CANADÁ

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El acceso a los archivos públicos por parte de la prensa y los ciudadanos en general dio un paso adelante en septiembre, cuando corporaciones estatales quedaron sujetas a las disposiciones de una reformada Ley de Acceso a la Información. Las siete agencias, entre ellas Canada Post, Via Rail y Canadian Broadcasting Corporation, tendrán ahora que entregar información relacionada con su “administración general”, como gastos de viaje y de representación. Pero las agencias, que habían luchado por largo tiempo para que no se las incluyera en la ley de libertad de información, diciendo que una mayor fiscalización pública iría en desmedro de sus posiciones comerciales competitivas, todavía pueden retener cierta información de la prensa y del público en general. Citaron la Ley Federal de Rendición de Cuentas, aprobada el año pasado con la intención de hacer más transparentes las actividades del gobierno, pero que específicamente impedían que se revelaran los secretos y la información confidecial comerciales. La Corporación de Medios Electrónicos de Canadá dijo que continuaría manteniendo en secreto cualquier información “que se relacione con sus actividades periodísticas, creativas o de programación”. Como resultado, se predijo que el flujo de información en vez de ampliarse más, sería un mero hilito. Hace unos meses, el Toronto Globe y el Mail informaron que cuando periodistas de Canadá le pidieron a funcionarios gubernamentales un total de 85 documentos públicos, les negaron un 41 por ciento de ellos, aun cuando habían presentado sus peticiones bajo las leyes de acceso a la información existentes. En junio, la organización Periodistas Canadienses para la Libre Expresión (CJFE por sus siglas en inglés) saludaron una decisión del Consejo de Relaciones Laborales de Quebec de negarse a obligar a la periodista Karine Gagnon, del diario Le Journal de Quebec, a revelar sus fuentes confidenciales por un artículo sobre la amenaza de los asbestos en los edificios gubernamentales. En otro caso, Bill Dunphy, un reportero del Hamilton Spectator, consiguió que una corte revirtiera una orden previa de que entregara sus apuntes de una entrevista con el presunto jefe de una organización criminal. El tribunal dictaminó que la policía no había podido demostrar que el material de Dunphy proporcionaría más pruebas de las que ya había entregado. Entretanto, procuradores públicos buscaron una apelación contra una decisión adoptada en enero del 2004 por la jueza del Tribunal Supremo Mary Lou Benotto anulando una orden expedida por la Real Policía Montada de Canadá para que el diario National Post revelara quién le filtró el material sobre un caso que estaba investigando. Defensores de la libertad de prensa que vigilaban el caso dijeron que sería un gran paso atrás si la apelación fuera aprobada. En un caso similar, el periodista Derek Finkle consiguió más respaldo en su lucha por anular una orden de la Corte de Justicia de Canadá de que entregue documentos que usó para su libro “No Claim to Marcy” sobre el presunto perpretador de un asesinato ocurrido en 1990. Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión, la Asociación de Escritores Profesionales de Canadá y la Unión de Escritores de Canadá dieron apoyo a Finkle diciendo que la orden judicial amenaza a la independencia de los periodistas. “Los canadienses no tienen interés en ver a los periodistas obligados a hacer el trabajo de la policía y los fiscales”, dijo la directora ejecutiva de la CJFE, Anne Game. “Al final, todos perdemos si ellos no tienen la libertad de hacer su trabajo sin interferencia”. En Vancouver, un intento por parte de un agente de la policía local por atraer a un sospechoso para arrestarlo haciéndose pasar por reportero de 24 Horas, un periódico gratuito, fue objeto de críticas. El director del diario, Dean Broughton, condenó la artimaña, afirmando que socavaba la credibilidad de la publicación. El presidente de la Asociación de Periodistas de Canadá, Paul Schneidereit, calificó la actitud del agente de “censurable” y “un vil desprecio por la capacidad de la prensa de hacer su trabajo”. Abogados del magnate periodístico Conrad Black, que dirigía el antiguo Hollinger International Inc. (ahora Sun Times) y quien renunció a la ciudadanía canadiense en el 2001 para ser miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, presentó una petición para un nuevo juicio o que se le sobreseyera después de ser hallado culpable en Chicago de cargos de estafa y obstrucción de la justicia. La sentencia fue fijada para el 30 de noviembre. Los cargos están relacionados con fondos que Black y otros ejecutivos de Hollinger habrían desviado para sus intereses personales de la venta de bienes de Hollinger International Inc., dineros que según la fiscalía pertenecían a los accionistas. En la moción de sobreseimiento, se sostuvo que el gobierno federal no había podido demostrar sus acusaciones más allá de una duda razonable, y que no había presentado pruebas reales de que Black había intentado obstruir la justicia sacando 13 cajas de documentos de sus oficinas de Toronto, a pesar de una orden de la Corte de Ontario clausurando las instalaciones.

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