Martha Ramos - Presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP

Análisis Regional (octubre 2025 - abril 2026)

El acoso judicial mediante normativas restrictivas se ha consolidado como el principal mecanismo de censura institucional.

• En Nicaragua, la Ley Especial de Ciberdelitos se utiliza para criminalizar a periodistas y fuentes, consolidando penas de hasta cinco años de prisión.
• En Panamá, persiste un marco legal que permite el secuestro de bienes de los medios desde el inicio del proceso por demandas civiles millonarias (Pleitos Estratégicos contra la Participación Pública - SLAPP), lo que fomenta la autocensura. A esto se suma el avance de reformas restrictivas sobre el derecho a réplica.
• En Paraguay y Canadá, legislaciones presentadas bajo el argumento de protección (Ley de Protección de Datos y Ley de Perjuicios en Línea, respectivamente) están siendo empleadas o amenazan con ser utilizadas para bloquear el acceso a información pública o generar un efecto inhibitorio en el discurso crítico.
• En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y el Departamento de Justicia han emitido directrices y ejecutado acciones que amenazan las licencias de radiodifusión bajo acusaciones de "sesgo" y vulneran la protección de fuentes periodísticas.

A su vez, la estigmatización constante de la prensa por parte de las más altas esferas del poder se ha vuelto un patrón estructural.

• Mandatarios como Javier Milei en Argentina, Gustavo Petro en Colombia, Rodrigo Chaves en Costa Rica y Donald Trump en Estados Unidos mantienen una retórica hostil recurrente. Milei ha tildado a periodistas de "pluma mugrosa", mientras que funcionarios del gabinete han calificado el periodismo crítico como "operaciones políticas".
• Las restricciones directas al acceso a la información oficial y a conferencias de prensa se agravaron. En Puerto Rico, el Ejecutivo propuso restringir el acceso a La Fortaleza mediante certificaciones arbitrarias, y pese a que el tema llegó a instancias judiciales, el 17 de abril el Tribunal Supremo, por mayoría, resolvió que La Fortaleza puede exigir a los periodistas un carnet oficial. En Guyana, el presidente continúa evadiendo conferencias de prensa abiertas, y en Ecuador, el ejército clasificó a los medios como "afines" o "críticos" para condicionar su acreditación.
• Durante el proceso electoral en Chile persistió la presión gubernamental a las que se sumaron denuncias por el uso de contenidos sin licencia por organismos públicos

En ese marco permanece la manipulación de la pauta publicitaria estatal.

• En Guyana, la retención injustificada de pagos por publicidad estatal asfixió económicamente al histórico diario Stabroek News, obligando al cierre de su edición impresa tras acumular deudas por unos USD 400.000 del gobierno.
• En Haití, el gobierno niega publicidad a medios independientes como Radio Mega basándose estrictamente en su línea editorial.
• En Chile hubo incumplimiento de pagos del Servicio Electoral a medios regionales luego del proceso electoral
• En México y Costa Rica, informes denuncian la persistente discrecionalidad y opacidad en la asignación de presupuestos de comunicación social para favorecer agendas afines al poder.

Bajo esas condiciones, no es de extrañar que la región siga siendo letal para la prensa. Durante este periodo, la violencia física se ha agudizado.

• En Perú, el asesinato por sicariato de Fernando Núñez y Mitzar Bato Castillejos consolidó a 2025 como el año más violento para el periodismo nacional en décadas.
• En México, los asesinatos de Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en un contexto de denuncia de crimen organizado evidencian el alto riesgo constante.
• En Ecuador, el asesinato de Fernando Álvarez y Robinson del Pezo demostró el avance del crimen y la vulnerabilidad de la prensa en el interior del país.
• En Haití, periodistas han vuelto a ser blanco directo del crimen organizado, ilustrado por el secuestro y desaparición de Osnel Espérance y Junior Célestin a manos de pandillas.
• En Estados Unidos, la prensa enfrentó agresiones con balas de goma y gas pimienta por parte de fuerzas federales durante la cobertura de operaciones de control migratorio, en una grave vulneración de zonas identificadas para periodistas.

En ese entorno, la impunidad y falta o debilitamiento de protección vulneran el ejercicio periodístico. Los casos que han llegado a Tribunales son los menos y la falta de resolución judicial perpetúa los ciclos de violencia y alienta nuevas agresiones.

• México reporta un 98% de impunidad en los crímenes contra la prensa, situación que facilita la repetición de los ataques contra comunicadores y defensores de derechos humanos.
• En Perú, el Tribunal Constitucional liberó en febrero a Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos (1988), bajo argumentos de prescripción, vulnerando los compromisos internacionales del Estado y consolidando un clima de impunidad estructural.
• En Haití, el desmoronamiento institucional ha convertido al país en un territorio de impunidad excepcional donde la mayoría de los crímenes contra comunicadores ni siquiera alcanzan etapas procesales básicas.

• Nicaragua se ha consolidado como uno de los escenarios más extremos de supresión de la libertad de prensa en el hemisferio. Convergen represión policial, arbitrariedad judicial, asfixia económica, destierro, vigilancia permanente y violencia digital; 26 periodistas más huyeron en 2025, sumando más de 300 exiliados.
• En El Salvador, el uso del régimen de excepción y el acoso han forzado al exilio a decenas de periodistas y el traslado de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a Guatemala para sobrevivir.
• En Cuba, el acoso policial hipervigilante y las amenazas directas han obligado a múltiples colaboradores y creadores de contenido a cesar su labor informativa para proteger a sus familias.

Seguimiento y Evolución por País

Argentina

• Evolución: El informe de octubre de 2025 advertía sobre una estrategia presidencial de descalificación. La situación persistió y empeoró: el presidente Javier Milei calificó a una periodista de "pluma mugrosa" en redes sociales.
• Nuevos desarrollos: Se registró censura previa en Tucumán, violencia física contra reporteros por fuerzas de seguridad frente al Congreso y presiones desde el nuevo ente estatal "Oficina de Respuesta Oficial", creado para desacreditar investigaciones periodísticas tildándolas de "operaciones".

Bolivia

• Evolución: La violencia reportada en 2025 ha transicionado a un periodo post-gobierno de Luis Arce. Con Rodrigo Paz en la presidencia desde noviembre de 2025, subsiste el daño estructural tras casi dos décadas de acoso.
• Nuevos desarrollos: Persiste una profunda autocensura y asfixia financiera que ha provocado cierres de medios impresos tradicionales (Página Siete, El Día, y recientemente, Opinión). Continúan registrándose agresiones físicas a la prensa en protestas sociales y operaciones contra el contrabando.

Brasil

• Evolución: La intimidación por parte de actores políticos y judiciales se mantiene como tendencia.
• Nuevos desarrollos: Numerosos reportajes de investigación sobre escándalos financieros (caso Banco Master) han derivado en censura judicial en primera instancia. Además, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó el allanamiento del domicilio de un periodista para revelar sus fuentes, contraviniendo normas constitucionales y de Salta II. La violencia física y digital hacia periodistas mujeres (Malu Gaspar, Andréia Sadi, Duda Dalponte) presentó un aumento alarmante.

Canadá

• Evolución: Se mantenía la preocupación por los "enfriamientos del discurso" mediante leyes de moderación.
• Nuevos desarrollos: Se intensificó una "máquina de acoso dirigido" (HonestReporting) que atacó y estigmatizó a periodistas que cubren Palestina, logrando censura editorial indirecta. Preocupa el efecto mordaza del proyecto de ley C-9 sobre las críticas al poder judicial.

Chile

• Evolución: Persisten tensiones con el Estado, destacando el incumplimiento de pagos del Servicio Electoral de Chile a medios regionales y las denuncias por el uso de contenidos sin licencia por organismos públicos. Sigue sin avances la ley de protección a periodistas.
• Nuevos desarrollos: El período estuvo marcado por el ciclo electoral de 2025 en un contexto de alta polarización que intensificó los discursos contra los medios, especialmente en redes sociales. También evidenció agresiones, amenazas y restricciones judiciales al trabajo periodístico.

Colombia

• Evolución: Continuó el discurso estigmatizante del presidente Gustavo Petro en la red social X, lo que ha legitimado ataques en diferentes regiones.
• Nuevos desarrollos: El ejercicio periodístico en zonas rurales sigue siendo de riesgo mortal. Periodistas de medios como Proclama del Pacífico o Al Día Noticias en Cauca y Putumayo fueron amenazados de muerte o declarados objetivos militares por grupos armados y el crimen organizado.

Costa Rica

• Evolución: Persistió el discurso hostil del presidente Rodrigo Chaves y la manipulación de pauta oficial.
• Nuevos desarrollos: Chaves descalificó a la Sala Constitucional tras fallar en contra de una licitación de radiofrecuencias que no contemplaba el pluralismo. Se documentaron casos de destrucción de equipo periodístico por la Fuerza Pública. Como aspecto positivo, la Asamblea Legislativa aprobó derogar los artículos de la Ley de Imprenta que penaban con cárcel la difamación, aunque persisten multas.

Cuba

• Evolución: La represión y control total evidenciados en octubre siguen agudizándose bajo la crisis económica y energética.
• Nuevos desarrollos: Detenciones reiteradas y arbitrarias, como las sufridas por Henry Constantín de La Hora de Cuba, y represión contra creadores de contenido digital. Las amnistías asociadas a negociaciones internacionales no han provisto claridad sobre la liberación de periodistas presos.

Ecuador

• Evolución: Las agresiones y censura digital mencionadas en 2025 derivaron trágicamente en la violencia letal.
• Nuevos desarrollos: Asesinato de dos periodistas locales (Fernando Álvarez y Robinson del Pezo) en represalia por labores de fiscalización comunitaria. El gobierno inhabilitó temporalmente portales de datos abiertos, bloqueando el escrutinio de la prensa, y fuerzas armadas perfilaron a periodistas según su línea editorial para restringir el acceso a fuentes.

El Salvador

• Evolución: El desplazamiento forzado alertado previamente provocó la reubicación en Guatemala de la representación legal de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ante la falta de garantías en territorio nacional.
• Nuevos desarrollos: Periodismo investigativo bajo acoso total por el régimen de excepción. Uso extraterritorial del sistema judicial, evidenciado por la captura del fotoperiodista Diego Rosales en España mediante órdenes internacionales bajo acusaciones infundadas.

Estados Unidos

• Evolución: La retórica anti-prensa de Donald Trump y las amenazas regulatorias se han materializado en acciones del poder Ejecutivo.
• Nuevos desarrollos: Medida sin precedentes: el allanamiento y requisa por el FBI en el domicilio de la periodista Hannah Natanson (The Washington Post) vulnerando la protección de fuentes en un caso de filtraciones. Ataques desmedidos de autoridades federales a la prensa durante protestas migratorias en la "Operación Metro Surge". La FCC emprendió acciones disciplinarias motivadas políticamente contra programas de opinión críticos, y el Pentágono modificó regulaciones para revocar arbitrariamente credenciales de prensa.

Guatemala

• Evolución: Estabilidad relativa.
• Nuevos desarrollos: Un avance judicial significativo fue el otorgamiento de arresto domiciliario a José Rubén Zamora tras más de tres años de injusta prisión preventiva; no obstante, el Ministerio Público continuó interponiendo apelaciones intentando revertir la medida y persiguiendo a columnistas de elPeriódico.

Guyana

• Evolución: El estrangulamiento económico advertido por la retención de pagos de publicidad gubernamental logró su objetivo censurador.
• Nuevos desarrollos: El periódico Stabroek News cesó su publicación impresa en marzo debido a que el gobierno no pagó sus enormes deudas de publicidad oficial. Persiste la falta de conferencias de prensa por el presidente.

Haití

• Evolución: El ambiente de anarquía se ha deteriorado hasta convertirse en zonas prohibidas ("desiertos informativos") para la prensa por dominio de pandillas.
• Nuevos desarrollos: Periodistas secuestrados por criminales ante la inacción estatal (Osnel Espérance, Junior Célestin). El gobierno aprobó un decreto que sanciona severamente la "difamación" en un claro intento de intimidar el periodismo que expone la corrupción.

Honduras

• Evolución: El patrón de intimidación por las Fuerzas Armadas detectado en octubre se agudizó durante las elecciones de noviembre.
• Nuevos desarrollos: Fuerte injerencia de altos funcionarios y abuso en el uso de cadenas nacionales y recursos estatales para desprestigiar a medios independientes. Abundaron campañas de desinformación digitales orientadas a amedrentar a reporteros durante la cobertura electoral.

México

• Evolución: El acoso judicial y hostigamiento perduran, ignorando las declaraciones gubernamentales de que no existe censura.
• Nuevos desarrollos: Alta violencia letal ratificada por los asesinatos de Miguel Ángel Beltrán y Carlos Castro. Gobiernos estatales, como el de Campeche, han instrumentalizado al Ministerio Público para intimidar a medios exigiendo datos de editores por publicaciones críticas. La distribución de pauta publicitaria oficial mantiene altos niveles de concentración y opacidad.

Nicaragua

• Evolución: Desmantelamiento casi total detectado previamente.
• Nuevos desarrollos: Extensión de la vigilancia policial a periodistas retirados (ciudad por cárcel) y desapariciones forzadas de periodistas como Fabiola Tercero, quien fue posteriormente exhibida en televisión estatal. Censura digital agravada bloqueando todos los sitios con dominio ".ni" y financiando granjas de troles para hostigar al exilio.

Panamá

• Evolución: Acoso judicial mediante demandas civiles se mantiene como la principal amenaza financiera.
• Nuevos desarrollos: La Prensa enfrenta 13 demandas y mantiene millones de dólares secuestrados de manera preventiva. El expresidente Ricardo Martinelli también mantiene querellas contra cinco medios. Avances en el Legislativo para aprobar una dura reforma al derecho a réplica que limitará la autonomía editorial.

Paraguay

• Evolución: Clima cada vez más hostil y corrupto en altas esferas gubernamentales y judiciales.
• Nuevos desarrollos: Aprobación de normativas como la Ley de Protección de Datos Personales para frenar pedidos de acceso a información pública y amparos judiciales presentados sistemáticamente por ministerios para ocultar presupuestos. Ataques directos del presidente Peña contra periodistas.

Perú

• Evolución: El año más violento (2025) advertido en octubre sumó nuevas víctimas mortales, perpetuando la crisis de seguridad.
• Nuevos desarrollos: Asesinato de dos periodistas en represalia por investigaciones de corrupción local. Liberación del asesino del periodista Hugo Bustíos (caso Urresti). El Congreso y la Fiscalía mantienen una ofensiva legislativa y de interrogatorios para criminalizar la filtración de información y romper el secreto profesional.

Puerto Rico

• Evolución: Los intentos de opacidad gubernamental se materializaron en leyes promulgadas.
• Nuevos desarrollos: La gobernadora aprobó la extensión del plazo de entrega de información pública a 50 días (PS63), y trató de vetar el acceso a conferencias de prensa en la sede del poder ejecutivo mediante requisitos de acreditación; tras la controversia judicial, el Tribunal Supremo avaló la exigencia de un carnet oficial para periodistas.

República Dominicana

• Evolución: Entorno estable, con debates legislativos en curso.
• Nuevos desarrollos: Eventos puntuales de violencia policial desmedida, como el "arresto preventivo" contra periodistas que expusieron corrupción en la Dirección General de Seguridad de Tránsito.

Uruguay

• Evolución: Estabilidad y "letargo burocrático" reportado empañado por abusos de autoridad recientes.
• Nuevos desarrollos: La citación policial irregular de un periodista del diario El País a una comisaría tras una queja por difamación, vulneró garantías constitucionales sobre la protección de fuentes.

Venezuela

• Evolución: El régimen represivo documentado con periodistas presos ha entrado en una supuesta "transición política" tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026.
• Nuevos desarrollos: A pesar de la promulgación de una Ley de Amnistía, la liberación de comunicadores presos ha sido parcial e injusta. CONATEL continúa su embestida contra medios tradicionales, cerrando sistemáticamente estaciones de radio independientes y confiscando equipos (Cumanesa, Urbana FM, Rítmica). El Poder Judicial mantiene políticas de expropiación operando como instrumento de despojo (caso El Nacional).

Desde la SIP insistimos…

• Poner fin a las agresiones y terminar con la impunidad: El asesinato, secuestro e intimidación (Perú, México, Ecuador, Haití, Colombia) violan el Principio 4 de Chapultepec. Los Estados deben cesar de utilizar la impunidad como mecanismo silenciador y establecer de inmediato investigaciones diligentes e independientes.
• Detener el acoso judicial: Deben eliminarse figuras legales penales y civiles diseñadas para asfixiar a los medios (Panamá, Brasil, Nicaragua, EE. UU.).
• Garantizar la neutralidad y transparencia de los recursos estatales: La utilización condicionada de la pauta publicitaria (Guyana, México, Haití) debe ser sustituida por normativas transparentes para prevenir castigos y premios según las líneas editoriales de los medios.
• Protección Integral de Fuentes y Ciberespacio: Ante la injerencia documentada de la policía y fiscalías (Uruguay, EU, Brasil) para incautar equipos y vulnerar comunicaciones de periodistas, los Estados deben respetar el mandato de la Declaración de Salta II sobre la privacidad, el encriptamiento y el resguardo de la confidencialidad de las fuentes como base de un periodismo libre.
• Cese a la estigmatización y hostilidad: Los altos funcionarios (Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay) deben frenar de forma inmediata sus discursos difamatorios, entendiendo que el ejercicio del periodismo no es una concesión del poder público, sino un derecho inalienable de la ciudadanía a estar informada.

Desde la SIP estamos observantes del desarrollo de acontecimientos en Venezuela, seguimos resoluciones favorables a la libertad de expresión desde Costa Rica y fallos en defensa de medios y periodistas en Estados Unidos.