El panorama para la libertad de prensa y expresión ha estado marcado por la tramitación de proyectos de ley con potenciales repercusiones para el ejercicio periodístico y un persistente clima de hostilidad hacia los comunicadores. La discusión en torno a una "Ley Mordaza 2.0" y la lentitud en el avance de una ley de protección para periodistas y trabajadores de las comunicaciones son las mayores preocupaciones del sector.
La implementación de la Ley de Protección de Datos Personales (N°21.519), que entrará en vigencia en noviembre de 2026, mantiene a los medios en un proceso de ajuste de sus políticas sobre tratamiento de datos. La nueva normativa, si bien exceptúa el ejercicio periodístico del tratamiento de datos personales con fines informativos, impone estándares más estrictos para usos comerciales. Todavía no se avanzó en la instalación de la nueva Agencia de Protección de Datos.
Otro proyecto, el de la ley de lobby, sigue en trámite en el Congreso y ha generado un intenso debate por sus posibles implicancias para la libertad de expresión. Una de ellas es la propuesta de unificar las categorías de “lobbista” y “gestor de intereses particulares” en la figura de “representante calificado de intereses”, lo que podría llevar a que cualquier declaración pública sea considerada como lobby, lo que entorpecería la labor periodística.
En la discusión de este proyecto generó debate la regulación del "lobby indirecto", medida que se considera como una potencial forma de censura previa.
Otra alerta para los medios fue el debate sobre la legalidad de los servicios de "clipping" contratados por organismos del Estado. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) realizó una presentación ante la Contraloría General de la República, cuestionando la legalidad de los contratos entre diversos órganos del gobierno y empresas privadas dedicadas al monitoreo y reproducción de contenidos noticiosos sin la debida autorización y compensación a los medios generadores de esos contenidos.
También otro foco de preocupación es la tendencia de algunos tribunales a imponer restricciones a la publicación de información sobre procesos judiciales, especialmente en materia penal. La principal inquietud se centra en la aplicación discrecional del principio de presunción de inocencia para limitar la cobertura de casos de corrupción y lavado de activos, argumentando la necesidad de no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público.
En junio, la discusión pública se intensificó con el debate sobre un proyecto de ley denominado "Ley Mordaza 2.0", que procuraba sancionar con cárcel las filtraciones de procesos penales y su posterior difusión en los medios. La iniciativa generó una fuerte reacción de distintos sectores, al considerárselo como un grave retroceso en materia de transparencia. Organizaciones como el Colegio de Periodistas, la ANP y el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social plantearon formalmente sus aprensiones ante el Congreso. La principal, radica en que la ley no distingue el origen de las filtraciones, abriendo la puerta a criminalizar al periodismo de investigación, en especial cuando se trata de la divulgación de asuntos de interés público en los que los periodistas no han participado de la filtración original.
Las agresiones contra periodistas se dieron más en el campo del acoso virtual. En septiembre, personal del diario El Día sufrió agresiones por parte de personas vinculadas a grupos criminales en represalia a publicaciones sobre delincuencia en la zona.
El proyecto de ley que busca brindar protección específica a los periodistas y trabajadores de las comunicaciones no ha registrado avances significativos en su tramitación en el Congreso.
