La administración del presidente Donald Trump continúa adoptando medidas destinadas a reducir la transparencia, desalentar la cobertura periodística que considera desfavorable y limitar el acceso de la prensa al gobierno. El presidente Trump prohibió a periodistas de CNN, MS NOW y Politico ingresar a las instalaciones de la Casa Blanca, en una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno contra la prensa. Desde abril, funcionarios del Gobierno han continuado prohibiendo el ingreso de periodistas al Pentágono sin acompañamiento, mientras el Departamento de Defensa ha reforzado su política restrictiva de acceso. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha aumentado la presión sobre las emisoras para que se ajusten a determinados mensajes considerados preferibles. Y el Departamento de Justicia, ahora dirigido por el fiscal general Todd Blanche, ha intensificado la búsqueda de fuentes periodísticas mediante la emisión de citaciones judiciales a periodistas. Estos son algunos ejemplos que ilustran cómo los medios de comunicación en Estados Unidos continúan enfrentando crecientes ataques contra la libertad de prensa en múltiples frentes.
En septiembre, el presidente Trump anunció abruptamente que tres medios, CNN, MS NOW y Politico, ya no tendrían permitido ingresar a la Casa Blanca, basándose en su afirmación de que sus coberturas constituían “noticias falsas”. Al dirigirse a los periodistas desde el Despacho Oval, el presidente rechazó el derecho fundamental de la prensa a publicar informaciones críticas y declaró: “hay algo malo en un país que permite que la gente escriba deliberadamente historias negativas”. A CNN también se le negó la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades de cobertura como integrante del grupo de prensa (press pool), un sistema mediante el cual cinco cadenas —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— se turnan para proporcionar cobertura televisiva de los actos presidenciales, comparten los costos y distribuyen las imágenes al conjunto de la prensa y, por tanto, al público.
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda para recuperar lo antes posible el acceso a la Casa Blanca y obtuvieron medidas cautelares de emergencia de un tribunal. Además, el 21 de septiembre, el grupo de cadenas que proporciona cobertura televisiva conjunta acordó temporalmente suspender dicha cobertura después de que la Casa Blanca se negara a permitir que CNN actuara como representante del grupo de prensa. En ese momento, el presidente interino del grupo de televisión, Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington, escribió a sus integrantes: “a partir de hoy, el grupo de televisión no cubrirá los actos designados como cobertura conjunta del presidente”.
Esta reciente prohibición contra los tres medios se produce después de que a la agencia Associated Press (AP) se le negara el acceso al grupo de prensa y a otras áreas de la Casa Blanca debido a su decisión de continuar utilizando el término “Golfo de México”, en febrero de 2025. El presidente Trump negó a AP el acceso al Despacho Oval, al Air Force One y a otras áreas de la Casa Blanca abiertas a los periodistas. La demanda de AP para recuperar el acceso continúa pendiente.
El Departamento de Defensa continúa sus esfuerzos por excluir a la prensa de las instalaciones del Pentágono. Históricamente, los periodistas acreditados podían acceder libremente a determinadas áreas del edificio, lo que les permitía interactuar con portavoces del Departamento de Defensa y otras fuentes. La administración Trump ha intentado eliminar ese acceso.
The New York Times mantiene su demanda contra la política del Departamento de Defensa que restringe el acceso de periodistas al Pentágono y presentó una segunda demanda, en la que sostiene que el nuevo requisito de que los periodistas sean acompañados dentro del Pentágono es inconstitucional en virtud de la Primera Enmienda. Más recientemente, un tribunal federal de apelaciones revocó una decisión de un tribunal de distrito y restableció temporalmente el requisito de que los periodistas en el Pentágono deban estar acompañados. Ambas demandas continúan ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
Además, a comienzos de junio, el Departamento de Defensa anunció que designaría la oficina de prensa del Pentágono como un espacio clasificado, lo que constituye otro intento de restringir el acceso de los periodistas.
A finales de junio, el Departamento de Defensa presentó una propuesta para otorgar al secretario de Defensa nuevas facultades para eximir información no clasificada de su divulgación tanto en virtud de la Ley federal de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) como de las leyes estatales de acceso a registros públicos. Si el Congreso aprueba la medida, esta podría bloquear el acceso público a una amplia cantidad de información. En concreto, la propuesta permitiría al secretario de Defensa designar unilateralmente una gran variedad de información de interés público como “información controlada no clasificada” (controlled unclassified information, CUI), que quedaría entonces exenta de divulgación bajo la FOIA. Si el cambio entra en vigor, cualquier información que el gobierno no quiera divulgar podría ser designada como CUI y mantenerse reservada. La propuesta aún no ha sido incorporada a ningún proyecto de ley ni sometida a votación por el Congreso de Estados Unidos.
En agosto, el Departamento de Defensa despidió a tres empleados de Stars and Stripes, un periódico histórico y medio de comunicación dirigido a la comunidad militar de Estados Unidos que, si bien forma parte del Departamento de Defensa, tradicionalmente ha mantenido independencia editorial. Se ordenó el despido del editor en jefe y de un reportero después de que ambos hicieran declaraciones sobre la intromisión de la administración en la discrecionalidad editorial del periódico, y el editor general decidió jubilarse cuando recibió instrucciones de despedir a los dos empleados.
Posteriormente, los tres recibieron notificaciones de despido del Departamento de Defensa por insubordinación y otras infracciones, derivadas de declaraciones que cada uno había realizado a los medios. Los tres empleados demandaron al Departamento de Defensa, alegando que sus despidos violaron sus derechos amparados por la Primera Enmienda; recientemente, se les negó una medida cautelar preliminar.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, continúa amenazando y adoptando medidas contra los titulares de licencias de radiodifusión en función de su supuesto “sesgo”.
En junio, la FCC inició una investigación para determinar si el programa de American Broadcasting Company “The View” podía seguir calificando como programa informativo y, por tanto, mantener su condición de exento del requisito de la agencia de ofrecer el mismo tiempo de emisión a todos los candidatos que compiten en una determinada elección cuando el programa entrevista a uno de ellos. En particular, “The View” entrevistó a James Talarico, candidato al Senado de Estados Unidos por Texas, pero no a su principal oponente. Históricamente, la FCC ha considerado programas como “The View” como “entrevistas informativas de buena fe” (bona fide news interviews) y, por lo tanto, exentos del requisito de ofrecer el mismo tiempo a los oponentes de Talarico. Sin embargo, la FCC de la administración Trump ha intentado revertir la condición de buena fe que “The View” mantiene desde hace tiempo y, si tiene éxito, impondría al programa la obligación de ofrecer el mismo tiempo de emisión. En la práctica, exigir que un programa informativo como “The View” conceda tiempo equivalente a decenas de candidatos simplemente por entrevistar a uno de ellos no es viable y desalentaría la cobertura de noticias políticas, que debería recibir una sólida protección bajo la Primera Enmienda. La posible revocación de la condición de buena fe de “The View” continúa pendiente de revisión por la FCC.
Además del procedimiento relacionado con “The View”, la FCC también ha dirigido sus acciones contra ABC de manera más amplia, adoptando la medida sin precedentes de convocar anticipadamente para revisión todas las licencias de las estaciones propiedad de la cadena y operadas por ella, alegando como fundamento prácticas discriminatorias de contratación. La investigación parece haber sido impulsada por expresiones que la administración considera críticas. El año pasado, por ejemplo, Disney y ABC suspendieron temporalmente el programa nocturno “Jimmy Kimmel Live” después de que Carr calificara el monólogo de Kimmel sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk como un “esfuerzo concertado para mentir al pueblo estadounidense”. Más recientemente, Carr afirmó que la decisión de ABC de no transmitir el discurso del presidente Trump del 16 de julio podría influir en la decisión de la agencia sobre la renovación de las licencias de las estaciones.
ABC impugnó ante los tribunales la medida de renovación de licencias de la FCC, alegando que la agencia está violando la Primera Enmienda al tomar represalias contra expresiones protegidas de ABC. Está previsto que un juez federal de Washington D.C. escuche en octubre los argumentos sobre la solicitud de ABC de una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar.
La administración continúa sus esfuerzos para descubrir las fuentes confidenciales de los periodistas mediante la emisión de citaciones judiciales a diversos medios en relación con sus investigaciones periodísticas.
En abril de 2025, el Departamento de Justicia, bajo la entonces fiscal general Pam Bondi, revocó importantes protecciones para la prensa implementadas en 2022 por la administración Biden. La revocación de las reformas a las “directrices para los medios de comunicación” del Departamento de Justicia facilitó que los abogados del Departamento utilizaran herramientas como citaciones judiciales para obtener información de periodistas como parte de investigaciones penales sobre asuntos como filtraciones.
The Wall Street Journal informó que en marzo fiscales federales citaron a sus periodistas como parte de una investigación federal sobre filtraciones relacionada con sus informaciones sobre acciones militares estadounidenses contra Irán. En junio, The Washington Post informó que el Departamento había emitido citaciones de un gran jurado a sus propios reporteros, así como a periodistas de The Wall Street Journal, que posteriormente fueron retiradas tras impugnaciones legales presentadas por los periódicos.
En julio, el entonces fiscal general interino Todd Blanche autorizó citaciones de un gran jurado dirigidas a varios periodistas de The New York Times, así como a sus proveedores externos de servicios de comunicación y a familiares de algunos de los reporteros, con el objetivo de identificar la fuente de información utilizada en sus artículos sobre un avión donado por Qatar destinado a ser utilizado como Air Force One. Al ser consultado sobre las citaciones durante su audiencia de confirmación en julio, el ahora confirmado fiscal general Blanche afirmó que el Departamento de Justicia consideraba a los periodistas testigos materiales, “del mismo modo que un reportero sería un testigo material de un accidente automovilístico”.
El Departamento retiró las citaciones emitidas contra los periodistas de The New York Times después de una audiencia sobre la solicitud del periódico para anularlas. Durante la audiencia, el juez Subramanian cuestionó por qué el Gobierno no había seguido las directrices del Departamento de Justicia para los medios de comunicación y afirmó: “las citaciones son el último paso, no el primero, sino el último paso”.
En agosto, se hizo pública la existencia de una citación del Departamento de Justicia que solicitaba información de un periodista independiente de The New York Times, relacionada con sus investigaciones sobre una misión de alto secreto realizada en Corea del Norte en 2019. Sin embargo, el procedimiento continúa bajo reserva judicial.
En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una nueva norma que limita la duración de las visas para periodistas extranjeros que trabajan en Estados Unidos. Actualmente, las visas permiten a los periodistas extranjeros permanecer en el país, en la práctica, durante la duración de su asignación, pero la nueva norma limita su permanencia a 240 días. Los periodistas extranjeros que deseen permanecer en Estados Unidos más allá de ese plazo deberán solicitar la renovación de su visa y someterse a un proceso de evaluación de posibles riesgos para la seguridad nacional. La nueva norma genera preocupación ante la posibilidad de que funcionarios gubernamentales la utilicen para denegar solicitudes de renovación a periodistas debido a coberturas que consideren críticas.
La administración Trump continúa adoptando medidas para impedir que periodistas accedan a áreas clave de cobertura y ha intensificado sus ataques contra la recopilación de información. La libertad de prensa para informar sin temor a interferencias gubernamentales constituye una función esencial del periodismo.
