Canadá

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CANADA Canadá ha respetado la libertad de prensa en su constitución a través de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Esta garantía constitucional ha incrementado la capacidad de los medios canadienses de proteger el derecho al acceso a los procesos judiciales. Sin embargo hasta la fecha esta garantía no les ha permitido ampliar significativamente la protección disponible bajo las leyes canadienses de libelo, las cuales son menos favorables a los medios que son objeto de acusaciones de lo que son, por ejemplo, en los Estados Unidos. En virtud de esta garantía, ha aumentado el acceso a la información y ahora los medios canadienses pueden refutar nuevas leyes consuetudinarias y legislativas relacionadas entre otras cosas, a la privacidad . La Carta protege constitucionalmente la libertad de expresión incluyendo la libertad de prensa, “con sujeción a los límites razonables prescritos por ley, tal como se puede justificar claramente en una sociedad libre y democrática”. Toda acción de gobierno que limite la expresión viola el derecho constitucional, pero ahí donde compiten importantes intereses con este derecho, las cortes deben determinar si se justifica imponer un limite sobre el mismo. Las cortes considerarán la importancia de dichos intereses en conflicto, el grado en el cual la medida violatoria sirve a estos intereses, y si es que existe alguna otra manera de atenderlos menos restrictiva para la libertad de expresión. En 1998, la Corte Suprema de Canadá declaró inconstitucional el dispositivo contenido en su Ley Electoral que prohibía la publicación de los resultados de las encuestas de opinión 72 horas antes de las elecciones federales. La Corte rechazó el argumento de que los electores son indebidamente influenciados por las encuestas de opinión y, por lo tanto, determinó que no se podía determinar la violación de la libertad de expresión. A pesar de este dictamen, el gobierno federal introdujo una propuesta de dispositivo para que la Ley Electoral Canadiense prohibiera los resultados de las encuestas de opinión -y la publicidad electoral- 48 horas antes de los comicios. En el otoño, este dispositivo propuesto fue modificado para reducir el período de prohibición de 48 a 24 horas antes de los comicios. Habría la posibilidad de que se logre desestimar este dispositivo contenido en la Carta, ya que lo que la Corte Suprema de Canadá encontró violatorio del derecho a la libertad de expresión era la prohibición en sí y no la duración de la misma. El fundamento de la Corte Suprema de Canadá sugiere que un dispositivo que exige la publicación de la metodología seguida por toda encuesta de opinión no constituiría una violación inconstitucional de la libertad de expresión. Sin embargo este año un tribunal declaró inconstitucional un dispositivo contenido en la Ley Electoral de Columbia Británica que exigía la publicación de la metodología seguida en las encuestas de opinión. Es probable que el procurador general apele ante la Corte de Apelaciones de Columbia Británica. Bajo el derecho consuetudinario, actualmente los periodistas no gozan de protección constitucional contra la exigencia de revelar sus fuentes. Desde un caso ocurrido en 1986, en el cual se negó un intento por recurrir al privilegio calificado para las fuentes, no se ha recusado constitucionalmente el derecho a proteger las fuentes. Este asunto está siendo visto en una corte de Ontario en un esfuerzo por demostrar que existe un claro peligro de daño si uno se niega a revelar sus fuentes. Las recientes enmiendas al Código Penal canadiense exigen que los tribunales penales emitan una publicación prohibiendo la protección de la identidad de víctimas y testigos. Anteriormente, los casos decididos antes y después de la Carta enfatizaban la importancia de una justicia abierta y se negaban a permitir tales prohibiciones a menos que fueren necesarias por fines de seguridad. Es probable que estos dispositivos, u órdenes efectuadas en virtud de los mismos, sean puestos en tela de juicio bajo la Carta. Cada vez hay más ejemplos de personas que recurren a la legislación de derechos humanos en un esfuerzo por regular la actividad de la prensa. Por ejemplo, una queja bajo la “prestación equitativa de servicios”, dispositivo contenido en la Ley de Derechos Humanos de Ontario fue interpuesta contra un diario para obligarlo a referirse a los polacos cristianos en las notas relativas al Holocausto o a los judíos polacos. A pesar de las protestas del diario, la Comisión de Derechos Humanos determinó que tiene jurisdicción sobre los diarios y sobre los Consejos de Prensa. Sin embargo, la comisión sí encontró que una orden que obligaba al diario a incluir un contenido determinado sería incompatible con la protección de la libertad de expresión contenida en el Código de Derechos Humanos. Lamentablemente, la Comisión se negó a discutir el argumento que aduce que ésta carece de jurisdicción sobre el contenido publicado en los medios. La legislación de derechos humanos también ha sido utilizada para interponer quejas sobre la publicidad en diarios supuestamente discriminatoria contra los homosexuales. En uno de estos casos, se desestimó la queja porque todo su contenido era una cita de la Biblia y la Comisión de Derechos Humanos de Saskatchewan determinó que las citas bíblicas por sí solas no podían constituir la base de una discriminación. Sin embargo, esta misma Comisión ha aceptado una queja en un caso similar en el que, además de las citas bíblicas aparecen dos hombres tomados de las manos con un círculo rojo y una barra diagonal (el símbolo universal del “no”). El derecho a la privacidad personal es un problema legal reciente en Canadá. A la fecha, existe muy poca jurisprudencia sobre privacidad, con casos que se presentan principalmente en aquellas provincias que han aprobado una legislación que protege la privacidad personal. En 1998, la Corte Suprema de Canadá apoyó un fallo de la Corte de Apelaciones de Quebec que otorgaba a una mujer una indemnización de $2,000 por daños, aduciendo que se había violado su privacidad cuando se le tomó y publicó una foto sin su conocimiento. La Corte determinó que una persona tiene el derecho a la privacidad inclusive en lugares públicos, siempre y cuando no lleven una vida pública a través de actividades artísticas, culturales o profesionales. El dictamen se refiere al derecho a permanecer en el anonimato independientemente de si la imagen publicada perjudica a la persona o no. Esta decisión no marca un precedente en Canadá fuera de Quebec debido a que, a diferencia de otras provincias, Quebec tiene su propia Carta de Derechos, la cual incluye el derecho a la privacidad. En 1997, una Corte Superior de Quebec ordenó a un diario a pagar $24,900 a una mujer por haber publicado sin su consentimiento una foto de ella cuando acompañaba a su esposo a la corte. El fallo ha sido apelado ante la Corte de Apelaciones de Quebec pero, debido al número de casos interpuestos en esa Corte, es probable que dicha apelación no sea discutida sino hasta dentro de varios años. En 1998, el gobierno federal presentó un proyecto de ley denominado “Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos”. El propósito era de imponer restricciones sobre el uso de información personal con el fin de ofrecer a los “canadienses el derecho a la privacidad con respecto a la información que una organización recoja, utilice o revele en una era en la que la tecnología facilita cada vez más la recolección y el libre flujo de informacion”. Las restricciones sobre el uso de información son amplias y exigen, por ejemplo, el consentimiento del sujeto de la información para su uso en un fin diferente para el que fue obtenido originalmente. Como resultado del cabildeo por parte de la Asociación Canadiense de Diarios y otros representantes de los medios, la legislación contiene una excepción para la información personal que se recolecte, use o revele únicamente con propósitos periodísticos, artísticos o literarios. El gobierno federal espera que todas las provincias aprueben sus respectivas legislaciones provinciales o sobre este tema que se acojan a la ley federal. Por lo tanto, la Asociación Canadiense de Diarios viene observando muy de cerca el desarrollo de leyes provinciales similares, tales como la iniciativa de Columbia Británica para garantizar que se incluya una exoneración similar para los medios de comunicación.

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