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que la cadena de deportes ESPN debía despedir al presentador Jemele Hill por criticar a Trump a través de Twitter. Es muy raro que los funcionarios de la Casa Blanca comenten sobre las prácticas de contratación de los medios de comunicación. En octubre, a través de su cuenta de Twitter, Trump pidió al Comité de Inteligencia del Senado investigar las "redes de noticias falsas". (El Comité investiga los vínculos de la campaña de Trump con Rusia, pero su presidente negó que la investigación incluyera a alguna organización noticiosa).

También en octubre, Trump publicó en Twitter que, "con todas las noticias falsas que salen de NBC y las redes, ¿en qué momento resultaría apropiado impugnar su licencia?" (las redes nacionales no tienen licencias y la Comisión Federal de Comunicaciones no regula el contenido, especialmente la cobertura de noticias, de los afiliados de radiodifusión locales). El mismo día declaró a los periodistas que "es francamente desagradable la forma en que la prensa puede escribir lo que se le antoja". La misma noche se refirió más directamente sobre la revocación de las licencias, tuiteando: "Las noticias de la red se han vuelto tan partidistas, distorsionadas y falsas que las licencias deben ser impugnadas y, si corresponde, revocadas. ¡No es justo para el público!".

Si bien nunca es fácil mostrar una correlación directa, este clima de retórica contra la prensa por parte de los funcionarios del gobierno ha coincidido con un número alarmante de ataques físicos y amenazas a los periodistas. Por ejemplo, un candidato al Congreso de Montana "golpeó" a un periodista de The Guardian y le rompió los lentes. El candidato fue acusado de asalto menor, pero al día siguiente ganó las elecciones a la Cámara de Representantes.

Después de ese incidente, un residente de Montana le dijo a un reportero de CNN: "Tienes suerte de que nadie te haya pegado". Oficiales de seguridad empujaron a otro reportero y luego lo expulsaron de un edificio federal en Washington, DC. El reportero había hecho una pregunta a un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones. Muchos temen que las declaraciones del Presidente hayan contribuido a crear este ambiente. De hecho, CNN —objetivo frecuente de las arremetidas de Trump— acusó al Presidente de condonar implícitamente la violencia contra periodistas cuando volvió a tuitear un video de él mismo luchando contra una persona con un logotipo de CNN superpuesto. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma y advirtió que esta y otras acciones de Trump "podrían incitar al público a cometer actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación".

La retórica hostil del gobierno también tiene un efecto de dominó a escala estatal y local. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el alcalde de Tampa, Bob Buckhorn, han bromeado acerca de disparar contra miembros de los medios. El gobernador de Kentucky, Matt Bevin, utiliza regularmente la etiqueta de "noticias falsas" para atacar la credibilidad de los medios de comunicación y recientemente afirmó que los dos principales periódicos del Estado "en realidad no parecen preocuparse" por la gente. Días después, una persona desconocida disparó contra ventanas de uno de esos periódicos. Nadie resultó herido y no se estableció una conexión directa con las declaraciones de Bevin, pero el hecho causó preocupación entre los periodistas.

El U.S. Press Freedom Tracker, un proyecto de coalición de organizaciones de periodismo que incluye al Comité de Reporteros, ha documentado 29 agresiones físicas contra periodistas en lo que va de 2017, incluidos policías y manifestantes. Varios reporteros han sido rociados con gas pimienta o agredidos por la policía mientras cubrían las protestas. Otros fueron amenazados, empapados con agua o agredidos por los manifestantes. También se detalla el incidente de Montana en que un periodista fue golpeado, y el episodio en el que un senador del estado de Alaska abofeteó a un periodista en el edificio del capitolio estatal como reacción a una historia recién publicada sobre la legislación propuesta por el senador.

El Tracker también informa que la policía detuvo a 31 reporteros de todo el país mientras realizaban sus trabajos. Muchas de estas detenciones se efectuaron durante incidentes en los que la policía arrestó a muchos asistentes a protestas no autorizadas, y los agentes ignoraron a los reporteros cuando estos se identificaron. El recuento incluye también a un periodista que fue arrestado y encarcelado brevemente por hacer preguntas a gritos al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, cuando este transitaba por un edificio público. Los defensores de la libertad de prensa criticaron el arresto como "una afrenta a la libertad de prensa"; cuatro meses después fueron abandonados los cargos contra el reportero.

El gobierno dificulta frecuentemente que los medios de noticias informen sobre asuntos gubernamentales. Después de semanas de burlar la tradición de llevar a cabo conferencias de prensa, estas regresaron a la Casa Blanca a finales de julio con Sanders como secretaria de prensa. Sin embargo, los periodistas todavía afrontan dificultades para acceder a miembros de la administración, así como a los registros públicos. Los reporteros que cubren el Departamento de Defensa, por ejemplo, han criticado al departamento por que ahora tienen menor acceso al Secretario de Defensa James Mattis. Esto incluye una importante reducción en el número de periodistas autorizados a acompañar a Mattis en viajes oficiales.

Los funcionarios del gobierno federal continúan eliminando silenciosamente la información pública de los sitios web del gobierno, así como la información sobre el cambio climático. El gobierno anunció que no daría a conocer los registros de las visitas a la Casa Blanca, rompiendo con la práctica de la presidencia anterior de publicar tal información. En abril, la Fundación Sunlight declaró que Trump había "establecido uno de los peores récordsmde gobierno abierto en los primeros 100 días de una administración en la historia de Estados Unidos".

El fiscal general Jeff Sessions se ha opuesto durante mucho tiempo a una Ley Escudo que proteja a las fuentes de los periodistas en casos de filtraciones. Desde que asumió el cargo, dejó en claro que el Departamento de Justicia investigará proactivamente la divulgación de información gubernamental clasificada a los medios de comunicación. Sessions anunció en agosto que el Departamento "ha más que triplicado el número de investigaciones activas de filtraciones en comparación con el número pendiente al final de la última administración. Y ya hemos acusado a cuatro personas de revelar ilegalmente material clasificado o de ocultar contactos con oficiales de inteligencia extranjeros".

Al mismo tiempo, el fiscal general anunció una revisión de las pautas del Departamento de Justicia respecto de las citaciones de los fiscales federales para que muestren sus archivos. Las pautas actuales, enmendadas en 2015 con el aporte de una coalición de medios dirigida por el Comité de Reporteros, requieren que la mayoría de las solicitudes para tales citaciones sean aprobadas por el fiscal general y que "el gobierno haya hecho todos los intentos razonables para obtener la información de fuentes alternativas, no mediáticas". El Grupo Diálogo de Medios de Comunicación, creado por el fiscal general cuando se enmendaron las directrices, trabajará con el nuevo liderazgo del Departamento de Justicia para la revisión de esta política. La revisión está en sus primeras etapas, pero el objetivo del Grupo es mantener sin cambios las pautas de 2015.

Una tendencia preocupante para la libertad de prensa es la retórica del poder ejecutivo, e incluso de algunos miembros del Congreso. Sin embargo, la libertad de prensa está profundamente protegida por la ley, y la rama judicial del gobierno constituye un fuerte freno a la capacidad de las otras ramas para erosionar la libertad de prensa.

Un ejemplo reciente que muestra la victoria de los medios en las cortes se relaciona con Sarah Palin, una prominente figura política y partidaria de Trump. Palin demandó a The New York Times por difamación debido a un editorial que vinculaba la retórica violenta con tiroteos mortales. La demanda fue rápidamente desestimada, con palabras fuertes que apoyan una prensa libre y sólida. Si bien la creciente retórica de los políticos presenta muchos desafíos prácticos y físicos para los periodistas, los primeros aún tienen que enfrentarse a muchos impedimentos legales para coartar la libertad de prensa.

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