Guatemala

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GUATEMALA Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 En este período se han producido incidentes donde se ha limitado la libre emisión del pensamiento y se ha intimidado a periodistas para que cumplan con su misión de informar. En el hecho más reciente el 7 de marzo de 2008, en horas de la noche, los corresponsales Mynor Toc, del periódico Prensa Libre; José Cancinos, del diario local El Metropolitano; Carlos Ventura, de Nuestro Diario; Vinicio Tan, de la emisora Radio Stereo 100; Walter Albillo, de Primera Línea, de Cable DX; Antonio Uluan, del telenoticiero Noti 7 y Diego López, del programa TVO de Canal 9, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Civil, cuando cubrían un operativo de allanamiento en una vivienda en el sur occidental departamento de Quetzaltenango, a 190 kilómetros de la ciudad capital. En otro hecho, durante la cobertura de la detención de los miembros de la Policía implicados en el robo de joyas en Xelajú, varios periodistas fueron agredidos por personal de la Policía Antinarcótica de Guatemala que impidió que los detenidos fueran fotografiados o filmados en video. Un policía recargó su arma y apuntó a los reporteros para intimidarlos. Otro incidente se produjo cuando tres acusados de robo eran trasladados al Centro Preventivo, los policías que les daban protección patearon, golpearon y empujaron a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Luego, en la Capitanía General de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la seguridad presidencial y de la municipalidad encerraron a periodistas, mientras el presidente Álvaro Colom salía por otra puerta. En febrero el presidente Álvaro Colom anunció la apertura de los archivos militares de la época del conflicto armado interno para esclarecer el paradero de miles de víctimas y que se haga justicia, agregando un nuevo elemento sobre acceso a la información clasificada que podría considerarse positivo para el desarrollo de los derechos humanos y además para incentivar un proyecto de ley sobre acceso a la información pública. El 26 de febrero Belter Álvarez, ex especialista del Estado Mayor Presidencial, aceptó ante el Tribunal Séptimo de Sentencia su responsabilidad en el allanamiento ilegal a la residencia del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, ocurrido el 24 de junio de 2003. Aquel día, 11 hombres y una mujer ingresaron de forma ilegal a la vivienda de Zamora, ubicada en la zona 12 capitalina, lo retuvieron a él, a su familia y a tres empleados durante dos horas; los insultaron, agredieron, amenazaron humillaron y simularon ejecutarlos. Según la declaración del periodista ante el Tribunal, también hubo pérdidas materiales, por los objetos que los desconocidos extrajeron de su casa. El presidente de elPeriódico indicó que también existe participación de altos funcionarios de la administración del ex presidente Alfonso Portillo, quien gobernó el país de 2000 a 2003; entre ellos el ex superintendente de la Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío y el ex fiscal general, Carlos de León Argueta. Según Cerigua, el fiscal de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, Mario Castañeda, dijo que se cuenta con elementos suficientes para demostrar la participación y responsabilidad de Álvarez. También en febrero el periodista Hugo Oliva de Jalapa, corresponsal del diario Prensa Libre, exigió a las autoridades la inmediata investigación del hecho delictivo, así como proteger su vida y la de su familia. Oliva fue atacado por desconocidos que días antes habían estado merodeando por los alrededores de su casa, a bordo de un vehículo, Lo golpearon brutalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo. El 5 de febrero durante su viaje a Cuba, el vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada ofreció una entrevista al diario Juventud Rebelde, en la que responsabilizó a la prensa local de no querer que “salgan adelante”, en referencia al recién estrenado gobierno y se refirió a los empresarios como la “amenaza del poder económico”. El 24 de octubre, los periodistas Enrique Castañeda y Gilda Mérida, del diario elPeriódico, denunciaron haber sido amenazados por investigar los fondos para la campaña electoral del Partido Patriota, en las elecciones presidenciales pasadas. El 13 de diciembre la SIP envió una carta al fiscal general de la Nación, Juan Luis Florida, pidiendo una investigación expedita por el asesinato del locutor Miguel Ángel Amaya Pérez, ocurrido en Santa Elena, departamento de Petén el 10 de diciembre. Finalmente, el director de Radio 10, Oscar Rodolfo Castañeda, denunció ante el representante de la SIP que el medio de comunicación que dirige sigue sufriendo un boicot comercial de parte del sector económico del país, derivado de las denuncias de la radio sobre manipulación de la información y controversias entre sociedades. Castañeda también dijo que el Gobierno de Guatemala no ha cumplido con dar a la radio medidas de seguridad ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que un miembro de su personal, Vinicio Aguilar, sufriera un atentado.

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