COLOMBIA

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La situación de la libertad de prensa en este período se vio afectada por continuas amenazas contra periodistas, así como por la libertad condicional del autor material del asesinato del subdirector del diario La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002, que condenado a 29 años fue liberado cinco años después de acogerse a una serie de beneficios penales de la ley, pese a que el Código de Procedimiento Penal agrava las penas para los asesinos de periodistas. Por otra parte, el 4 de septiembre fue asesinado en Cartago, departamento del Valle del Cauca, Javier Darío Arroyave, director del noticiero Ondas del Valle y colaborador del periódico El Tiempo. El caso se encuentra bajo investigación. En seis meses, la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP), reportó 32 amenazas contra periodistas, especialmente de la prensa escrita y de emisoras radiales de los departamentos del Huila, Tolima, Norte de Santander, Santander, Arauca, Valle del Cauca, Caquetá y el Distrito Capital, Bogotá. Estas amenazas provocaron el exilio de tres periodistas y el desplazamiento de ocho de sus regiones de origen. Además del tema de las amenazas, este semestre se presentaron algunas denuncias sobre obstrucción al trabajo periodístico. En ellas se expresó preocupación por el hecho de que algunos congresistas, funcionarios públicos y el propio Presidente de la República, según algunos medios de comunicación, han descalificado ciertas informaciones e investigaciones y además a periodistas con nombre propio. La queja de algunos medios se produjo luego de que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, reconoció que diversas personalidades del país, entre ellas algunos periodistas, como el caso de Hollman Morris, director del programa televisivo “Contravía”, estaban siendo objeto de interceptaciones telefónicas indebidas por parte de miembros de la Inteligencia de la Policía Nacional. Esto motivó al presidente Álvaro Uribe Vélez a hacer un cambio drástico en la cúpula de esa institución. La Policía Nacional, alegó que no se trató de interceptaciones telefónicas, las cuales necesitan orden judicial, sino que de rastreo del espectro electromagnético permitido por el artículo 75 de la actual Constitución de Colombia. Por otra parte, la FLIP hizo un estudio para la Misión de Observación Electoral, MOE, (una ONG o NGO por sus siglas en inglés), sobre zonas de riesgo para periodistas en términos de la Libertad de Prensa, referido a las elecciones regionales del próximo 28 de octubre. La FLIP destacó la situación de riesgo en 50 municipios del país, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima, Arauca y Caquetá, donde se presentaron violaciones contra comunicadores. Estas violaciones están relacionadas con los grupos armados ilegales y podrían comprometer el trabajo de los periodistas para el día de elecciones. Hay que destacar que en las confesiones y versiones libres de los ex autodefensas desmovilizados (ex AUC, según las siglas en español), ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, se pudo identificar a los responsables de los asesinatos de Efraín Varela Noriega y Luis Eduardo Alfonso. Varela y Alfonso trabajaban en la emisora Meridiano 70 en Arauca y fueron asesinados el 28 de junio de 2002 y el 18 de marzo de 2003, respectivamente. Andrés Darío Cervantes Montoya, autor material del asesinato de Varela, fue condenado a 13 años de prisión y a una multa de 300 salarios mínimos. El asesino a sueldo se acogió a la figura de sentencia anticipada bajo el proceso que se le seguía por ese mismo asesinato en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Todo esto dentro de los procesos que se adelantan para determinar las responsabilidades en los crímenes contra periodistas. Dentro de las versiones libres, en mayo de este 2007, un jefe de las ex AUC, Juan Francisco Prada Márquez, reconoció haber ordenado el asesinato de Martín La Rotta, ocurrido el 7 de febrero de 2004 en la Palma, Cesar. Pablo Emilio Quintero, alias Bedoya, aceptó su participación como autor material del crimen de José Emeterio Rivas, ocurrido el 6 de abril de 2003 en Barracabermeja, municipio del departamento de Santander. En el caso de Rivas, en septiembre, fueron capturados Juan Pablo Ariza, candidato al Concejo Municipal y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la Asamblea Departamental de Santander por el municipio de Barrancabermeja. Ariza y Rueda son acusados de participar en el mismo homicidio. En mayo, la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP solicitó a la Fiscalía General de la Nación incluir en las versiones libres que rinden los paramilitares, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, las preguntas correspondientes a los crímenes de periodistas. Por otra parte, en el Congreso se destaca el proyecto de ley que establece la prohibición de publicar encuestas 15 días antes de las contiendas electorales y busca elevar a delito la manipulación de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales, así como la alteración de sus resultados o la divulgación de los mismos sin verificar la confiabilidad. Empieza a verse la tendencia de regular los temas digitales con el sano propósito de evitar abusos, pero con el desafío de equilibrar la interacción de varios derechos humano: el derecho a la fama, a la honra, a la intimidad y el derecho a la libertad de información. En este período, la Corte Constitucional siguió consolidando la jurisprudencia a favor de la libertad de expresión a través de recientes sentencias como la que declaró improcedente la tutela instaurada por el magistrado Jaime Araújo Rentería en contra de la columnista del periódico El Tiempo, Salud Hernández, porque tanto la solicitud de rectificación como la tutela instauradas no cumplieron con el requisito de la inmediatez, lo que quiere decir que no se presentaron a tiempo. La corte se refirió a vicios de forma, pero no de contenido. La corte, asimismo y ante la Acción de Tutela instaurada por RCN contra el Consejo de Estado por el caso del Programa “El Mañanero” de RCN, que había sido acusado de vulneración de la moral pública por el lenguaje utilizado, estableció que la medida sancionatoria adoptada por el Ministerio de Comunicaciones, así como la solicitud hecha a RCN de adecuar sus contenidos y el establecimiento de una comisión de verificación, eran modalidades de censura. En este caso la corte recordó la responsabilidad social de los medios de comunicación y la prohibición constitucional de la censura. Y en una última sentencia sobre acceso a la información, la corte, además de hacer un importante análisis sobre el tema, reiteró que la reserva de la información no se aplica para los periodistas pero sí para los funcionarios públicos. Estos son otros hechos importantes: En marzo, Germán Hernández, coordinador periodístico de la unidad investigativa de El Diario del Huila, salió de la ciudad de Neiva. Hernández reportó a la FLIP que recibió siete llamadas en represalia por la publicación de unas denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Hospital Universitario de Neiva. En abril, Diego Waldrón, director de la Revista Gente, en Barrancabermeja, Santander, denunció haber recibido amenazas. Waldrón cree que estas amenazas pueden estar relacionadas con la publicación de un artículo sobre corrupción en la administración municipal del alcalde Edgar Cote Gravino. Waldrón denunció además que el concejal Daniel Patiño le ofreció 25 millones de pesos para que se abstuviera de publicar la información sobre el alcalde. Patiño negó las acusaciones. En mayo, un grupo de periodistas denunció que un suboficial del Ejército Nacional hizo disparos al aire para evitar que el grupo cubriera un ataque de las FARC contra un escuadrón de las fuerzas especiales del ejército cerca del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, donde mataron a 10 soldados. El Comando luego ofreció disculpas y anunció una investigación contra el militar. Rodrigo Callejas, periodista de la emisora Fresno Estéreo del Departamento del Tolima, reportó a la Federación Internacional de Periodistas que un hombre que se identificó como Luis Alfonso, comandante del Frente Tulio Barón de las FARC, lo llamó para decirle: “usted se está metiendo con nuestra gente y por eso se va a morir”. Asimismo, dijo que estaba siendo objeto de vigilancia y persecusión. En junio, Rubén Darío Valencia, director del diario caleño 'Q'hubo', recibió amenazas contra su vida luego de la publicación de varios informes sobre la detención del narcotraficante Olmes Durán Ibargüen, alias 'El Doctor' quien, según confirmó la Policía, había dado la orden de asesinar al periodista. Durán Ibargüen, conocido también como 'El Señor del Pacífico' y 'El Señor de los Puertos', pertenece a la organización del también narcotraficante Diego Montoya, alias 'Don Diego'. El periodista Valencia y su familia recibieron protección por parte de la Policía. Montoya fue capturado por el Ejército Nacional en septiembre y fue llevado a un barco en el Océano Pacífico colombiano, detenido, mientras se finalizan los trámites de extradición a Estados Unidos. Olmes Durán Ibargüen también fue capturado y está en la cárcel de Cómbita, Boyacá, esperando su extradición. En Arauca, frontera con Venezuela, sigue la presión de la guerrilla de las FARC para que algunos medios emitan los comunicados de ese grupo guerrillero. Si no lo hacen, amenazan con declarar objetivo militar a las Emisoras Sarare Estéreo y la Voz del Sinaruco. En agosto, Juan Pablo Monsalve, del programa “La Noche” de RCN, denunció amenazas telefónicas luego de una investigación que, él dice, adelantaba sobre un posible caso de corrupción en Cantagallo, población del departamento de Bolívar. Monsalve agregó que en las amenazas estaría involucrado alias “José Bernabé”. Sergio Mondragón, periodista de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, recibió amenazas por segunda vez este semestre. Mondragón emitió un informe sobre la idea de vender la empresa estatal Fábrica de Licores de Antioquia. El informe fue retomado por varias revistas de circulación nacional. Mondragón recibió un panfleto en el cual dice que lo amenazaban de muerte junto a su esposa e hija. En septiembre, los directivos de los periódicos La Nación y el Diario del Huila, departamento del Huila, afirmaron que sus periódicos fueron vetados por los candidatos del Partido Liberal Colombiano a la gobernación y a la alcaldía de su departamento. Y que dichos candidatos habían anunciado que no darían declaraciones ni sacarían propaganda política en esos dos medios. Periodistas de estos periódicos reportaron haber sido víctimas de obstrucciones a su trabajo en las semanas siguientes. El 27 de septiembre, Hollman Morris, director del programa de televisión ‘Contravía’, dijo haber recibido una amenaza en su correo electrónico por parte del autodenominado Frente Patriótico Colombiano, con la frase: “Por sapo, por guerrillero, ya casi” y su foto tachada con una X. Morris ha realizado diversos informes relacionados con el desplazamiento forzado y los paramilitares. Los periodistas de Caracol Noticias, Amparo Bernal y Julia Navarrete y los camarógrafos Juan Carlos Gerena y Carlos Andrés García, denunciaron agresiones en la Urbanización Uni II, de la ciudad de Bogotá, luego de haber informado que familias de escasos recursos fueron estafadas en la venta de viviendas por un ex concejal.

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