Argentina

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ARGENTINA Varias acciones y fallos judiciales han afectado el ejercicio de la libertad de prensa en este período. El 2 de febrero, la Cámara de Apelaciones y Garantías, con asiento en la ciudad de Dolores, aplicó la pena de reclusión perpetua al asesino del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, cometido el 25 de enero de 1997, y sus cómplices primarios, y prisión perpetua a quien impulsado por el poderoso empresario y amigo de funcionarios de la más alta jerarquía, Alfredo Yabrán, instigó secundariamente la comisión del crimen. Otras penas similares -las más aflictivas que establece nuestra ley penal-, fueron aplicadas también a otros involucrados. La institución jurisdiccional estuvo presidida por el juez Dr. Raúl Begué y en calidad de vocales los jueces Jorge Dupuy y Susana Darling Yantone. Otros fallos no han sido, lamentablemente, favorables a la prensa libre. Saúl Santesteban, director del diario La Arena de Santa Rosa -La Pampa-, fue multado por propalar el nombre de un menor con antecedentes delictivos y orden de captura, en un todo de conformidad a un parte policial. La juez Verónica Fantini reconoció la ausencia de mala fe del director y su propósito en salvaguarda de la seguridad colectiva, pero se atuvo a la formalidad de las leyes que protegen muy discutiblemente la intimidad del menor. Curiosamente, el personal policial que aportó la información recibió una sanción sensiblemente menor que el periodista. La Cámara del Crimen Nº 2 de Catamarca, condenó al diario La Unión de esa ciudad a indemnizar con la suma de $12.000 a un ciudadano que alegó ser agraviado por el diario y en razón de una carta allí aparecida. El diario había dado al reclamante la posibilidad de la réplica. Sanciones tan gravosas y de dudosa justificación ejercen un efecto desalentador para el periodismo nacional. Singularmente grave ha sido el fallo, confirmatorio del de Primera Instancia, pronunciado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil contra el periodista Bernardo Neustadt y Telefé, en razón de dichos presuntamente injuriosos de una persona que intervino en el programa “Tiempo Nuevo”. La Cámara rechaza así los precedentes Campillay y la doctrina de la “real malicia”, condenando no al autor del presunto agravio sino a quien da la posibilidad al ciudadano para que se exprese en libertad y bajo su personal y entera responsabilidad. Inversamente, el juez Civil Miguel Prada Errecart resolvió, de conformidad a los precedentes que comienzan con el caso Campillay, que dar a conocer una noticia errónea, citando la fuente que la emitió no constituye delito. El juez afirmó, también, que “no se puede exigir a los órganos de prensa que antes de dar una información verifiquen la verdad absoluta de ella, pues el cometido podría ser tan dificultoso que, en los hechos, restringiría y limitaría en exceso el derecho de informar”. A principios del mes de noviembre, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley de campañas electorales que, en su Art. 5, impide la publicación de las encuestas a boca de urna hasta después de tres horas de finalizado el comicio. Resulta positiva la existencia de proyectos legislativos tendientes a introducir la doctrina de la “real malicia” en el Código Civil, modificando así el esquema de imputación y favoreciendo el contralor republicano de la prensa. Es preocupante el proyecto llamado Ley del Locutor, que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto es de corte totalitario, en tanto excluye al ciudadano en beneficio de una suerte de profesionalismo obligatorio y en la práctica pone las radios en manos de un grupo privilegiado con perjuicio de los derechos del periodista. Tales excesos son inconstitucionales en la medida en que frustran la libertad de trabajo y de expresión por cualquiera de los medios masivos. Han existido también declaraciones vituperables como las del ministro de Seguridad bonaerense, Aldo Rico, quien amenazó a periodistas con hacerlos perseguir por la policía. Y hechos desgraciados provocados por el entorno de Diego Armando Maradona en Punta del Este, produciéndose una batahola en que fueron agredidos periodistas y fotógrafos. Franco Varise, periodista de La Nación de Buenos Aires, fue amenazado de muerte. Investigaba el accionar de un complejo mafioso dedicado al robo de ganado mayor con la integración y la complicidad de altos jerarcas de la policía de Santiago del Estero. A poco del crimen de Cabezas, amenazas como ésta no pueden ser tomadas sólo como un condenable juego de presiones. El crimen organizado en torno al cuatrerismo invade varias provincias y el accionar de los delincuentes implica poderes extraordinarios e insospechadas alianzas.

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