Impunidad México

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73 Asamblea General

Salt Lake City, Utah

27-30 de octubre

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CONSIDERANDO que en este momento los estados que son más peligrosos para ejercer el periodismo, por el deterioro en el entorno de seguridad y el miedo que prevalece ante las constantes amenazas que reciben los informadores son: Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, sin que las autoridades federales y estatales modifiquen esta situación y garanticen un ejercicio libre y sin miedo por parte de los informadores

CONSIDERANDO que este año ha sido uno de los más violentos para el ejercicio periodístico, no sólo por los asesinatos de los informadores, sino porque las amenazas han provocado que, por miedo, periodistas abandonen sus lugares de residencia o su profesión, o se vean obligados a supeditarse a las órdenes de organizaciones criminales, ante la inacción de las autoridades de protegerlos, ya sea por estar vinculados con grupos criminales o por negligencia

CONSIDERANDO que las autoridades estatales y federales han hecho caso omiso a la exigencia de justicia y verdad en los crímenes y desapariciones de periodistas, por lo que sigue creciendo el número de estados del país en los que prevalece la impunidad en las investigaciones reportándose en 23 de los 32 estados mexicanos, lo que representa el 72% del territorio, tal es el caso de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz

CONSIDERANDO que en México prevalece la impunidad y que las autoridades han apostado al olvido, al permitir que prescriban 14 casos de periodistas asesinados o desaparecidos, a los que no se ha hecho justicia Ezequiel Huerta Acosta (Coahuila 1989); Felipe González Hernández (estado de México 1987); Alberto Ruvalcaba Torres (Jalisco 1989); Lázaro Cárdenas (Michoacán 1991); Alejandro Campos Moreno (Morelos 1991); Jesús Michel Jacobo y Manuel Burgueño Orduño (Sinaloa 1987 y 1988, respectivamente); Jessica Elizalde de León (Chihuahua 1993); Cuauhtémoc Ornelas Ocampo (desaparecido en Coahuila 1995); Abel Bueno León (Guerrero 1997); Margarito Morales Ramírez (Jalisco 1997); Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas (Morelos 1994), y Benjamín Flores (Sonora 1997), por lo que es necesario que el Estado ofrezca una disculpa pública en la que se reconozca es su responsabilidad la ausencia de justicia en estos casos

CONSIDERANDO que es indispensable evaluar de forma y profunda el trabajo desarrollado hasta ahora por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, y las fiscalías estatales, por sus deficientes resultados y falta de transparencia que, después de 11 años de haber sido creada la primera no se ha frenado la impunidad y, por el contrario, ésta ha incrementado

CONSIDERANDO que la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, sin que hasta la fecha el Estado mexicano hubiera atendido ninguna de las resoluciones emitidas por el organismo, mostrando fala de voluntad para que no continúen estos crímenes en la impunidad

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA 73ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Pedir al Estado que atienda con determinación, prontitud y de forma integral, y coordinada los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, y de forma urgente las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como se ofrezca una disculpa pública de los casos que ya han prescrito y en los que por su responsabilidad no existe justicia

Solicitar al gobierno que evalúe y revise el trabajo de las fiscalías y del sistema de protección a periodistas, para que los encabecen las personas adecuadas, se les dote de recursos económicos y técnicos que garanticen un trabajo eficaz a favor de los periodistas y medios de comunicación.

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