BOLIVIA

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La situación de la libertad de prensa no ha mejorado en el país debido a que persiste un clima antagónico y agresivo creado por el presidente Evo Morales Ayma contra medios de comunicación y sus propietarios particularmente. “Rescato lo que me dice el pueblo; no importa lo que diga la prensa, sigo trabajando por Bolivia”. La expresión contiene matices de la acostumbrada verborrea del presidente Morales contra la prensa boliviana desde que se instaló en el poder hace poco menos de dos años. En entrevista a radio Árbol, Morales aseguró que ya no le molestan las críticas ‘destructivas y sin razón’ de algunos medios de comunicación, agregando en tono irónico que se convertirá en periodista ‘para orientar al pueblo’. También, medio en serio y medio en broma, hace algún tiempo llegó a advertir que ‘nacionalizaría’ el diario La Razón, con sede en La Paz, por faltar a la verdad. Morales considera a los medios, por influencia de sus propietarios, como principales adversarios de su gobierno, ya que son ellos los que impiden que los periodistas ‘digan la verdad’ y que están afanados en ‘desprestigiar y molestar’. En más de una oportunidad, Morales ha declarado que en el país no sólo hay libertad de prensa, sino también ‘libertinaje’, porque algunos periodistas tienen ‘derecho a insultar y humillar’ al presidente ‘indio’. Un informe especial recientemente elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), concluye que el presidente Morales y su gobierno han adoptado una actitud antagónica hacia los medios, generando una preocupación creciente sobre la eventual incorporación de restricciones a la reforma que se está debatiendo. Entre las propuestas se establece que la libertad de expresar ideas por cualquier medio debe ser sólo en forma veraz; la creación de un defensor del lector, del televidente o del oyente, que protegería a los ciudadanos de la difamación de noticias manipuladas o tergiversadas por los medios. También se propone una reforma mediante la cual se prohibirá a los propietarios de medios de comunicación la vinculación con negocios de otra naturaleza, dando al gobierno el poder para revertir las concesiones del espacio electromagnético. Algunas de las críticas del gobierno pueden estar justificadas por el trato parcializado a la par de irresponsable que, especialmente, algunos canales de televisión y algunas estaciones de radio, dan o dieron a determinadas informaciones. Dentro del carácter sensacionalista de varios medios audiovisuales, se enfatiza con tenaz persistencia los errores que cometieron autoridades o se destacan más que otras noticias, hechos dirigidos a hacer quedar mal a la gestión gubernamental. Se advierte también la intención gubernamental de utilizar medios de comunicación estatales para su propaganda política, repitiendo lo que gobiernos anteriores hicieron con estos medios. Sin embargo, hay un elemento agregado que es la creación de radios campesinas o comunitarias con recursos venezolanos, que funcionan dentro de una red denominada Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia. El Gobierno ha anunciado que después de las radios se instalarán canales de televisión que podrán constituirse en medios de adoctrinamiento político en las áreas rurales. Entre otros hechos de interés, en agosto pasado, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia decomisó los equipos de transmisión de Canal 20 de Cochabamba, que dispone de licencia de funcionamiento hasta el año 2023, acción considerada por la directora del canal, Marianela Montenegro, como represalia por las críticas contra el gobierno emitidas desde un programa periodístico. En Santa Cruz de la Sierra, periodistas del diario El Mundo y del canal de televisión Red Uno, resultaron heridos al sufrir agresiones físicas cuando cubrían una manifestación pública callejera el 28 de agosto. También en esa ocasión fueron intimidados periodistas de la agencia EFE y del Canal 7 de televisión. Mientras tanto en La Paz también hubo agresiones y violencia contra periodistas de la cadena de televisión A y de la Red Uno, cuando intentaban cubrir una actividad en la Universidad Mayor San Andrés. Asociaciones de editores de diarios y de trabajadores de la prensa pidieron al gobierno presentar pruebas concretas, citando nombres, frente a la acusación formulada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de que periodistas y columnistas estaban siendo pagados por una agencia norteamericana para desestabilizar la democracia boliviana. La Asociación Nacional de la Prensa calificó de graves las acusaciones, mientras la Asociación de Periodistas de La Paz anunció que al entregárseles pruebas, los supuestos acusados serán llevados a su Tribunal de Honor.

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