El conflicto político, social y económico que atraviesa el país también tuvo un impacto directo en el ejercicio del periodismo. Durante las protestas, periodistas y equipos de prensa fueron agredidos tanto por manifestantes como durante operativos policiales, mientras cubrían los bloqueos y enfrentamientos. Los ataques incluyeron golpes, lanzamiento de piedras, hondas, dinamita y pirotecnia, así como agresiones con gases lacrimógenos y proyectiles policiales. En este contexto, la cobertura periodística se desarrolló en condiciones de particular riesgo, afectando tanto la integridad de los profesionales como el acceso de la población a información sobre una crisis con importantes consecuencias sociales y económicas.
La Defensoría del Pueblo reportó afectaciones a la libertad de expresión y registró a periodistas entre las personas heridas durante los desbloqueos. En algunos casos, la violencia alcanzó niveles graves: periodistas fueron alcanzados por esquirlas de dinamita y afectados por gases lacrimógenos mientras realizaban su trabajo.
Esta situación se produce en un entorno de creciente incertidumbre política para el gobierno del presidente Rodrigo Paz, marcado por denuncias de corrupción que involucran a personas de su círculo más cercano y por el distanciamiento de líderes con representación parlamentaria que hasta ahora le habían brindado cierto respaldo para la gobernabilidad.
A esto se sumó un escenario económico adverso, caracterizado por la escasez de divisas, el incremento de su cotización y el aumento de los precios de los productos de consumo masivo. La crisis internacional de los precios del petróleo y la baja producción interna de combustibles también obligaron a incrementar el precio del diésel importado, agravando las dificultades de abastecimiento y transporte.
La conflictividad social alcanzó uno de sus puntos más críticos entre mayo y junio, cuando seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) y de la Central Obrera Boliviana (COB) bloquearon durante 53 días las principales vías que conectan la región occidental con el resto del país. Las protestas, que posteriormente incluyeron la exigencia de renuncia del presidente Paz, afectaron especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto.
Los bloqueos interrumpieron el transporte de alimentos, combustibles y otros productos esenciales y provocaron graves dificultades de abastecimiento. Más de un millón de personas se vieron afectadas por una emergencia alimentaria y humanitaria, mientras países vecinos prestaron asistencia mediante transporte aéreo militar para garantizar el suministro de productos básicos.
A las agresiones contra periodistas se suman presiones de carácter estructural que afectan la sostenibilidad y la independencia de los medios. Los medios tradicionales, en particular los diarios de circulación nacional, enfrentan una creciente competencia de personas y plataformas digitales que difunden contenidos en redes sociales sin sujetarse necesariamente a los mismos estándares de ética y responsabilidad periodística. La proliferación de información sin fuentes identificables y la distorsión de contenidos contribuyen a debilitar la confianza del público en el periodismo profesional.
La situación se agrava por el desplazamiento de los medios tradicionales en materia de publicidad estatal y por la vulneración de los derechos de autor sobre contenidos producidos por periodistas y empresas periodísticas. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha expresado especial preocupación por la reproducción no autorizada de contenidos informativos en portales web y redes sociales, incluso por actores que deberían contribuir a la protección de estos derechos.
Las dificultades económicas también han comenzado a comprometer la continuidad de medios con una larga trayectoria. Tras 41 años de actividad, el periódico Opinión, de Cochabamba, suspendió la impresión de sus ediciones en papel debido a su fragilidad financiera, asociada a los bajos ingresos por publicidad, aunque mantiene su actividad informativa a través de su página web.
Este escenario derivó en múltiples agresiones contra periodistas a lo largo del semestre. El 22 de abril, mujeres periodistas fueron agredidas por policías antimotines mientras cubrían una protesta de educadores frente al Palacio Legislativo, en la Plaza Murillo de La Paz. Según la Unidad de Monitoreo de la ANP, las agresiones provocaron irritación ocular, problemas respiratorios y dolores de cabeza, además de daños a equipos periodísticos.
Desde el 1 de mayo, organizaciones sociales convocadas por la COB iniciaron protestas, bloqueos de carreteras y manifestaciones que se prolongaron durante 53 días. En ese período, varios periodistas fueron agredidos mientras cubrían el conflicto.
El 13 de mayo, un periodista, un camarógrafo de una red de televisión y un corresponsal de prensa internacional fueron atacados con hondas y piedras por sectores campesinos que bloqueaban una carretera en El Alto.
Al día siguiente, el periodista Hanz Peñaloza, de Gigavisión, fue alcanzado en el rostro por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por policías antimotines. El impacto le provocó lesiones y debió acogerse a una baja médica durante varios días.
El 14 de mayo, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, exigió a mineros cooperativistas que ofrecieran disculpas a un reportero de la Agencia de Noticias Fides (ANF), quien había sido golpeado durante actos de protesta.
El 16 de mayo, la directora de la Red América de Televisión, Teófila Parisaca, y el periodista de FAP TV, Javier Averanga, fueron hostigados en El Alto. Un policía intentó detener al reportero, pese a que ambos mostraron sus credenciales de prensa.
Ese mismo día, los periodistas Vladimir Rojas y Ramiro Charca, de Radio Televisión Popular (RTP), resultaron lesionados durante una emboscada de bloqueadores en la localidad de Lipari, a 18 kilómetros al sur de La Paz.
El 18 de mayo, un camarógrafo de televisión fue atacado con dinamita mientras registraba protestas contra el gobierno en La Paz. Ese mismo día, una periodista perdió el conocimiento tras inhalar gases lacrimógenos durante enfrentamientos entre manifestantes y policías.
El 22 de mayo, la violencia protagonizada por manifestantes en La Paz afectó al corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias GlobaLAT de México, César Gonzales, quien recibió atención médica de urgencia por una herida provocada por fuegos pirotécnicos. Otros camarógrafos y fotógrafos también fueron agredidos durante los enfrentamientos.
El 6 de junio, un vehículo de ATB fue asaltado en el municipio de San Julián, Santa Cruz. Desconocidos amenazaron con un arma blanca al conductor y sustrajeron accesorios de los equipos y pertenencias personales.
Durante la misma jornada, en otro sector de San Julián, el periodista Álex Contreras Siñani, de Radio Televisión 24 de junio, y su camarógrafo Saúl Janco lograron escapar de un ataque con machete. El equipo perdió dos motocicletas: una fue robada y la otra, incendiada por manifestantes.
Las dificultades para la prensa también se expresaron en los ámbitos judicial y económico. Desde Sucre, el periódico Correo del Sur informó a sus lectores sobre el riesgo de cierre del medio debido a cinco procesos laborales que exigen el pago inmediato de sumas millonarias y amenazan con la detención de su director. El periódico, que circula desde 1987, reconoció sus obligaciones, pero sus ejecutivos denunciaron la existencia de “prácticas extorsivas” durante los procesos judiciales.
