BRASIL

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Hay preocupación en Brasil sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución. Ha habido repetidas decisiones judiciales que impiden la revelación del trabajo periodístico, lo que significa que hay censura previa. También se han propuesto proyectos de ley que restringen la libertad de prensa. Otro problema potencial es la decisión del gobierno federal de crear una estación de televisión estatal, con dinero de los contribuyentes y bajo la fachada de dar tribuna a diversas fuentes de información y opinión, con el riesgo de que se convierta en un vehículo publicitario político, y eventualmente electoral, a favor del gobierno. Esta estación de televisión se encuentra en etapa de formación. Vale la pena destacar que las compañías de comunicación ponen énfasis en la necesidad de consolidar sus códigos de ética y conducta periodísticas, y convertirlas en un instrumento democrático para la autorregulación. A continuación se mencionan los más recientes intentos por restringir la libertad de expresión: El 25 de abril, un equipo de TV Record, de Belém do Pará, fue atacado por el policía federal Alessandro Dantas de Oliveira. El grupo –compuesto por la reportera Célia Pinho, el fotógrafo Edílson Matos y el chófer, Marcelo Silva– estaba buscando detalles de un cargo contra el agente federal, que fue acusado de matar a un asaltante frente al Grão Pará, en la capital de Pará, el día anterior. El policía causó daños también el equipo de los periodistas. El 25 de abril, el periodista José Diniz Júnior, propietario del diario Matéria Prima, de Taubaté, en Vale Paraíba, fue arrestado irregularmente por una antigua condena basada en la Ley de Prensa después que el estatuto de limitaciones había caducado. Diniz fue mantenido preso hasta el 10 de mayo. El cargo fue presentado en el 2004 por el jefe de la policía, José Luiz Miglioli, a raíz de un artículo publicado en el rotativo de Diniz. El jefe policial consideró ofensivo el texto firmado por el presidente del club de campo de la ciudad, pero el dirigente no reconoció ser el autor. Basado en la Ley de Prensa, el jefe de la policía acusó al periodista, el que fue condenado a 74 días de cárcel. El estatuto de limitaciones bajo la Ley de Prensa es de dos años. Sin embargo, dos años y cuatro meses después de la sentencia, Diniz fue citado y arrestado. Tras apelar en los tribunales, fue dejado en libertad. Diniz decidió demandar al Estado de São Paulo por el dolor y sufrimiento que le produjo el tiempo que pasó entre rejas, y por daños materiales. El 5 de mayo, cerca de las 9 p.m., el reportero Luiz Carlos Barbon Filho fue asesinado en Porto Ferreira, en el Estado de São Paulo. Desde el 2003, había estado haciendo investigaciones sobre una red de pedofilia en la región. Hay indicios de que Luiz Carlos fue muerto por el trabajo periodístico que estaba haciendo para el Jornal do Porto, JC Regional y la Rádio Porto FM, todos de la ciudad de Porto Ferreira. Barbon recibió dos balazos con un rifle calibre 12 en un bar frente a terminal de autobuses de la ciudad. Fue llevado al hospital local, pero fueron vanos los esfuerzos por salvarle la vida. El caso está siendo investigado por la policía. El 15 de junio, la jueza Ana Lúcia Xavier Goldman, de la Primera Corte Civil de Jundiaí, São Paulo, prohibió la publicación de una entrevista en el diario Folha de Vinhedo, en la que se informaba de irregularidades supuestamente cometidas por empresarios y ejecutivos, y funcionarios judiciales de la ciudad. La decisión de la magistrada indicó que los artículos “dañarían la credibilidad del poder judicial y a la Oficina del Procurador Público de Vinhedo”. El 20 de junio, la jueza Silvia Lúcia Bonifácio de Andrade Carvalho, de la Segunda Corte Civil de Salvador, Bahía, prohibió a la revista Metrópole y a todas las empresas relacionadas con el grupo A Metrópole – radio, sitio web y blogs– publicar cualquier “referencia explícita al nombre, honor, carácter, intimidad, vida privada e imagen” del alcalde João Henrique Carneiro. La magistrada impuso una multa de R$ 2,000 en caso de que no se respete la decisión y ordenó el retiro de circulación de todos los ejemplares de la revista donde figura el artículo “La ciudad en el hoyo – Salvador se ahoga en deuda, basura y desorden”, criticando a la administración local. El 6 de agosto, el senador Renán Calheiros propuso la creación de una comisión investigadora del Parlamento enfocada al Grupo Abril, en una clara amenaza a la credibilidad del Congreso Nacional y a la libertad de prensa. Esta comisión intenta convertir una operación comercial –aprobada en julio por Anatel después de seis meses de revisiones— en un escándalo político e intimidar a las agencias periodísticas, para las cuales el deber de informar independientemente es una tarea sagrada. Esta iniciativa parlamentaria fue iniciada por el senador Renan Calheiros, quien ha sido acusado por la prensa en general de varios casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Y el Grupo Abril fue escogido por el senador de Alagoas como chivo expiatorio en su campaña contra la prensa porque fue la revista Veja la que publicó las informaciones más contundentes sobre su conducta poco ética. En agosto pasado, Renan incluso pidió en una sesión plenaria que el Departmento de Comunicaciones y la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendieran una reunión del consejo de directores de la agencia. De acuerdo con el senador, el propósito de la reunión era poner un “parche” en la transacción en la cual el Grupo Abril transfiere a la compañía española Telefónica el control de una operadora de cable brasileña. Esta presión por parte del presidente del Senado llevó a Anatel a posponer el enálisis de las alteraciones corporativas corporativas sobre la compra de Telefónica de TVA. El 15 de agosto, la Comisión de Valores, una agencia del gobierno federal con responsabilidad fiscalizadora sobre el mercado financiero, emitió un aviso público de un proyecto para regular la actividad de los analistas de seguridad que afectaría indirectamente al trabajo de los periodistas que cubren el mercado bursátil. La propuesta, anunciada para que opinara el público, resultaría, en la práctica, en la regulación del trabajo de estos periodistas, intentando determinar cómo se publican sus escritos.

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