Conclusiones

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De la Reunión de Medio Año de la SIP 2018
13-15 de abril
Medellín, Colombia
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El asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros de la redacción de El Comercio de Ecuador, nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que jugamos en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa. Sistemáticamente nos hemos pronunciado de manera enérgica en contra de los asesinatos y desapariciones de periodistas. En esta ocasión hemos hecho más. El acuerdo suscrito durante esta Reunión de Medio Año, entre los periodistas colombianos y ecuatorianos es una reacción para que esa historia que le costó la vida a nuestros colegas sea documentada y conocida por todos.

La SIP recibió una comunicación del director de El Comercio, Carlos Mantilla, agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de los participantes de la Reunión de Medio Año. Tomamos conocimiento de los saludos de nuestro compañero.

Continúa el hostigamiento a la prensa y a los periodistas y esto queda en evidencia en los informes sobre la libertad de expresión de los distintos países de América que se han presentado en esta reunión.

Desde la pasada Asamblea General en Utah, han sido asesinados 14 periodistas; cuatro mexicanos; tres ecuatorianos, dos brasileños; dos guatemaltecos; un colombiano; un hondureño y un periodista salvadoreño. También hay un periodista haitiano desaparecido. En México 11 periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.

Los medios de comunicación, sus dueños y los periodistas son víctimas constantes de intimidaciones, acusaciones, acosos, insultos, ataques físicos y agresiones de todo tipo por parte de aquellos personajes a quienes se les cuestiona y aquellos gobernantes a quienes se les exige rendición de cuentas.

En Cuba, la represión estatal va en aumento. Los ataques ya no solo son contra los periodistas y su integridad física, sino que sus viviendas son allanadas y se les prohíbe la salida de sus ciudades y en ocasiones del país simplemente por ejercer el periodismo. Además el gobierno bloquea sitios web nacionales e internacionales, así como direcciones de correos electrónicos relacionadas con derechos humanos y periodismo, espía y hackea las redes sociales.

Honduras y Nicaragua tienen iniciativas legislativas que buscan regular las redes sociales y el internet alegando criterios altruistas como la prevención de la violencia y las noticias falsas.

Es repetitivo en varios países de la región el uso de plataformas digitales para atacar, acosar, denigrar y amenazar a periodistas y medios de comunicación.

La sostenibilidad económica de los medios de comunicación también es una gran preocupación debido a los retos que enfrenta la industria ante la era digital. Situación se agrava en algunos países en donde la publicidad estatal es usada como herramienta de presión o castigo a las líneas editoriales de los medios.

En Venezuela, durante los últimos seis meses, nueve periódicos dejaron de publicarse por falta de papel y otros insumos. 46 radioemisoras y tres televisoras también dejaron de funcionar por temas económicos en muchos casos agravado por la asfixia gubernamental.

Por su parte en Bolivia, se obliga a los medios de comunicación a difundir de manera gratuita campañas de gobierno. Para algunos medios esto representa hasta el 30% de su espacio publicitario.

Otro tema alarmante es la denegación de una justicia pronta, equitativa e imparcial. Las investigaciones y procesos judiciales por los asesinatos de periodistas toman tiempos excesivos y en muchos casos nunca se llega a una sentencia definitiva en contra de los autores.

En Venezuela, el Poder Judicial ha llegado a no reconocer el derecho al ejercicio del periodismo, y de hecho no castiga a los responsables de actos violentos en contra de medios y periodistas. Los tribunales militares son utilizados para encarcelar civiles, incluso periodistas y reporteros ciudadanos. Estos procesos están plagados de desinformación, abusos, aislamiento y desconocimiento público.

Los intentos de varios gobiernos para censurar la publicación de noticias e impedir la difusión de la verdad son cada vez más fuertes y en esta ocasión incluye denuncias en países como Costa Rica, Perú y Brasil.

La ley de transparencia y acceso a la información han sido flagrantemente violada en Panamá por parte del poder legislativo mientras que en Puerto Rico, este mismo órgano del Estado ignora su debate y el judicial impide el acceso de la prensa a los juicios.

En Bolivia, el presidente Morales, ha calificado a los periodistas como "terroristas mediáticos" y ante la promulgación de una ley que sanciona a los medios por publicar contenido editorial que a juicio del gobierno sea racista, las empresas periodísticas optaron por la autocensura eliminando los espacios para comentarios de sus lectores en internet.

Hay una creciente iniciativa de los gobiernos de aprobar leyes de protección de datos o cibercrimen que en muchas ocasiones contienen elementos que atentan contra la libertad de expresión e información y el acceso a datos de interés público. Este es el caso de Jamaica, Haití y Honduras.

En Estados Unidos se mantiene la retórica del presidente Donald Trump en contra de los medios de comunicación que no favorecen su gestión.

Las iniciativas por implementar el Derecho al Olvido siguen latente en varios países de la región.

Todavía existen países como Panamá en los cuales se castiga con prisión el delito de calumnia e injuria cuando este es cometido a través de medios de comunicación. Esto representa demandas civiles millonarias a los medios de comunicación que en muchas ocasiones ponen en riesgo la sostenibilidad de las empresas de comunicación. En Guatemala un proyecto pretende enviar a los periodistas a 20 años de prisión por generar "temor o alarma...o compeler al Estado o Gobierno".

Sigue pendiente en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) un proyecto de ley que busca dictar una ley marco de comunicaciones sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control por parte del Estado.

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