ARGENTINA

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El clima de libertad de prensa se ve deteriorado por la obsesiva tendencia del gobierno hacia la uniformidad de pensamiento, sin dar lugar al pluralismo de ideas. Los funcionarios de primera línea rehúyen de las conferencias de prensa y del diálogo directo con los periodistas. Medios de comunicación y asociaciones de periodistas argentinos expresaron su crítica por ser excluidos de las conferencias de prensa o de los actos públicos que realiza la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Néstor Kirchner en su giras por Europa o Estados Unidos, aceptando en cambio entrevistas sólo con la prensa extranjera. Ninguna referencia o información oficial se ha dado sobre el libre acceso a la información, que está vigente en diez provincias argentinas y en la Capital Federal. Para mantener la expectativa sobre este derecho constitucional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas y el diario Clarín, con el apoyo de otras organizaciones, editaron una guía para que el público conozca, reclame y utilice su derecho de saber más acerca de los asuntos públicos. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado claras decisiones que tienen trascendencia institucional. El máximo tribunal se pronunció sobre un recurso de amparo presentado por el Diario Río Negro, luego de que el gobierno de Neuquén retirara en diciembre del 2002 su pauta publicitaria. Esta reacción fue consecuencia de una denuncia publicada por el periódico sobre la compra de voluntades en la Cámara de Diputados provincial. El fallo de la Corte ha fijado criterios objetivos sobre la racionalidad y los recaudos para evitar la discriminación en la distribución de la publicidad oficial. La sentencia considera que el gobierno de la provincia de Neuquén obró arbitrariamente al reducir sensiblemente la publicidad oficial con ese medio de prensa en diciembre del 2002 y suprimirla en enero del 2003. El tribunal no se limita al aspecto económico, sino que lo encuadra en la esencia de la libertad de prensa. El criterio de la corte es que la supresión temporaria de publicidad oficial es un modo de censurar indirectamente una noticia del diario que era inconveniente para el gobierno y, por lo tanto, pidió al gobierno de Neuquén que en el plazo de un mes establezca criterios razonables para la distribución de la pauta publicitaria. En disidencia votaron tres jueces. Los dos primeros indicaron que no se ha probado que la empresa periodística haya sido afectada económicamente, mientras que el magistrado restante consideró “que si bien los jueces deben evitar la restricción estatal o privada al normal despliegue de los órganos periodísticos, en el caso de la negativa a brindar publicidad oficial contra el pago de un precio en dinero es un asunto distinto, propio del riesgo del negocio”. En cambio, el voto de la mayoría afirmó que se trata de afianzar la libertad de expresión y de protección a los medios para que exista un debate plural y no es necesario que se demuestre un daño o la asfixia económica. El gobierno no puede presionar a los medios de prensa lesionando la integridad del debate público, porque lesiona la libertad de prensa y el legítimo interés del Diario Río Negro y sus lectores a contar con la información de los actos de gobierno. La prensa libre no aspira a obtener una suerte de subsidio estatal, sino que los fondos públicos sean invertidos con racionalidad. Editorial Perfil, que edita entre otras la revista Noticias y el semanario Perfil, inició en el 2006 un reclamo similar, ya que está excluida de la pauta oficial. También en este ámbito judicial se produjo otro acontecimiento auspicioso con la inauguración de un centro de información judicial para conocer y discutir las decisiones que adoptan los jueces. La actividad periodística ha tenido problemas varios, que afectaron incluso físicamente a profesionales de la noticia. También se sucedieron demandas y fallos judiciales que siempre perjudican o malinterpretan la misión profesional de los hombres de prensa. El diario La Voz del Interior de Córdoba sufrió la acción violenta de algunos miembros del Círculo Sindical de la Prensa que pretendieron impedir la distribución de los periódicos La Voz y del Día a Día. Esta agresión fue denunciada penalmente. El diario El Territorio de Misiones viene soportando desde hace tiempo una persecución por parte del gobierno ejercido por Carlos Rovira. Fue excluido de la pauta publicitaria. Las empresas del grupo sufren la misma acción persecutoria que el rotativo; el directorio de la empresa periodística fue denunciado penalmente por una investigación que llevó a cabo sobre la aplicación de un programa de ayuda social denominado Plan Nacer. Algunos dirigentes del sindicato de vendedores de diarios intentaron impedir la venta del periódico el 6 de abril pasado. El secretario de esta agrupación gremial es asesor rentado del gobierno. El 27 de julio fue incendiado intencionalmente el auto estacionado dentro del garaje de un corresponsal del diario y el 26 de septiembre el Jefe de Gabinete, acompañado de varios funcionarios, organizó una conferencia de prensa para atacar y amenazar a los directivos del El Territorio. El gobierno presentó varias denuncias penales contra miembros del periódico. La publicación de importantes investigaciones periodísticas en este período electoral también afectó la relación de los medios con el poder. El caso de la bolsa de dinero encontrada en el baño de la ministra de Economía y el presunto cohecho en la administración de una obra de ampliación de un gasoducto por parte de la empresa sueca Skanska, fueron inicialmente imputados a exageraciones de la prensa hasta que las investigaciones judiciales establecieron la verosimilitud sobre ambos casos. Pero uno de los hechos de mayor impacto para ejemplificar aquella tirantez fue la denuncia del Diario Clarín de Buenos Aires sobre los gastos de la Secretaría de Medio Ambiente. El rotativo provocó una reacción del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Alberto Fernández, quien descalificó profesionalmente al autor de la investigación, el periodista Claudio Savoia, y criticó la información del diario. La periodista Adela Gómez resultó herida con balas de goma disparadas por Gendarmería Nacional cuando reprimía una manifestación en Santa Cruz. El gendarme, autor del disparo, fue inmediatamente separado de esa fuerza, por orden del gobierno nacional. El periodista Carlos Furman, que conduce el programa “Destapando Ollas” en la radio FM 2 de Octubre de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, fue encarcelado y golpeado en una comisaría por personal policial. La agresión se produjo luego de que el periodista informara sobre la existencia de 30 cadáveres no identificados en el cementerio de la ciudad y que uno de ellos podía pertenecer a una chica de 13 años que había sido secuestrada. La directora de El Diario de Puerto Madryn, Marisa Rauta, fue absuelta de culpa y cargo en la querella que le iniciara un ex camarista del Poder Judicial por una nota que lo mencionaba como investigado por el Consejo de la Magistratura. El juez consideró que la protección del honor de las personas públicas debe ser atenuada cuando se discuten cuestiones relativas a la libertad de prensa en temas de interés público. El gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, promovió una querella por injurias contra el periodista Sergio Enrique Poma y el juez que entendió la causa le impuso una pena a un año de prisión y lo inhabilitó para ejercer su profesión. El Código Penal autoriza a los jueces a aplicar la sanción de inhabilitación para desempeñar una actividad o profesión, pero sólo es viable cuando dependen de una autorización, licencia o habilitación del poder público. Los periodistas Joaquín Morales Solá, columnista de La Nación de Buenos Aires, y Jorge Fontevecchia, presidente de editorial Perfil, fueron amenazados en forma anónima a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. El diario La Nación sufrió acusaciones del gobierno en varias oportunidades por informaciones que no pudieron ser desmentidas. Susana Alonso, directora del diario El Atlántico de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, denunció intimidaciones y robo en su vivienda de objetos electrónicos y documentación, luego que publicara una nota en el diario referida al llamado “ Juicio de la Verdad” que investiga los hechos acontecidos después del golpe militar de 1976. La justicia dispuso custodia policial permanente. El diario El Sol de Quilmes de Buenos Aires fue condenado a pagar una elevada indemnización a una menor y familiares en un juicio por responsabilidad civil, confirmado por la Corte Suprema de Justicia, ya que los menores están tutelados contra intromisiones ilegítimas o arbitrarias a su intimidad. La denuncia contra El Sol surge a raíz de una declaración efectuada por la menor y su tutor cuando se presentaron en la redacción a comunicar que el juez le había otorgado la tenencia de la menor al tutor, que era su novio, porque su madre la obligaba a prostituirse. Luego de solucionadas estas imputaciones familiares, la madre, la hija y hermanos presentaron la demanda contra el diario. La abultada indemnización pone en riesgo la continuidad del rotativo.

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