La libertad de prensa se vio afectada en este período por los discursos de estigmatización proferidos por el presidente Gustavo Petro, lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha identificado como un riesgo estructural para el ejercicio periodístico. En reiteradas ocasiones, el primer mandatario ha señalado a periodistas y medios de comunicación de ser parte de entramados ilegales, acusándolos, sin pruebas, de mafiosos o de promover la violencia.
El episodio más significativo lo constituye la presión política e institucional contra el Canal Uno, que se emite en una frecuencia estatal bajo el modelo de concesión a privados. A pesar de que su concesión actual tiene vigencia hasta 2027, el presidente Petro ordenó adelantar la licitación para definir su futuro. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la composición accionaria de Plural Comunicaciones, la empresa concesionaria, lo que derivó en investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por un supuesto acuerdo con Caracol Radio. Aunque el canal rechaza esa interpretación, la acumulación de procesos e intervenciones oficiales ha sido percibida como una forma de persecución política que amenaza el pluralismo informativo en televisión abierta.
Este ambiente hostil ha tenido consecuencias directas sobre periodistas, como el caso de Paola Herrera, quien anunció su retiro del periodismo tras enfrentar hostigamiento sistemático y campañas de estigmatización, incluso del presidente. También se suma el caso de Diana Saray Giraldo, blanco de múltiples ataques y a quien el presidente calificó 'destructora de personas'.
Está documentado que el gobierno contrata a “influencers” bajo la figura de prestación de servicios. Estos funcionan como operadores digitales de propaganda y, en ocasiones, atacan o desprestigian voces críticas. Este uso de troles vinculados al oficialismo amplifica el efecto del discurso estigmatizante.
Otros casos incluyeron amenazas en línea y hostigamientos anónimos contra comunicadores en Antioquia, Nariño y Medellín.
En materia de acceso a la información, aunque no se observa aún un patrón sistemático, sí se ha identificado una tendencia preocupante a dilatar o hacer más engorrosos trámites de pedidos de información con argucias jurídicas.
Un fallo del 14 de agosto de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar, ocurrido hace diez años en El Doncello, Caquetá, establece por primera vez que los crímenes contra periodistas deben investigarse, juzgarse y sancionarse con enfoque diferencial y perspectiva de censura. El precedente reconoce que estos ataques trascienden a la víctima al afectar la democracia y el flujo de información. La decisión revierte criterios que habían degradado la gravedad del crimen y reafirma la necesidad de protección reforzada para el trabajo periodístico.
Se tramitan en el Congreso proyectos que representan amenazas adicionales a la libertad de prensa. Uno de ellos impondría multas a periodistas incluso después de retractarse; mientras que otro, busca regular la pauta publicitaria mediante la llamada 'ley de tercios', es decir otorgar ese tercio a medios alternativos y comunitarios. Si bien se presenta como un intento de democratizar la publicidad estatal, se percibe más como un mecanismo de premio o castigo.
En paralelo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció reglas sobre pluralismo informativo para 2026 que podrían imponer un estándar oficial de 'imparcialidad', incompatible con la independencia periodística. El Ministerio del Interior, por su parte, trabaja en una política pública para la promoción de la libertad de prensa y expresión, que aún no ha sido estructurada ni implementada.
El 20 de agosto, un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) encendió la polémica en el Congreso y entre sectores de la oposición. La senadora Paloma Valencia denunció que la iniciativa, en pleno año preelectoral, busca convertir al Mintic en una “policía de medios” al otorgarle funciones de inspección, vigilancia, control, incluso facultades de policía administrativa y toma de posesión sobre empresas que usen el espectro electromagnético, incluidos los medios de comunicación. Para Valencia y otros críticos, el artículo 10 del proyecto es inconstitucional porque otorga al Ejecutivo atribuciones que solo corresponden al Congreso.
Desde el Gobierno negaron que se busque intervenir en medios o contenidos, sino que se busca proteger la infraestructura crítica que garantiza el acceso a internet, en línea con la Ley 142 sobre servicios públicos.
En este contexto, Alfredo Rafael Saade fue nombrado jefe de Despacho Presidencial, encargado de liderar la estrategia de comunicaciones del Gobierno. Saade ha mantenido una postura abiertamente hostil hacia el periodismo, con afirmaciones como que los medios 'embrutecen, mienten y manipulan' y que el exceso de democracia afecta al presidente.
A su vez, el sistema de medios públicos, RTVC, ha sido instrumentalizado para difundir mensajes alineados con la visión gubernamental, sin contraste informativo ni pluralidad de voces. La reciente “toma” de redes sociales de múltiples entidades estatales, para replicar el discurso oficial sobre la crisis del sistema de salud, ilustró la gravedad de esta práctica, que erosiona la independencia de los medios públicos.
Respecto al caso de la periodista Jineth Bedoya, aunque se constituyó el fondo “No es Hora de Callar” en cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las órdenes del fallo siguen sin cumplirse. El único condenado permanece prófugo, la periodista continúa recibiendo amenazas y el trabajo conjunto adelantado por Bedoya y el Ministerio de Igualdad para reglamentar el fondo fue desconocido por el Ministerio de Hacienda, que presentó un borrador alterno y deja la iniciativa en la incertidumbre.
Durante el semestre también se registraron múltiples agresiones contra periodistas.
El 17 de mayo, la periodista Sandra Chindoy, de RTVC, de Nariño, recibió amenazas de muerte y fotomontajes violentos a través de la red social X.
El 5 de junio, el periodista del medio audiovisual Cofradía para el Cambio, Andrés Campuzano y su familia recibieron amenazas de muerte desde Instagram, luego de publicar información que vincularía al grupo criminal Clan del Golfo con la minería ilegal en los departamentos de Antioquia y el Chocó.
El 15 de junio fueron agredidos física y verbalmente los periodistas Nicolás Torres y Fredy Pernía, de RTVC, durante una manifestación en Bucaramanga.
El 5 de julio el periodista y director de la emisora Guaviare Estéreo, Gustavo Chicangana Álvarez, y su esposa Ana Milena Torres fueron víctimas de un atentado frente a su residencia, en San José del Guaviare. Chicangana Álvarez tiene medidas de protección desde el 2013.
El 13 de julio, el periodista Luis Alberto Suárez denunció agresión física, amenazas y estigmatización, en Ayapel, Córdoba, por parte del secretario de Gobierno Jorge Rojas y del alcalde Hugo Armando Pinedo.
El 14 de septiembre, el periodista Janer Alberto Valencia Cuéllar, de Noticias del lado de la Verdad, fue agredido con golpes y botellas, en Tumaco, Nariño. Los presuntos agresores son el secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Económico, Luis Javier Preciado Murillo, junto con otras personas.
