Reunión de Medio Año de la SIP, 23 - 24 de abril de 2026.
El clima de libertad de prensa se mantiene relativamente estable, sin indicios de bloqueos generalizados en el acceso a la información ni de una preferencia oficial sistemática hacia determinados medios de comunicación. No obstante, persisten restricciones puntuales, como la negativa del ministro de Finanzas y de otros ministros y viceministros a conceder entrevistas o brindar información a periodistas que no consideran afines.
El hecho más relevante del período fue la concesión de arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente y fundador de elPeriódico, quien salió de prisión preventiva el 12 de febrero tras permanecer más de tres años detenido por presuntos cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia en represalia por su trabajo informativo crítico y de investigación.
La medida, otorgada por el juez Maximinio Morales, establece la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado y mantener control de arraigo, mientras se aguarda la realización de una nueva audiencia. Zamora permaneció 1,295 días en prisión preventiva a la espera de resolver su situación legal.
El 23 de marzo, la Corte Suprema de Justicia revocó tres fallos emitidos contra Zamora por violaciones al debido proceso e irregularidades en decisiones previas que ordenaron su regreso a prisión preventiva. El tribunal determinó que dichas decisiones carecieron de fundamentos legales y las calificó como ilegítimas y arbitrarias. El fallo introduce dudas estructurales sobre todo el caso contra Zamora y se convierte en un punto de referencia en la discusión sobre justicia y libertad de expresión en el país.
Persisten los ataques contra periodistas en entornos digitales, incluidos actos de amenaza y hostigamiento, así como riesgos de acoso judicial vinculados a la cobertura de temas sensibles.
En el interior del país, el acceso a la información pública continúa limitado por la concentración de poder en alcaldes y funcionarios locales, así como por la influencia de redes de crimen organizado. Esta situación obliga a algunos reporteros a cubrir determinadas zonas donde no son conocidos, con el fin de reducir riesgos. Organizaciones como la Red Rompe el Miedo han documentado casos de hostigamiento directo por parte de autoridades locales contra periodistas de provincias.
El 30 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) archivó de manera definitiva un expediente contra periodistas y columnistas de elPeriódico, al establecer que sus actuaciones deben ser evaluadas ante un Tribunal de Honor conforme a la Ley de Emisión del Pensamiento, y que las publicaciones críticas contra funcionarios no constituyen delito. La decisión, adoptada por la Cámara de Amparo y Antejuicio, rechazó el amparo presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que buscaba reactivar el caso para procesar penalmente a los comunicadores por publicaciones relacionadas con el caso de Zamora.
El 2 de febrero, el Ministerio Público presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución emitida por la CSJ.
