Argentina

Aa
$.-
ARGENTINA La reforma de la Constitución Nacional acordada por los dos principales partidos políticos de la Argentina, el justicialista en el gobierno y el radical, de la oposición, hizo despertar profundas dudas sobre cómo se podría afectar la libertad de prensa existente en el país. Sin embargo, al concluir las sesiones de la asamblea reformadora, en agosto último, pudimos decir que, gracias a la prédica constante de los medios de prensa, se impidió que se recortasen peligrosamente las garantías constitucionales en vigor. Tal como ocurre en otros países, hay políticos y funcionarios que desean manipular a los medios de comunicación y de esa manera buscan fórmulas legales, aunque a veces procuren sus objetivos inclusive con la violación de los preceptos constitucionales. Es la constante batalla en que nos vemos involucrados en todo el continente y que ha llenado la historia de la SIP. En nuestro país, los partidarios del mal denominado derecho de réplica trataron de hacerlo entrar en la Constitución en virtud de una disposición por la cual se dio jerarquía constitucional a diez tratados internacionales, entre ellos el pacto de San José de Costa Rica, sobre derechos humanos. Al arreciar la acción de la prensa en contra de esa medida, el presidente de la República, Carlos Menem, volvió a pronunciarse en contra del derecho de réplica, pero algunos convencionales tanto del oficialismo como de la oposición no parecían dispuestos a seguir esa línea de pensamiento, mientras que otros compartían nuestra preocupación. Sólo persistentes campañas de esclarecimiento público y de largas conversaciones con los convencionales reunidos en la ciudad de Santa Fe dieron como fruto que se limitaran los alcances del Pacto de San José, al disponerse finalmente que no se derogara ningún artículo de la primera parte de la Constitución Nacional, que entre otros derechos intangibles prohibe toda forma de censura y la sanción de leyes restrictivas para la libertad de prensa (artículos 14 y 32). Se evitó así que se apliquen en la Argentina las disposiciones del pacto de San José de Costa Rica sobre derecho de réplica y censura previa. Es bueno reiterar constantemente, como lo hicimos en la Argentina en esa batalla ganada, que la réplica obligatoria es un acto de censura y generador, voluntario o no, de autocensura. Es así porque obliga a un medio de prensa a expresar algo contra su voluntad, lo que equivale a impedirle la manifestación de lo que piensa, y es censura tanto prohibir a alguien decir lo que quiere decir, como obligarlo a poner gratuitamente al servicio de otra persona o institución sus páginas, sus recursos periodísticos y empresarios y el trabajo de sus periodistas y empleados. El Pacto de San José sólo autoriza la aplicación del derecho de réplica cuando se trate de "medios de difusión legalmente reglamentados", situación no abierta en la Argentina porque no existe reglamento alguno sobre la forma de difusión de las informaciones en la prensa. Cabría, sí, la aplicación lógica de ese derecho en un medio de propiedad estatal, al cual debe suponerse que deben tener acceso razonable todos los ciudadanos ya que es sostenido económicamente por todos. La asamblea constituyente aprobó el artículo 43 sobre hábeas data, pero a continuación se dispuso que "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística". Este hábeas data establece que toda persona podrá interponer acción expeditiva y rápida de amparo para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir su suspensión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. Como decimos, esto no alcanza al secreto de las fuentes de información periodística. Más aún: el secreto profesional de los periodistas, que hasta aquí carecía de reconocimiento legal alguno, tiene ahora en la Argentina jerarquía constitucional. La Constitución de Buenos Aires, la provincia más importante del país -también reformada en su contenido- incorporó claras disposiciones con la garantía, no solamente de que el periodista no podrá ser obligado a revelar las fuentes informativas, sino que los medios no serán obligados a rectificar los datos que publiquen. Existen algunos temas de preocupación. En el Congreso está pendiente de consideración un proyecto de ley enviado por el gobierno por el cual se aumentan desmesuradamente las penas por los delitos de injurias y calumnias, evidentemente dirigidas a intimidar a la prensa. Se proponen para el periodismo sanciones más severas que las correspondientes a funcionarios que se enriquezcan ilícitamente. En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Nacional se aprobó una modificación reglamentaria por la cual esa cámara se adjudica poderes para arrestar hasta 10 días a la persona que esa rama parlamentaria considere que afectó los fueros de un senador. En un pasado no muy distante, responsables de medios periodísticos fueron detenidos por expresar críticas o discrepancias con la opinión de parlamentarios. Este proyecto es una grave amenaza para la libertad de expresión y de prensa y afecta la independencia de los poderes. En la provincia de Jujuy el periodista Ricardo Martínez, de El Tribuno, recibió amenazas anónimas cuando investigaba las graves quemaduras que sufrió en un atentado el joven Héctor Pérez. Una situación de acoso judicial se ha denunciado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, donde el director de El Diario, Jorge Alejo Farizano, ha tenido que soportar 15 querellas de origen oficial y ahora la policía se ha negado a suministrarle información que hace llegar a otros medios. El diario Hoy en la Noticia, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, ha reclamado administrativamente, y también ante la justicia, contra la medida de un inspector del Ministerio de Trabajo. Por la misma se le conminó a distribuir sus ej emplares por la Cooperativa de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines de La Plata. Hoy en la Noticia, por entender que esa cooperativa no atendía sus mejores intereses, había decidido entregar la distribución y venta a otras organizaciones. El diario La Arena, de Santa Rosa, provincia de La Pampa, denunció discriminación en la publicidad oficial. Demostró que aunque reúne el 43 por ciento de la publicidad de origen privado sólo tiene el 9 por ciento de la oficial. Lothar Draeger, corresponsal de La Arena en la ciudad de Toay fue amenazado de muerte por un concejal municipal y el padre de éste, después de informar, sin dar el nombre, que el edil había sufrido el embargo de sus remuneraciones por pedido del Banco de La Pampa. Hace dos semanas, el ex presidente Raúl Alfonsín entregó una declaración pública con críticas llamativas al diario La Nación y a su columnista político Atilio Cadorín, por entender que ese medio hace una campaña de desprestigio en su contra. El diario respaldó a su comentarista, ratificó el contenido de sus páginas editoriales y señaló que "las absurdas imputaciones del presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical en contra de La Nación revelan un preocupante grado de autoritarismo e intemperancia".

Compartí

0