Chile

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CHILE La empresa estatal Metro S.A., que tiene a su cargo la administración de la red de ferrocarriles subterráneo de Santiago, anunció, a fines de julio de 1999, que distribuiría gratuitamente en las estaciones un periódico editado por la firma sueca Modern Times Group (MTG). En el contrato suscrito el 23 de julio de ese año Metro S.A. otorgó a MTG la concesión para usar el espacio de la red permitiéndole asimismo la licencia de usar la palabra “Metro”, como nombre del periódico. En esa ocasión la Sociedad de Fomento Fabril , identidad gremial que reúne a las empresas industriales chilenas, incluyendo algunas Empresas Periodísticas, interpuso un recurso de protección en contra de Metro S.A. sosteniendo que se estaban vulnerando algunas disposiciones constitucionales, y en particular la que impide a toda empresa del Estado incursionar en otros giros que no sean los específicos, salvo que sea autorizada para ellos por una Ley de Quórum calificado. Debe recordarse que Metro S.A. impide la venta de diarios y revistas en el interior de sus estaciones, lo cual creaba una abierta competencia desleal respecto de un público cautivo de 700.000 personas aproximadamente, que utilizan el servicio cada día. A este recurso se adhirió la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). La ANP presentó por ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico ante la situación planteada. El tribunal, el 13 de enero de este año, autorizó la salida del diario Metro para que fuera distribuido en las estaciones del ferrocarril Metropolitano, rechazando, en consecuencia, el recurso de amparo económico señalado. Por su parte, la Corte Suprema por fallo del 31 de enero de este año, revocó el fallo prohibiendo la circulación del diario Metro que se estaba distribuyendo gratuitamente en las estaciones del ferrocarril metropolitano. El tribunal acogió en definitiva el recurso de amparo económico presentado por la ANP en contra de la Empresa de Transporte. En la actualidad, el diario sólo es distribuido en las puertas de acceso a las estaciones del ferrocarril metropolitano con el nombre de MTG. El 22 de febrero pasado la Corte Suprema, acogiendo un recurso de queja presentado por el juez de ese mismo Tribunal, Servando Jordán, procedió a condenar al periodista José Ale del diario La Tercera a una pena de 541 días de prisión por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. El fallo fue emitido a raíz de un requerimiento del ministro Jordán en contra de los periodistas Fernando Paulsen como director de La Tercera y José Ale del mismo diario. La sentencia sólo condenó a José Ale y absolvió a Fernando Paulsen. El fallo demuestra que Chile no cuenta con un ordenamiento jurídico razonable que otorgue amplias garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta sentencia vuelve a colocar en la discusión pública el Artículo 6, letra b) de la Ley de Seguridad del Estado, considerado como atentatorio a la libertad de información y opinión. Son numerosos los profesionales de la información que han sido condenados por requerimientos presentados en función de dicho articulado, el que pretende proteger a las autoridades del Estado ante difamaciones injurias y calumnias; pero que en la práctica se ha ido transformando en una poderosa arma que afecta a la crítica informativa. La titular del 3r Juzgado del Crimen de Concepción, Flora Sepúlveda Rivas, por resolución del 21 de febrero pasado, decretó prohibición de informar en el proceso que se sustancia por la desaparición del joven Jorge Matute Johns. Sin embargo, el 6 de mayo la magistrada dejó sin efecto la referida prohibición de informar, aduciendo que no se justificaba mantenerla ya que se había dado cumplimiento a la mayoría de las diligencias decretadas el 23 de febrero, las cuales requerían la más absoluta reserva para el éxito de la investigación del caso. El juicio antes referido se originó hace tres meses por un caso policial que la opinión pública ha seguido con mucha preocupación e interés ya que hasta la fecha no ha aparecido el cuerpo de la víctima. La magistrada antes nombrada había hecho uso de la facultad que le confiere el Artículo 25 de la Ley sobre abuso de Publicidad, rigiendo dicha medida desde el 23 de febrero pasado hasta el 20 de marzo próximo, plazo en el cual los medios de comunicación deberían abstenerse de divulgar informaciones concernientes al respectivo juicio.

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