Perú

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En este periodo, se evidenció una mayor libertad de prensa y pluralidad de opinión en el Perú. Si bien se escucharon reclamos de algunos sectores del oficialismo sobre la falta de apoyo de los medios de comunicación al gobierno del presidente Alejandro Toledo, también se registraron denuncias de medios de prensa opositora al gobierno sobre hechos que consideran afectan la libertad de expresión. Cabe resaltar, asimismo, que se dieron importantes avances en materia de legislación sobre libertad de expresión, particularmente en lo que se refiere a la reforma constitucional y a la recientemente promulgada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En agosto, la SIP se unió a la campaña iniciada por el Consejo de la Prensa Peruana pronunciándose con respecto a las omisiones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y al riesgo que para el derecho a la información supone el artículo sobre las excepciones a la ley que facultan al Poder Ejecutivo, un ente eminentemente político y coyuntural, el clasificar la información como secreto de Estado. La modificación de la referida ley figura en la agenda pendiente de la presente legislatura, por lo que se espera que se apruebe una versión definitiva de la misma antes de concluir el año. Por otro lado, se destaca la obligación de todo estamento público de identificar al funcionario público responsable de atender las solicitudes de información ciudadana, la incorporación de sanciones administrativas e incluso penales para quienes obstruyan el acceso a la información pública, la prohibición de destruir información y los mecanismos de promoción de una política de transparencia económica y fiscal del Estado. En cuanto a la reforma constitucional, cabe destacar que el Congreso de la República aprobó varios artículos relativos a salvaguardar la libertad de prensa y de expresión en el país. Por ejemplo, la incorporación del principio de “las responsabilidades ulteriores que fije la ley”, que también se encuentra consagrado en el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos; se incluyó el derecho a “buscar información” en el marco del derecho de informar, opinar y expresarse y se añadió el “derecho a ejercer las libertades inherentes a la empresa periodística”, junto al derecho ya reconocido de fundar medios de comunicación. El parlamento, que aún no concluye el debate sobre la mencionada reforma, acogió varias propuestas presentadas por el Consejo de la Prensa Peruana, como las antes mencionadas, contemplando también el derecho de rectificación, mas ya no al de réplica en el texto constitucional. Por otra parte, un número de proyectos de ley han sido presentados por congresistas de diversas bancadas políticas. Entre éstos, el anteproyecto de la Ley Laboral del Periodista, el proyecto de ley que propone derogar el artículo 374 del Código Penal sobre el delito de desacato y el proyecto de ley que propone reorganizar la empresa Editora Perú que publica el diario oficial El Peruano. La controversial y extensamente debatida Ley de Radio y Televisión presentada por la Comisión de Transportes, Vivienda y Construcción fue excluída de la agenda parlamentaria, por lo que no se vislumbra un cercano debate al respecto. En septiembre, el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia en materia de libertad de expresión al sentenciar improcedente la acción de amparo interpuesta por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín contra la empresa de Comunicación y Servicios S.R. Ltda., propietaria de la emisora Radio Imagen y contra los periodistas Ramón Alfonso Amaringo e Hildebrando García Moncada por haber informado sobre los vínculos entre los miembros del directorio de la Caja Rural y Vladimiro Montesinos. El Tribunal estimó que, conforme a la Constitución, cuando como consecuencia del ejercicio de las libertades informativas se transgreden otros derechos constitucionales, como los derechos al honor y a la buena reputación, su tutela no puede significar que, con carácter preventivo, se impida a un medio de comunicación social difundir informaciones. Sin embargo, pese a los avances mencionados, se han presentado denuncias relacionadas al libre ejercicio de la libertad de prensa en el Perú que presentamos a continuación: La jueza anticorrupción Juana Meza abrió una investigación contra Luis Agois Banchero y Enrique Agois Paulsen por haber recibido supuestamente sumas de dinero de Montesinos a través del entonces Embajador del Perú, Gabriel García Pike, para la publicación de titulares favorables al régimen de Fujimori en el diario Ojo. Esta denuncia se hace a partir del informe, basado en testimonios, de una comisión investigadora del Congreso sobre Montesinos presidida por la congresista Anel Townsend. Los propietarios del diario Ojo niegan enfáticamente dicha acusación y denuncian irregularidades en el proceso investigatorio lo mismo que el ex-embajador. A pesar del tiempo transcurrido, el juzgado anti corrupción aún no se ha pronunciado sobre los resultados de la investigación. El congresista de Perú Posible, Jorge Mufarech, demandó al diario El Comercio por supuesta difamación y calumnia a raíz de un informe de dicho medio escrito en torno a la importación, cuestionada por una probable subvaluación, de un automóvil “Jaguar”, desde Chile. La demanda del congresista Mufarech pretende una reparación de 50 millones de dólares. Dicha astronómica cifra es considerada como un amedrentamiento. En el proceso, aún en curso, la defensa de El Comercio ha planteado la Exceptio Veitatis (demostración de la verdad de lo publicado) en torno a lo informado. El 21 de octubre, el procurador José Vargas Valdivia solicitó a la Corte Superior Anticorrupción la detención del presidente de la Empresa Editora de Publicaciones Gente, Enrique Escardó. Esta solicitud es contraria a la decisión de la jueza Sara Mayta, quien lo exculpó de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, no obstante le abrió instrucción con impedimento de salida del país por supuesta complicidad en peculado. Escardó sostiene que es víctima de persecución económica y política como consecuencia de la línea editorial de la revista Gente durante el gobierno de Fujimori, aún cuando reconoce que el entonces director de su revista, Víctor Rivero, recibió fondos que actualmente se sabe eran del Servicio de Inteligencia para desacreditar a propietarios y directores de medios de comunicación opositores al régimen y desarrollar una campaña contra el accionista principal de Canal 2 de televisión Baruch Ivcher Bronstein, para justificar la decisión del gobierno de retirarle la nacionalidad peruana. En cuanto al caso del director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, encarcelado en tanto pendía un proceso judicial por corrupción, un juez acogió su solicitud de habeas corpus determinando su libertad. Luego, Calmell del Solar salió intempestivamente del país. Actualmente pende sobre él una orden de búsqueda y captura a escala internacional. El habeas corpus está vigente. La Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó que el Ministerio Público investigue por el supuesto delito de tráfico de influencias a Salomón Lerner Ghitis ex presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Esto a raíz de la difusión de una cinta magnetofónica en la que se desprenden supuestas presiones del presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Salomón Lerner Ghitis, contra los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, propietarios de los diarios La Razón y El Chino, para que cesen sus ataques al gobierno del presidente Alejandro Toledo. Horas después de la difusión de la cinta, Lerner Ghitis presentó su renuncia a la presidencia de COFIDE. En un comunicado de prensa Lerner Ghitis informó que lo manifestado en el audio lo dijo a título personal. Actualmente Moisés Wolfenson se encuentra bajo arresto domiciliario por su supuesta participación en actos de corrupción. A principios de año, el juez Guido Vera del 11 juzgado de Lima dictó una orden de conducción de “grado o fuerza” contra Alvaro Vargas Llosa a raíz de la no-comparecencia del periodista a las citaciones previas a la querella por difamación y atentado contra el honor interpuesta por el empresario Adam Pollack, amigo cercano del presidente Alejandro Toledo. Vargas Llosa había denunciado presuntas irregularidades en las negociaciones del gobierno peruano en un contrato de adquisiciones militares. El 25 de julio, se dictó orden de captura contra el periodista Álvaro Vargas Llosa, quien ha sido declarado reo contumaz. En su defensa, Vargas Llosa, quien se encuentra en la clandestinidad, afirma ser perseguido político y denuncia serias irregularidades en los procedimientos judiciales en su contra. En el mes de junio, fue detenido en la ciudad de Miami, EE.UU., el ex secretario de prensa de Vladimiro Montesinos, Augusto Bresani, acusado de recibir del Servicio de Inteligencia Nacional 100 mil dólares mensuales durante la campaña reeleccionista de Fujimori, para distribuirlos entre media docena de diarios a cambio de la publicación de titulares que calumniaron o insultaron deliberadamente a políticos opositores, periodistas y medios de comunicación independientes. Desde entonces, Bresani, considerado también el ejecutor de la campaña de desinformación del gobierno de Fujimori en la llamada prensa “chicha”, intenta evadir la solicitud de extradición interpuesta contra él por la justicia peruana, alegando ser un perseguido político ante la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. En octubre, la jueza anticorrupción Magaly Báscones rechazó el pedido del abogado de Bresani para que a éste se le cambie la orden de detención por la de comparecencia. A continuación, un detalle cronológico de otros hechos relevantes en materia de libertad de prensa durante el último período. El periodista Luis Alberto Cuellar Alanoca, corresponsal de Radio Programas del Perú y comentarista del informativo “Ático en la Noticia” que se transmite por la emisora APQ, fue agredido verbalmente el 26 de marzo por el alcalde de la municipalidad del distrito de Atico, Milton Medina Urday, en la provincia de Caravelí de Arequipa, en represalia por las críticas del periodista a su gestión edil. El 26 de marzo, la directora del quincenario El Búho de Arequipa, Mabel Cáceres Calderón, recibió una caja que contenía vísceras de animales y una amenaza que textualmente decía: “ya te llegó tu hora, maldita”. Cáceres informó que no es la primera vez que es amenazada de muerte, atribuyendo las agresiones a las denuncias publicadas por El Búho sobre supuestos casos de nepotismo en la Universidad de San Agustín, de Arequipa. El director de la Unidad de Servicios Educativos de Huanta en Ayacucho, Homero Trejo González, amenazó y agredió verbalmente el 4 de abril, a los periodistas Eduardo Pineda del programa “Testigo de la Noticia” y Carlos Buendía de “Radioperiódico 2000” de radio Huanta 2000, en represalia por la difusión de informaciones críticas a su gestión pública. El periodista Hugo González Hinostroza del diario Liberación, fue amenazado telefónicamente el 11 de abril por una persona no identificada, mientras cubría información en la cuidad de Huaraz sobre la contaminación ambiental en Atupa. Tres periodistas del diario El Tiempo de la ciudad de Piura, María Irina Mauricio Trelles, Genaro Guerrero Zurita y la directora del periódico, Luz María Helguero, fueron demandados el 31 de abril por medio millón de dólares por presunta difamación, luego de publicar una denuncia sobre acoso sexual que implicaba a Manuel Eduardo Cevallos Flores, ex presidente de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura. Un grupo de integrantes del Frente Patriótico de Loreto, agredieron el 14 de mayo al reportero Darwin Paniagua, de Radio La Voz de la Selva de Iquitos, cuando cubría el paro nacional convocado por distintas agremiaciones sindicales del país. El periodista fue llevado de emergencia al hospital de esa ciudad. Yorka Poémape y Edwin Tarazona, reporteros de Panamericana Televisión, fueron agredidos por un grupo de residentes de la Villa Militar de Chorrillos, al ingresar el 21 de mayo sin autorización a dicho complejo habitacional en busca del recién liberado General EP Augusto Jaime Patiño quien había sido detenido por su participación en la operación Chavín de Huantar. A mediados de junio, cinco periodistas de Radio Líder y tres de Radio Melodía de Arequipa, fueron denunciados por el prefecto saliente de Arequipa, Luis Gutiérrez Cuadros, por presunta apología al terrorismo. El ex prefecto acusó a los periodistas de utilizar las radioemisoras para incitar a la población a cometer actos de violencia durante las acciones de protesta registradas en esa ciudad por la privatización de las empresas Egasa y Egesur. Los periodistas denunciados son Robert Silva Fernández, Walter Castillo Chávez, Federico Rosado Zavala, del programa “Melodía en la Noticia”, así como Eduardo Coaguila Ortiz, Benjamín García Sucila, Jorge Velásquez González, Hugo Rucano Paúcar y José Urrea Ríos, de Radio Melodía. Asimismo, el reportero gráfico del diario La República, José Abanto Cerdán, fue alcanzado por una bomba molotov, que le impactó en la cabeza, mientras cubría el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía en la ciudad de Arequipa. Los manifestantes también atacaron el local de Editora Perú que publica el diario oficial El Peruano en dicha ciudad. El 17 de junio, la corresponsal en Chimbote del diario Liberación, Marilú Gambini, fue amenazada y perseguida por desconocidos por investigar actos de corrupción supuestamente cometidos por miembros del Poder Judicial de Chimbote y personajes ligados al ex Banco República. Meses atrás, desconocidos asaltaron y raptaron al hijo de la mencionada corresponsal en supuesta represalia por las denuncias periodísticas de ésta. Bernabé Calderón, enviado especial del diario El Comercio a Madre de Dios, fue agredido el 5 de julio por un grupo de manifestantes, quienes le arrebataron su cámara fotográfica. La Procuraduría ad hoc solicitó el 11 de julio a la jueza anticorrupción Magaly Báscones que declare a Editora Sport S.A. tercero civilmente responsable en el caso contra su propietario, Moisés Wolfenson. De acuerdo a la solicitud, parte del dinero que Wolfenson habría recibido del SIN “a cambio de difamar a través de sus periódicos chicha a los opositores del régimen fujimorista”, ingresó a la empresa editora de los diarios El Chino y El Men, por lo que debe asumir solidariamente el pago de la reparación civil que se fije si el empresario es condenado. El Primer Juzgado Anticorrupción dispuso el 11 de julio que el Laboratorio de Grafotecnia realice una pericia al contrato de compra-venta de la nueva rotativa en la que se imprime el diario El Tío. Según el contrato, la máquina habría costado 180 mil dólares. Sin embargo, según José Olaya, dueño del diario, la firma aparecida en el referido contrato es una falsificación. De acuerdo a su versión, la máquina costó 80 mil dólares, por lo que Olaya refuta los cargos imputados. Los periodistas Henry Ramírez de Televisión Nacional de Perú, Luz Martínez de Frecuencia Latina y Perla Villanueva de Canal N fueron agredidos el 5 de agosto por trabajadores de la empresa agroindustrial Casagrande en la ciudad de Trujillo, cuando reclamaban el pago de sus salarios. Cuando los reporteros cubrían la protesta, un grupo de manifestantes los golpeó, intentando arrebatarles sus equipos de trabajo. El 11 de agosto, seis años después de los hechos, el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó a cuatro vocales supremos por inconducta funcional en el juicio entablado por Francisco Diez Canseco Távara contra el periodista César Hildebrandt. De acuerdo al texto de la resolución, los vocales dilataron injustificadamente el proceso hasta su prescripción. Hildebrandt había presentado en su programa de entonces un reportaje en el que se informó que Diez Canseco Távara organizaba bulliciosas fiestas hasta altas horas de la noche, perturbando la paz de sus vecinos. Las reporteras Ximena Pinto y Milagros Aro del programa dominical “Cuarto Poder” de América Televisión fueron agredidas el 14 de agosto por integrantes del grupo evangélico Iglesia Comunidad del Espíritu Santo “Pare de Sufrir”, cuando intentaban recoger información para un reportaje sobre los ritos que se realizan en esa congregación. Cuando las periodistas intentaron retirarse del lugar, fueron rodeadas por un grupo de aproximadamente 10 personas, quienes las golpearon y condujeron a un cuarto oscuro donde continuaron las agresiones. El objetivo del maltrato habría sido quitarles la mochila que contenía una cámara de video. La policía intervino luego de que las periodistas lograron escapar. No hubo ningún detenido. La periodista Mary Espinoza Santiago, directora y conductora del programa periodístico “El Regional Informa” de Radio Studio 99 de Satipo, fue amenazada de muerte el 22 de agosto por Williams Perka Chamba, luego que la periodista denunció a través de su programa que vehículos del Proyecto Especial Pichis-Palcazu se utilizaban para el traslado de los militantes de Perú Posible a la ciudad de La Merced, para inscribir las listas partidarias que participarán en las próximas elecciones regionales y municipales. Tres militantes del Partido Acción Popular agredieron el 26 de agosto al reportero gráfico del diario La Industria, Josué Ibarra Julca, cuando cubría informaciones en el local de la mencionada agrupación política en la ciudad de Chimbote. Un grupo de terroristas del autodenominado Partido Comunista del Perú amenazó, el 26 de septiembre, a un grupo de periodistas, al que obligó a transmitir sus mensajes políticos. Los subversivos enviaron dos mensajes amedrentando a los periodistas Gudelia Machaca, Dósito Marmanillo y Pedro Yarasca de Radio Estación Wari y a Johnny Medrano y Héctor Oré de Radio Melody. El primer mensaje decía “conocemos a sus familiares, tenemos mil ojos y mil oídos”. El segundo mensaje exigía al gobierno peruano la clausura del penal donde se encuentran recluídos Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre, líderes de Sendero Luminoso. Ante lo ocurrido, la policía ingresó a la estación de radio para decomisar los documentos, y citó a los periodistas para que rindan testimonio sobre lo acontecido. Según un informe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), hecho público a inicios del mes de octubre, la juez Carmen Escalante cometió serias irregularidades que comprometen el proceso judicial entre los abogados de Panamericana Televisión y Genaro Delgado Parker por la administración del Canal 5 de televisión. Según la OCMA, la irregularidad se cometió en el manejo de la medida cautelar presentada por Delgado Parker, pues la juez habría recibido este documento en un disquete afuera del juzgado. Doris Aguirre, periodista del diario El Popular, fue agredida verbalmente el 7 de octubre por el coronel PNP Luis Valencia Hirano cuando recorría las instalaciones del edificio de la DININCRI. Aguirre fue abordada por el coronel mientras se trasladaba en el ascensor del edificio, pues argumentó que éste era de uso exclusivo para los oficiales. El Coronel Valencia retuvo hasta por 15 minutos el ascensor en el sótano del edificio mientras insultaba a la periodista. La conductora de televisión Laura Bozzo Rotondo, de la cadena estadounidense Telemundo y arrestado en su domicilio en Perú acusada de irregularidades por vínculos a Montesinos, envió una denuncia expresando que es “víctima de una práctica periodística irresponsable y difamatoria”.

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