En este período persistieron las amenazas contra periodistas en distintas regiones del país, así como los discursos estigmatizantes contra periodistas y medios críticos y las presiones judiciales relacionadas con el ejercicio del periodismo.
Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
En este período persistieron las amenazas contra periodistas en distintas regiones del país, así como los discursos estigmatizantes contra periodistas y medios críticos y las presiones judiciales relacionadas con el ejercicio del periodismo.
Este contexto se presenta en medio de un proceso electoral, en el que adquiere especial relevancia la garantía de condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de prensa y para el acceso de la ciudadanía a información plural.
Los mensajes de descrédito contra la prensa continuaron, particularmente a través de la red social X, por parte del presidente Gustavo Petro, en los que medios y periodistas críticos han sido señalados como opositores, mentirosos o saboteadores de las políticas del gobierno. De manera paralela, en distintas regiones del país se reportaron amenazas, intimidaciones y actos de censura contra periodistas que cubren asuntos relacionados con corrupción, seguridad, conflicto armado y economías ilegales.
El informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2025 reiteró que el ejercicio periodístico en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes realizan investigaciones sobre administración y orden públicos. El organismo también advirtió sobre la recurrencia de discursos estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos contra periodistas.
La CIDH señaló la necesidad de garantizar la independencia del sistema de medios públicos -cuya imparcialidad fue cuestionada por la misión de observación de la Unión Europea en el marco de las elecciones legislativas del 8 de marzo- y de adoptar medidas orientadas a fortalecer la protección de periodistas y a establecer criterios transparentes para la asignación de pauta oficial. Aún no se conocen avances frente a estas recomendaciones.
Las amenazas y agresiones contra periodistas continuaron principalmente en el interior del país, donde la presencia de grupos armados ilegales y economías criminales generan condiciones adversas para el ejercicio del periodismo. Se documentaron casos en Antioquia, Cauca, Putumayo, Cali, Pereira, Yopal y Arauca, que incluyeron amenazas de muerte, hostigamientos, agresiones, estigmatización y ataques contra instalaciones de medios.
El 2 de marzo, en Antioquia, el periodista Yeison Rojas, corresponsal de Teleantioquia Noticias en la región de Urabá, recibió una amenaza en la que un presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia le exigió abandonar el territorio junto con su familia.
El 18 de febrero, en el departamento del Cauca, integrantes del diario Proclama del Pacífico fueron interceptados y obligados a suspender la distribución del periódico en el norte del departamento bajo advertencia de que serían asesinados si continuaban con su actividad informativa.
En febrero, en Putumayo, Dubán García y Hamilton Obando, del noticiero Al Día Noticias, fueron declarados objetivo militar por grupos armados ilegales debido a las denuncias periodísticas que han realizado sobre secuestros y extorsiones en la región.
A finales de diciembre, en Cali, el periodista independiente Camilo Chará denunció seguimientos y amenazas de muerte tras publicar investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la ciudad. En esa misma ciudad en noviembre fue detonado un artefacto explosivo en las instalaciones de RCN Radio, donde también funcionan RCN Televisión y el diario La República. Aunque el atentado no dejó víctimas, generó preocupación por la seguridad de los medios.
El 19 de noviembre, en Pereira, el periodista Daniel Silva Orrego, del medio El Opinadero, recibió en su residencia una caja con una lengua de vaca ensangrentada acompañada de un mensaje intimidatorio tras publicar una investigación sobre presuntas irregularidades contractuales.
El 27 de noviembre, en Yopal, el periodista Martín Mesa, del medio El Nuevo Oriente, fue víctima de agresiones y amenazas durante su actividad informativa.
En diciembre, en Arauca, el periodista Wilfer Manuel Moreno, director de noticias de CNC Arauca, fue estigmatizado por parte de autoridades municipales que difundieron publicaciones cuestionando su trabajo periodístico.
También en diciembre, tras varios reportes periodísticos sobre presuntos nexos entre una disidencia de las Farc y altos funcionarios del gobierno, ese grupo armado arremetió en contra el canal de televisión Caracol.
En el ámbito judicial, se adoptaron decisiones que generan preocupación por su impacto sobre la libertad de prensa.
En febrero, un juzgado ordenó retirar de manera definitiva publicaciones de una investigación periodística realizada por el medio CasaMacondo, la cual involucraba a un magistrado de la Corte Constitucional, y abstenerse de realizar nuevas publicaciones sobre los hechos mencionados.
También se registraron acciones judiciales orientadas a obligar a periodistas y medios a rectificar contenidos de interés público en momentos cercanos a procesos electorales.
En materia regulatoria, persisten iniciativas que podrían afectar el ecosistema informativo.
En octubre, organizaciones de libertad de prensa alertaron sobre solicitudes de información realizadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones a medios en las que se pedían documentos internos relacionados con procesos editoriales.
Esta misma Comisión mantiene en preparación un acto administrativo orientado a establecer reglas sobre pluralismo informativo.
Asimismo, avanzan propuestas para modificar el régimen penal de los delitos de injuria y calumnia —incrementando las penas— y regular la pauta publicitaria estatal mediante el denominado proyecto de “ley de tercios”, iniciativa que se produce en un contexto de debate sobre la utilización de recursos públicos en el sistema de medios.
