El panorama para las libertades de prensa y expresión ha estado marcado por la cobertura del ciclo electoral presidencial y parlamentario; la profundización de conflictos estructurales entre el Estado y las empresas periodísticas, y la persistencia de agresiones y restricciones judiciales al trabajo informativo. La Declaración de Torres del Paine, adoptada en octubre por unanimidad en el XXXIII Encuentro de Diarios Regionales, fijó el marco de referencia del período y anticipó ejes que se vieron confirmados en los meses siguientes.
El período concentró el ciclo electoral más intenso del cuatrienio. El 16 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarias, y el 14 de diciembre tuvo lugar la segunda vuelta presidencial, en la que José Antonio Kast se impuso sobre Jeannette Jara. La prensa nacional e internacional describió una campaña marcada por una profunda polarización política, lo que amplificó los discursos estigmatizantes contra la prensa, particularmente en entornos digitales.
Aunque no se registraron agresiones sistémicas contra la prensa comparables a las de ciclos electorales de otros países de la región, el clima de hostilidad digital y las tensiones con parte de los grupos políticos mantuvieron vigente la preocupación por la seguridad de los profesionales de la comunicación.
Uno de los episodios más graves fue el incumplimiento de pago por parte del Servicio Electoral (SERVEL) hacia medios regionales que prestaron servicios de publicación de nóminas electorales en el marco del proceso de 2025. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que, tras emitir órdenes de compra formales en octubre para la publicación de dichas nóminas, el organismo suspendió unilateralmente los servicios a solo 48 horas de su publicación, pese a que los medios ya habían realizado entre el 95% y el 100% del trabajo comprometido, incluyendo maquetación, diagramación y reserva de portadas.
La ANP calificó la negativa de pago como una señal devastadora por parte del Estado hacia la prensa regional y presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Contratación Pública, representando a más de una decena de empresas de medios. La gravedad del episodio radica no solo en el perjuicio económico directo sobre medios ya agobiados financieramente, sino en el precedente que configura sobre la relación contractual entre el Estado y las empresas periodísticas, afectando la sostenibilidad de un sector cuyo rol en la descentralización y el pluralismo informativo fue reafirmado en la Declaración de Torres del Paine.
El conflicto por los servicios de clipping contratados por organismos del Estado, ya identificado anteriormente, escaló durante el período. En una reunión en abril con la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, la ANP reiteró su denuncia por la contratación ilegal de estos servicios. Advirtió que el sector público contrata empresas de monitoreo que reproducen y comercializan contenidos periodísticos íntegros sin contar con la autorización de los titulares de los derechos, lo que constituye una infracción directa a la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.
El gremio cuestionó el doble estándar del Estado, que exige estrictas licencias para el uso de software en sus licitaciones, pero omite ese mismo requisito para los contenidos de prensa, normalizando la expropiación del trabajo intelectual de los medios. El uso de servicios de clipping sin licencia no solo vulnera la propiedad intelectual, sino que debilita la sostenibilidad de los medios al sustituirlos en el mercado de forma ilícita, y reclamó al Estado que respete la legalidad vigente.
A fines de 2025, la Contraloría General de la República, órgano que audita la legalidad de la actuación de los órganos estatales, decidió no pronunciarse frente a la solicitud formal de la ANP que identificó algunos procesos de contratación estatal viciados de ilegalidad frente a la contratación de clipping sin exigir ni fiscalizar su falta de licencias, lo que constituiría una falta a la probidad, según la organización.
Durante el período se registraron nuevos episodios que confirman la tendencia de agresiones ya advertida. El 11 de diciembre, un equipo de prensa de Canal 13 compuesto por una periodista y un camarógrafo fue víctima de una violenta agresión y robo en pleno centro de Santiago mientras realizaba labores periodísticas en el terreno. El camarógrafo fue golpeado con su propio trípode y ambos profesionales requirieron atención médica.
En abril, en el marco del ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, el Juzgado de Garantía de Valdivia prohibió a los medios presentes en la sala mencionar el nombre de los imputados. Esta medida reavivó el debate sobre las restricciones judiciales a la cobertura de casos de interés público, en línea con lo advertido en la Declaración de Torres del Paine, respecto del uso extensivo del principio de presunción de inocencia como barrera al derecho ciudadano a la información.
Estos episodios refuerzan la reiterada preocupación estructural sobre la falta de avances significativos en la tramitación del proyecto de ley de protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, que continúa pendiente de aprobación en el Senado pese al respaldo transversal del sector.
La Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, que regula el tratamiento, recolección, almacenamiento y transferencia de datos personales por parte de entidades públicas y privadas, está prevista para entrar en vigor el próximo 1 de diciembre. Las empresas periodísticas avanzaron en la adecuación tecnológica, organizacional y contractual exigida por la nueva normativa, con foco en la designación del delegado de Protección de Datos, el registro de actividades de tratamiento, las evaluaciones de impacto en privacidad y los protocolos de notificación de brechas de seguridad.
Si bien la ley exceptúa el tratamiento de datos personales con fines periodísticos, el desafío operativo sigue siendo diferenciar con claridad las operaciones informativas de las comerciales y establecer criterios consistentes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a archivos y bases de datos periodísticos. Aún no se han registrado avances sustantivos en la instalación y nombramiento de los miembros de la Agencia de Protección de Datos Personales, lo que mantiene abierta la incertidumbre respecto del estándar interpretativo con que la autoridad asumirá sus primeras fiscalizaciones.
Este período mantuvo los desafíos estructurales ya identificados e incorpora nuevas manifestaciones de los mismos patrones: la persistencia de agresiones a periodistas, las restricciones judiciales a la cobertura de casos de interés público, la crisis de impago del Servicio Electoral a medios regionales como una señal especialmente grave de la relación Estado y prensa, y la escalada en la denuncia por el clipping ilegal contratado por órganos del Estado sobre lo que la Contraloría General no se pronunció.
Otros hechos relevantes:
El 16 de noviembre, en el contexto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un reportero del canal privado Mega fue impedido de continuar realizando entrevistas y posteriormente obligado a retirarse del Colegio María Auxiliadora en Viña del Mar, mientras efectuaba un despacho en vivo durante una jornada de votación.
El 19 de noviembre, un reportero del matinal Tu Día de Canal 13 fue víctima de hostigamiento verbal y de agresión física mientras realizaba una cobertura en el Barrio Meiggs, comuna de Estación Central, durante un operativo policial que buscaba impedir la instalación de comercio ambulante en la zona. El periodista fue interpelado de manera agresiva por personas en el lugar y una persona golpeó el micrófono.
El 3 de enero, un corresponsal de Televisión Nacional (TVN) sufrió agresiones físicas por parte de la madre de un joven desaparecido, cuyo cuerpo fue hallado en el Lago Llanquihue, en la comuna de Puerto Varas. La mujer y otros dos sujetos que la acompañaban golpearon al periodista.
El 12 de enero, durante la cobertura de desalojo forzoso de las parcelas 11, 13 y 15 en la ciudad portuaria de la Región de Valparaíso, un equipo de prensa de TVN fue atacado con proyectiles. Ese mismo día, un reportero de Canal 13 y su camarógrafo fueron increpados por un grupo no identificado de personas para que alejaran del lugar y les advirtieron que, de lo contrario, les robarían la cámara.
Al día siguiente, una reportera y un camarógrafo del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, que se encontraba realizando entrevistas a vecinos con órdenes de desalojo, fueron amenazados por un sujeto encapuchado que sostenía un palo y una piedra en sus manos.
El 10 de febrero, un periodista de TVN recibió amenazas por parte de un usuario de la red social X, @FranciscoBlas25, quien nombró al periodista en una lista de personas que ejecutaría si hubiese una dictadura en Chile.
El 12 de marzo, la periodista Alejandra Valle, del programa La Voz de los que Sobran en YouTube, denunció que fue increpada mientras se encontraba en la vía pública durante la jornada del cambio de mando presidencial, y la agresión posteriormente fue amplificada en redes sociales donde se cuestionó su credibilidad periodística.
