Impunidad Brasil

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73 Asamblea General

Salt Lake City, Utah

27-30 de octubre

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CONSIDERANDO que, de los cinco acusados por el asesinato del periodista Décio Sá, ocurrido el 23 de abril de 2012 en Maranhão, solamente dos fueron condenados

CONSIDERANDO que los acusados por el asesinato del periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira, ocurrido el 5 de julio de 2012 en el Estado de Goiás, aguardan por el juicio de apelación de la sentencia ante el Supremo Tribunal Federal, antes de ser llevados al jurado popular; que fueron acusados por el crimen Maurício Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Ademá Figueredo y Djalma da Silva

CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Río de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, ocurrido el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y José Carlos Mesquita, ocurrido el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto del Oeste, Rondônia; así como el asesinato de Luiz Otávio Monteiro, ocurrido el 29 de diciembre de 1988 en Manaus, Amazonas

CONSIDERANDO que se trasladó, del 16 al 23 de octubre de 2017, el juicio del exalcalde de la ciudad paraguaya de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, el Neneco, acusado haber ordenado el asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada el 15 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí, en Paraguay, frontera con Mato Grosso do Sul; que Flavio Acosta Riveros, sobrino de Neneco y uno de los presuntos pistoleros que ejecutaron a Pablo Medina, está preso en Brasil, y que la Justicia de Paraguay aguarda su extradición; y que Wilson Acosta Marques, hermano de Neneco y que habría sido el autor de los disparos, sigue prófugo; que el crimen habría ocurrido en represalia por los reportajes de Medina que vinculaban al entonces alcalde al tráfico de drogas

CONSIDERANDO que activistas de los medios, periodistas, fotógrafos, comunicadores comunitarios, comunicadores de periferia, periodistas radiales y blogueros han sufrido amenazas, intimidaciones, intentos de censura y agresiones por parte de autoridades, políticos, manifestantes, criminales, policías militares y fuerzas de represión

CONSIDERANDO que aún esperan su evaluación o votación proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados para federalizar los crímenes contra comunicadores y ampliar las penas para sus asesinos; entre ellos, el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 329/2016, del senador licenciado Acir Gurgacz, que transforma en crimen abominable el homicidio de periodistas en razón de su profesión, para el que fue designado el relator senador Hélio José, y que se encuentra en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía; el Proyecto de Ley nº 7107/2014, del diputado Domingos Sávio, que clasifica como abominable el crimen cometido contra la vida, la seguridad y la integridad física del periodista y profesional de prensa en el ejercicio de su actividad, y que está desde el 12 de marzo de 2015 en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía, y ha sido designado como ponente Ronaldo Fonseca; el Proyecto de Ley 191/2015, del diputado Vicentinho, que modifica la Ley 10.446 de 8 de mayo de 2002 para disponer sobre la participación de la Policía Federal en la investigación de crímenes en que haya existido omisión o ineficiencia de las esferas competentes y en crímenes contra la actividad periodística, que está en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía de la Cámara aguardando designación de ponente

CONSIDERANDO que aguarda votación desde 2015 el Proyecto de Ley del Senado (PLS) nº 743/2011, de autoría del senador Marcelo Crivella, que tiene como ponente al senador Paulo Paim; que el PLS 699/2011, de autoría del exsenador Vital do Rêgo, está bajo análisis por la ponente senadora Simone Tebet; que el PL 2658/2011, del Sr. Lindomar Garçon, espera el dictamen del ponente en la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el crimen organizado; que todos tratan de la obligatoriedad de las empresas de comunicación de garantizar el uso de chalecos antibalas y demás equipos de protección individual para los profesionales del periodismo en coberturas que impliquen riesgos

CONSIDERANDO que no se cumplió totalmente el acuerdo amistoso entre el gobierno brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente al asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, ocurrido el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, que preveía la reapertura de caso con el objetivo de identificar y castigar a los autores intelectuales del crimen

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA 73ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Solicitar el castigo de pistoleros, intermediarios y autores intelectuales de los asesinatos de comunicadores en el ejercicio de la profesión

Demandar que se garantice el derecho de los profesionales de comunicación, incluidos comunicadores de periferia o comunitarios, blogueros y activistas de los medios, de ejercer su trabajo con seguridad, sin agresiones de ningún tipo por parte de policías civiles y militares, fuerzas de seguridad o represión


Solicitar que se garanticen recursos para el mantenimiento de los Programas de Protección a Testigos y de Protección a Defensores de los Derechos Humanos, incluidos comunicadores bajo riesgo; y que se garanticen los recursos y estructuras necesarias para que delegados, inspectores y policías realicen las investigaciones y arrestos de acusados ​​de crímenes contra comunicadores y periodistas

Solicitar que se brinde todo el apoyo para la aprobación de una ley que garantice la federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados en el ejercicio de la profesión en caso de omisión o ineficiencia de las esferas competentes o de presión sobre testigos y autoridades locales

Demandar el cumplimiento inmediato del acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el castigo de los autores intelectuales del asesinato en 1998 del periodista Manoel Leal de Oliveira, de Itabuna, Bahia, a fin de que se le considere un caso ejemplar en la lucha contra la impunidad y contra el cercenamiento de la libertad de expresión y comunicación.

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