Brasil

Aa
$.-
BRASIL El gran problema relacionado con la libertad de prensa en el Brasil en estos momentos es el trámite en el Congreso Nacional del proyecto de ley del Gobierno Federal, que prohibe a los efectivos policiales, funcionarios públicos, procuradores, fiscales, jueces y miembros de los Tribunales de Cuentas, “suministrar información, a través de cualquier medio de comunicación, sobre las investigaciones, acciones o procesos judiciales, o permitir que lleguen a conocimiento de terceros hechos o informaciones” contenidos en las investigaciones o en los procesos judiciales en los que estén trabajando. Tal iniciativa, a la cual llaman la “ley mordaza”, fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 1999. En caso de ser aprobada dicha Ley Mordaza, será inconstitucional, porque hiere los principios de libertad de prensa y de publicidad. Según el propio principio de publicidad, todo ciudadano brasileño tiene derecho a ser informado sobre asuntos que se tramitan en el sector público, salvo los mantenidos bajo reserva por el Poder Judicial. Además, hiere los principios de la Declaración de Chapultepec, suscrita por el país por intermedio de su presidente. Miembros del Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, declararon informalmente que la Ley Mordaza es inconstitucional, lo que abrirá la posibilidad de que se solicite al Procurador General de la República que interponga una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal, en caso de que el proyecto se transforme en ley. La siguiente etapa se dará en el Senado federal. Se están sosteniendo conversaciones con los Senadores para que rechacen el proyecto. Pero, lamentablemente, existe la posibilidad de que éste sea aprobado. Igualmente, en el senado se tramita un proyecto de ley del mismo tenor, cuyo autor es el senador Jorge Bornhausen (Partido del Frente Liberal/PFL, del Estado de Santa Catalina). Además de la aprobación de la Ley Mordaza por la Cámara de Diputados, su espíritu de censura fue incorporado a la Propuesta de Enmienda Constitucional que se tramita en el Congreso Nacional, en la que se promueve una reforma del Poder Judicial. La relatora, Zulaié Cobra, diputada federal del Partido de la Social Democracia Brasileña/PSDB, por el Estado de Sao Paulo, incluyó en su propuesta la prohibición de que procuradores, fiscales y jueces proporcionen a la prensa información relativa a los procesos judiciales en sus respectivas jurisdicciones. Esto significa que la Constitución Brasileña tendría un artículo que restringiría el libre flujo de la información, lo cual es garantizado por la propia Constitución. La aparente paradoja, además de ser un absurdo, sólo se podrá evitar si se aprueba un pedido para que se retire el texto de la relatora, lo que podría ocurrir tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Esta posición revela el hecho de que la prensa, al igual que los jueces y procuradores se han conducido con firmeza en la divulgación y el planteamiento de procesos contra crímenes en los sectores público y privado, los cuales, al estar cubiertos con un manto de silencio, probablemente no serían investigados y quedarían impunes. Continúa en la Presidencia de la Cámara de Diputados, aguardando su inclusión en la lista de votaciones, el proyecto de la nueva Ley de Prensa. El texto fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia, pero, ante las críticas al proyecto de ley por cercenar la libertad de prensa, la votación viene siendo postergada. El relator de la materia, diputado Vilmar Rocha, del Partido del Frente Liberal/PFL, del Estado de Goiás, desea retomar el asunto el primer semestre de este año. La Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática, de la Cámara de Diputados, está discutiendo un proyecto de ley que regula las actividades del servicio postal. El texto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, contiene un artículo que, dependiendo de su interpretación, haría obligatoria la distribución de diarios y revistas a través de la empresa estatal de correos. Las asociaciones nacionales de diarios y editores de revistas han presentado una enmienda al referido proyecto que suprime dicha posibilidad. Luego de intensas discusiones, el gobierno resolvió retirar la distribución de libros, diarios y revistas del texto original, sólo si ésta es realizada por las propias casas editoras. Atendiendo una solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa planteada durante la visita de una misión a Brasil en agosto del año pasado, el 17 de ese mes fue sometido a juicio en el Municipio de Barbacena, Estado de Minas Gerais, el comerciante José Carlos de Souza, conocido como “Zé do Tatão”, asesino del periodista Zaqueu de Oliveira. El crimen ocurrió el 21 de marzo de 1995, en el municipio de Barroso, durante un tiroteo entre el periodista y el comerciante, por las noticias publicadas en la Gazeta de Barroso, de propiedad de Zaqueu. El pedido de la SIP, hecho a las autoridades nacionales y a las del estado de Minas Gerais, fue un factor decisivo para que el proceso, que caminaba muy lentamente desde hace cuatro años rumbo a su archivo, concluyera con el juzgamiento del asesino ante un Jurado Popular. El juicio estuvo marcado por una fuerte tensión, especialmente debido a la presencia de la madre del periodista Zaqueu de Oliveira, señora Erondina das Graças de Oliveira, quien había permanecido escondida en otro estado desde la fecha del crimen, en 1995, por ser considerada testigo clave en la acusación. A pesar de la emoción reinante, la sesión del Tribunal transcurrió tranquilamente y los trabajos de desarrollaron dentro del marco de la legislación penal y procesal. El Jurado Popular, compuesto por siete miembros, cuatro mujeres y tres hombres, escogidos de acuerdo a ley, decidió luego de 18 horas de sesión, absolver al acusado José Carlos de Souza, por haber matado a Zaqueu de Oliveira en “legítima defensa”. Según consta en actas, tanto de la investigación policial como del proceso penal, el periodista Zaqueu de Oliveira habría sacado un arma y disparado primero. De acuerdo a la legislación brasileña, en dicho crimen el asesino mató para defender su propia vida, por lo cual puede quedar absuelto. Los testigos que declararon ante el Tribunal confirmaron el contenido de las actas, según las cuales, al discutir en una plaza pública debido a un reportaje publicado por la Gazeta de Barroso, que José Carlos de Souza consideraba lesivo a su honra, hubo un intercambio de tiros, en el cual el periodista tomó la iniciativa de disparar su arma. Este ha sido el primer crimen contra periodistas que llega a los tribunales en Brasil, de los ocho cometidos entre 1995 y 1998, rompiendo así este status quo. Desde el punto de vista de la libertad de prensa, el referido juicio fue una alerta, en el sentido que la impunidad por la lentitud o el archivamiento de procesos resulta ya intolerable. Lo cierto es que servirá de ejemplo y de intimidación para aquéllos que, confiando en la pura y simple impunidad, atentan contra la vida de los profesionales de la prensa. Continúan impunes siete crímenes contra periodistas, ocurridos entre 1995 y 1998. Los procesos judiciales se vienen desarrollando lentamente. Los asesinatos se cometieron en el interior del país, donde las investigaciones policiales y el proceso judicial se ven perjudicados por factores que van desde la falta de condiciones materiales para trabajar hasta las influencias políticas. Tal situación contribuye a que exista impunidad. En muchas ocasiones se ha exigido a las autoridades la identificación y el castigo de los inculpados, pero sin mayor éxito. Los siguientes son los asesinatos que permanecen impunes: • Marcos Borges Ribeiro, propietario del diario O Independente, de la ciudad de Rio Verde, Estado de Goiás. Asesinado el 1° de mayo de 1995, había publicado denuncias de violación de derechos humanos por parte de la policía y de irregularidades en la administración pública. • Aristeu Guida da Silva, propietario del diario A Gazeta de São Fidelis, de la ciudad de São Fidelis, estado de Rio de Janeiro. Fue asesinado el 12 de mayo de 1995. De los cuatro acusados, solamente uno ha podido ser castigado hasta la fecha. • Reinaldo Coutinho da Silva, propietario de Cachoeiras Jornal, de la ciudad de Cachoeira de Macacu, del estado de Rio de Janeiro. Asesinado el 29 de agosto de 1995. Había divulgado denuncias que resultaron en el encarcelamiento de efectivos de la policía militar. Se preparaba para informar sobre hechos comprometedores en la administración de la ciudad. • Ronaldo Santana de Araújo, animador de un programa radial en Rádio Jornal, de la ciudad de Eunápolis, estado de Bahía. Fue asesinado el 9 de octubre de 1997. Araújo denunciaba traficantes de drogas y miembros de grupos de exterminio en la región. • Edgar Lopes de Faria, animador del programa “En la Boca del Pueblo”, en Rádio FM Capital, de la ciudad de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Fue asesinado el 29 de octubre de 1997. Aquél día, había anunciado que revelaría los nombres de quienes habían contratado a sicarios en la región del municipio de Dourados, en ese mismo estado. • Manoel Leal de Oliveira, propietario del diario A Região, de la ciudad de Itabuna, estado de Bahía. Fue asesinado el 14 de enero de 1998. Había venido denunciando sistemáticamente a personas influyentes de la región, incluyendo al alcalde de la ciudad, por supuestas irregularidades. Se presume que el crimen haya tenido motivaciones políticas. • José Carlos Mesquita, animador del programa “Espacio Abierto” de TV Ouro Verde, de la ciudad de Ouro Preto do Oeste, del estado de Rondônia. Fue asesinado el 9 de marzo de 1998. Había hecho denuncias sobre el servicio municipal de pasajeros. Cronología de agresiones contra periodistas. 31 de diciembre. Militares del ejército agredieron a periodistas y reporteros gráficos que estaban cumpliendo con su trabajo en el Fuerte de Copacabana, Rio de Janeiro. El fotógrafo de Jornal do Brasil, Fernando Bizerra Jr., fue golpeado, mientras que Ed Ferreira y Rosa Costa, del diario O Estado de S.Paulo, y Sheila Chagas, del grupo Abril, entre otros, fueron agredidos verbal y físicamente. 10 de enero. Marcelo Soares, reportero gráfico de Jornal do Commercio, de Recife (capital del estado de Pernambuco), fue agredido verbalmente y un funcionario sustituto de la oficina de registros públicos de Boa Viagem, Francisco Emanuel Lauria Gomes, le quebró el flash de su cámara fotográfica. El referido reportero gráfico estaba trabajando en un reportaje sobre irregularidades cometidas por los registros públicos en la expedición de partidas de nacimiento y defunción. 17 de febrero del 2000. El reportero gráfico Juarez Rodrigues, del diario Estado de Minas (de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais) fue agredido físicamente por efectivos de la policía militar, quienes también cometieron arbitrariedades en su contra. El sargento Araújo y el soldado Luis Carlos, de la Compañía 126 del 22° Batallón de la Policía Militar de Belo Horizonte, agredieron físicamente al referido hombre de prensa, le confiscaron su equipo de trabajo y su teléfono celular y le exigieron la entrega del material fotográfico que registraba una ocurrencia policial. 22 de febrero del 2000. El periodista Erick Guimarães, el reportero gráfico Marcos Studart, así como el chofer Valdir Gomes Soares, del diario O Povo (de Fortaleza, capital de Ceará), fueron agredidos por el alcalde Luís Antônio Farias, de Hidrolandia, a 240 kilómetros de la capital. El equipo de Jornal do Povo fue enviado a la localidad de Hidrolandia para investigar una denuncia contra el alcalde Luis Antônio Farias (Partido del Frente Liberal/PFL), acusado de agredir físicamente a sus opositores, de corrupción en la entrega de las canastas básicas y de permitir la atención médica en los puestos de salud solamente a sus correligionarios. Las agresiones contra el equipo de reporteros empezaron cuando el periodista Erick Guimarães entrevistaba al secretario de Educación, junto con el reportero gráfico Marcos Studart. El fotógrafo escuchó gritos que venían de fuera de la sala donde se encontraba y al salir vió al chofer Valdir Gomes Soares siendo agredido por el alcalde Luis Antônio Farias. Studart trató de socorrer al chofer y también fue agredido. Según relataron posteriormente, Marcos Studart y Valdir quedaron detenidos en las instalaciones de la municipalidad y fueron objeto de torturas comandadas por el alcalde, que insistía en saber quién había enviado al equipo. El chofer Valdir recibió golpes en las orejas, el cuello, el rostro, y miembros superiores, los cuales resultaron en diversos cortes, inclusive en la oreja. Casos de censura: 21 de enero. El coronel Luiz Gonzaga Vieira, nuevo director del Centro Integrado de Operaciones de Seguridad de Fortaleza (capital del Estado de Ceará), prohibió que los operadores de radio informen a la prensa sobre asaltos, accidentes y demás hechos que pudieran tener repercusión y dañar la imagen de los órganos de seguridad. El coronel justificó la medida aduciendo que el objetivo “es concentrar todas las informaciones para que no haya una divulgación precipitada. A la prensa se le informa de todo lo que ocurre en el medio policial mediante boletines periódicos”. 27 de enero. La Rede Globo denunció que le censuraron el programa “Globo Repórter”, que se transmite en todo el país a través de sus emisoras afiliadas. Uno de los segmentos del programa, que salió al aire el 28 de enero del 2000, fue alterado por decisión del juez Ayrton de Luna Tenório, de la ciudad de Porto Calvo, estado de Alagoas. Se impidió que en el reportaje se mencionaran los nombres del juez Luciano Galvão y del fiscal Sérgio Eduardo Simões, quienes ejercen en la misma jurisdicción, como sospechosos de estar involucrados en la prostitución de menores. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Costa Leite, confirmó la sentencia del Tribunal de Justicia de Alagoas. 10 de febrero del 2000. La 3ª. Sala Civil del Tribunal de Alçada confirmó el dictamen del juez de la 1ª Sala Civil de Montes Claros, Antônio Adílson Salgado Araújo, que prohibe al Jornal de Notícias publicar denuncias contra el diputado estatal Luiz Tadeu Leite (Partido del Movimiento Democrático Brasileiro/PMDB), ex alcalde de la ciudad y ex secretario de Justicia y Derechos Humanos. Del mismo modo, el Jornal do Norte, controlado por el diputado, no podrá publicar artículos contra el empresario Edgar Antunes Pereira, propietario de Jornal de Notícias. La parte que incumpla con el dictamen, tendrá que pagar una multa de R$20 mil. Con la referida decisión judicial concluye una serie de acciones cautelares interpuestas por ambas partes, las cuales pertenecen a facciones políticas diferentes, pero los profesionales de ambos diarios consideran que se trata de censura y de cercenamiento de la libertad de prensa. La 3ª Sala Civil del Tribunal de Alçada denegó un recurso presentado por la Sociedad Editora Arapuim, propietaria de Jornal de Noticiais, contra un dictamen en primera instancia concedido a favor del diputado, manteniendo así la decisión del juez Antônio Adílson Salgado. Amenazas: El 19 de noviembre, periodistas del Correio Popular (de la ciudad de Campinas, estado de São Paulo) recibieron amenazas de muerte y se comprometieron a abstenerse de firmar notas sobre la Comisión Parlamentaria de Investigación de casos de Narcotráfico (CPI) para no revelar sus identidades. 19 de enero del 2000. La Policía Militar arriesgó la vida del reportero gráfico Chico Ferreira, del diario A Gazeta, y del cineasta Edney Cácio, de TV Cidade Verde, en Cuiabá (estado de Mato Grosso), al expulsarlos de un tanque de agua donde los periodistas se habían instalado para cubrir un intento de fuga de la Penitenciaría Regional de Cuiabá. 27 de enero del 2000. El Jornal de Santa Catarina, de Blumenau (estado de Santa Catarina) denunció presiones económicas por parte del concejal Deusdith de Souza, presidente del Concejo Municipal de dicha localidad. En una carta dirigida a RBS, grupo empresarial al cual pertenece el Jornal de Santa Catarina, el concejal cuestionó la cobertura del proceso en el que el Tribunal de Justicia lo condenó a dos años de prisión y le comunicó que suspendería la publicidad del Poder Legislativo en dicho diario si es que no dejan de efectuar tales publicaciones. Procesos judiciales contra diarios y periodistas: El 26 de noviembre de 1999, el juez Francisco de Assis Brito Braz e Silva, de la 4ª Sala Civil de la Comarca de Teresina (capital del estado de Piauí), dictaminó a favor de la Asociación Piauiense de Municipios prohibiendo a la prensa del estado de Piauí divulgar los nombres de los alcaldes y mencionar a los municipios en cualquier material periodístico hasta que no se resuelvan definitivamente los procesos judiciales, además de multar con R$20 mil a aquellos medios que no cumplan con los términos del dictamen. El 14 de diciembre de 1999, la Justicia Militar de São Paulo amenazó con procesar a la periodista Lilian Christofoletti, de Folha de S.Paulo (de São Paulo, capital) por desacato, debido a que el diario se negó a entregar una cinta grabada en la que un policía militar narra métodos para provocar la muerte de sospechosos heridos y en prisión. La gerencia de la empresa considera que la determinación de la Justicia Militar viola el principio de confidencialidad de la fuente, garantizado por la Constitución federal. La orden para la entrega de la cinta grabada fue dada por el juez auditor de la Justicia Militar, Luiz Gonzaga Chaves, quien atendió el pedido formulado por el fiscal de la Justicia Militar, Fernando Sérgio Barone Nucci. La investigación policial militar está dirigida por el coronel de la policía militar Sidney Mesalira. Según el abogado de Folha de S.Paulo, Luís Francisco Carvalho Filho, la determinación del juez militar se opone a la Constitución Federal, a la Ley de Prensa vigente, y a la jurisprudencia de tribunales superiores. En su opinión, el intento de violación de la confidencialidad de la fuente, exigiendo la entrega de la cinta, constituye un abuso de poder y una restricción ilegal. En una solicitud presentada ante la Justicia Militar, los abogados transcribieron el dictamen del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, según el cual “en lo que respecta al asunto de la confidencialidad de la fuente, los periodistas no se exponen al poder investigativo del Estado o de sus agentes y, precisamente por ello, en función a dicha legítima prerrogativa constitucional, no pueden sufrir la imposición de una sanción penal, civil, o administrativa”. En su dictamen del 23 de noviembre de 1999, el juez militar afirma que “la negativa de entregar la cinta no está acorde con los intereses de la sociedad, a pesar de que está escudada por la garantía de la confidencialidad de la fuente”. El 24 de diciembre de 1999, el juez Ruy Morato, de la 4ª Sala Civil y Accidentes de Trabajo de Manaos (estado de Amazonas), concedió una medida cautelar a favor del magistrado Daniel Ferreira da Silva, del Tribunal de Justicia de Amazonas, contra la Empresa de Diarios Calderaro Ltda. – diario A Crítica, de Manaos. La medida cautelar prohibió al diario publicar noticias e imágenes, estáticas o dinámicas, sobre el autor y los hechos relacionados con el magistrado denunciado por irregularidades, bajo pena de multa de R$1,000.00 diarios o fracción de día por desacato, hasta que se dictamine sobre la Acción de Indemnización por Daño Moral, interpuesta por el autor, también en contra de la empresa. El 1° de enero del 2000, el fiscal Mauricio Cerqueira Lima solicitó que se procesara penalmente al reportero Marconi de Souza y al chofer César Mendes da Conceição, ambos del diario A Tarde (de Salvador, capital del estado de Bahía), por falsedad ideológica. En una investigación periodística, el reportero y el chofer cambiaron las partidas de nacimiento para demostrar la comisión de fraude en la expedición de carnets de identidad en un centro de Atención Ciudadana en el municipio. El fiscal rechazó el argumento de que tal actitud tuvo como objetivo contribuir con la administración pública. El 2 de febrero del 2000, los abogados del ex alcalde de São Paulo, Paulo Maluf, presentaron ante el Tribunal central de São Paulo una solicitud de indemnización por supuestos daños morales contra el periodista Marcelo Beraba, director de la sucursal en Rio de Janeiro de Folha de S.Paulo, por el artículo “Responsabilidad electoral”, publicado el 31 de enero del 2000. En esa misma fecha, el político anunció su intención de enjuiciar al periodista. La acción judicial no fija el valor de la indemnización, pero solicita que la Justicia determine el valor libremente y no en base a la Ley de Prensa, la cual estipula un tope de 200 salarios mínimos (R$27,2 mil) para indemnizaciones de este tipo. Además de la indemnización, los abogados piden que, en caso el dictamen resulte a favor de Maluf, la sentencia sea publicada en su totalidad por Folha de S. Paulo, por cuenta de Beraba. “El artículo se mantiene dentro de los límites de la crítica política, además de reflejar el pensamiento de sectores expresivos de la opinión pública”, afirmó el jefe de redacción de Folha de S.Paulo, Otávio Frias Filho. Hasta el pasado 23 de febrero, el periodista Marcelo Beraba no había sido citado por la Justicia.

Compartí

0