La Sala Constitucional fue protagonista de la defensa de la libertad de expresión durante el último semestre al proteger en forma directa a medios de comunicación y periodistas. La corte falló en dos casos emblemáticos sobre acceso a la información pública y sobre la libertad de emitir juicios críticos, al proteger a un legislador y a un director técnico de un equipo de la primera división de fútbol. En ambos casos, fue innegable la proyección del resultado sobre la labor periodística.
El 20 de mayo, Sala Constitucional dio la razón al diputado del Frente Amplio Antonio Ortega, al ordenar al Poder Ejecutivo entregar detalles sobre la cena de Estado ofrecida al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante su visita al país. El diputado no recibió respuesta después de solicitar información sobre el evento. El tribunal ordenó al Gobierno entregar la información proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) respecto al costo de la cena, la lista de invitados y si fue gestionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o por la Casa Presidencial.
El 5 de junio, la Sala Constitucional otorgó un amparo para proteger la libertad de expresión de los periodistas David Bolaños Acuña, David Chavarría Hernández y Héctor Guzmán Suárez, quienes fueron acallados durante conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves Robles. Guzmán había sido interrumpido por el primer mandatario impidiéndole hacer preguntas. Mientras tanto, varios agentes de la Unidad de Protección Presidencial rodearon a Bolaños y Chavarría cuando intentaban formular preguntas a Chaves y a la ministra de Presidencia.
El 8 de julio, la Sala Constitucional condenó al Banco Popular y al Instituto Costarricense de Electricidad por retirar la pauta publicitaria al programa “El Chinamo”, cuya sección satírica llamada el “Chinaoke” presentó varias parodias críticas sobre la seguridad pública, el costo de la vida, la atención médica, entre otros temas de importancia nacional.
El banco argumentó que su marca no puede verse relacionada con imágenes inapropiadas o que pudiesen fomentar conductas ajenas a la moral y el orden público. La empresa eléctrica dijo que los valores de su marca no concuerdan con los contenidos del programa, puntualmente en la sección El Chinaoke. Además, anunció que analizaría retirar su pauta en Teletica Canal 7 por donde se emite el programa.
Los magistrados consideraron que la represalia por el contenido satírico del programa viola la libertad de expresión y defendió el papel de la sátira política como una de las formas más antiguas de manifestar la libertad de expresión. La sala falló que los habitantes del país tienen derecho a criticar al poder público de distintas formas, echando mano de la gran plasticidad propia de la libertad de expresión, incluida la sátira. Condenó también que la pauta publicitaria pública pueda usarse como censura indirecta o velada.
El 5 de agosto, la Sala Constitucional declaró con lugar dos recursos de amparo contra la sanción de 1.000.000 impuesta al director técnico José Giacone por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). La multa fue impuesta para castigar declaraciones críticas sobre el arbitraje de un encuentro entre los dos grandes rivales del fútbol costarricense. Los magistrados dijeron que la sanción impuesta con base en el Reglamento Disciplinario de la Fedefútbol vulnera la libertad de expresión al penalizar opiniones sobre un tema de interés público. Los jueces señalaron que la multa afectó indirectamente el derecho de las personas a recibir información y opiniones sobre la actuación de los árbitros. Aclararon que en principio no intervienen en decisiones disciplinarias de entes deportivos privados, pero que el caso exigía valoración por la afectación de un derecho fundamental en el entramado democrático.
Después del fallo de la Sala Constitucional sobre los periodistas, el presidente Chaves dejó de incluir los epítetos más insultantes para estigmatizar a los comunicadores. Sin embargo, las conferencias de prensa de los miércoles, un espectáculo de unas dos horas montado por el equipo de comunicación de la Presidencia y transmitido por los canales oficiales, siempre incluye ataques frontales a medios y periodistas. En ese espacio hay una sesión titulada “Dato mata mentira” en la que se suele distorsionar la realidad para acusar a los medios independientes de mentirosos.
