Canadá

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CANADA La libertad de prensa y la libertad de expresión están garantizadas en Canadá por la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución, que expresa que toda persona tiene el derecho fundamental de "libertad de pensamiento, creencia religiosa, opinión y expresión, incluida la libertad de prensa y otros medios de comunicación". Sin embargo, Canadá no cuenta con una cláusula similar a la Primera Enmienda de Estados Unidos, que prohíbe explícitamente la interferencia con la prensa libre. De hecho, la "garantía" de libertad de prensa y de expresión en Canadá está sujeta específicamente en la Constitución "a límites razonables prescritos por ley que puedan justificarse en una sociedad libre y democrática". Esto abre la puerta a considerables restricciones. Distintos gobiernos canadienses han fijado numerosos límites a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, límites que en la mayoría de los casos han sido confirmados por los tribunales. Estos incluyen e! amplio poder de los tribunales para prohibir la publicación de informaciones vertidas durante juicios sobre administración de la justicia, una ley de lo criminal que prohíbe la incitación alodio contra grupos identificables y una nueva ley que prohíbe la publicación de información actualizada de encuestas de opinión en las 72 horas que anteceden a una elección federal. La Ley de Secretos Oficiales de Canadá considera un delito grave que cualquier persona, incluida la prensa, "retenga con cualquier propósito perjudicial a la seguridad y los intereses del Estado cualquier documento oficial ... o no cumpla cualquier orientación emitida por departamentos gubernamentales ... en relación con la devolución de tal documento". Con estos antecedentes, siguen pendientes ante los tribunales varios casos, descritos en el informe de 1993 sobre Canadá, y han surgido otros casos. 1. La Corte Suprema de Canadá se ha reservado su decisión sobre una apelación presentada por medios de comunicación canadienses contra la prohibición de publicación sobre una serie de casos de abuso sexual en Saskatchewan. La Corte de Apelaciones de Ontario también se ha reservado la decisión en la apelación por parte de medios de comunicación canadienses contra la prohibición de publicación de información sobre el juicio de una mujer acusada de homicidio en Ontario (Karla Homolka), en espera del juicio de su esposo (paul Teale) bajo cargos relacionados de asesinato. (Ese juicio ha sido demorado hasta 1995.) El Sr. Teale también objetó la prohibición de publicación de información sobre el fallo en el juicio de su esposa. La apelación de Ontario fue escuchada en enero de 1994 y hasta el momento no se tomado una decisión sobre el caso, lo que de hecho ha confirmado la prohibición durante los últimos nueve meses. 2. Varios periódicos canadienses han presentado una apelación contra una nueva ley federal que prohíbe la publicación de información actualizada de encuestas de opinión pública en las 72 horas anteriores a una elección federal. La ley sólo prohíbe la publicación de resultados de encuestas realizadas de manera profesional, es decir, sondeos que se atribuyan validez estadística. La ley permite la publicación de las llamadas "encuestas informales", que no se atribuyen validez estadística. Los medios de comunicación alegan que esta prohibición es anticonstitucional y una limitación injustificada de la libertad de expresión y de prensa. La apelación se escuchará en 1995. En los casos anteriormente mencionados, la velocidad a la que avanzan los procesos -o la falta de velocidad- puede resultar fundamental en relación con la sustanciación de las disputas. Las demoras en la consideración de los casos y en la emisión de fallos puede anular efectivamente las impugnaciones por parte de los medios de comunicación que buscan la anulación de la prohibición. 3. En agosto de 1994, varios medios de comunicación canadienses publicaron el contenido de un documento -emitido no oficialmente- de los archivos de la Comisión de Seguridad e Información de Canadá (CSIC). Un funcionario del CSIC ordenó al Toranto Star que devolviera el documento, a tenor con la Sección 4 de la Ley de Secretos Oficiales, que exige a cualquier persona cumplir las directivas de cualquier departamento gubernamental de devolver documentos oficiales que se consideren "perjudiciales para la seguridad o los intereses del Estado". El Toronto Star se negó a obedecer la orden e indicó que cualquier medida para hacerla cumplir sería impugnada con una demanda judicial sobre la constitucionalidad de esa sección de la Ley de Secretos Oficiales. Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna orden de hacer cumplir la directiva. 4. En octubre, un tribunal de Ontario escuchó un caso de lo criminal en que la Corona busca la anulación y destrucción de cinco pinturas y 35 dibujos decomisados a una galería de arte a tenor con la nueva ley contra la pornografía infantil. Los cargos criminales contra el artista y la galería se desestimaron después de quejas de grupos de derechos civiles, pero la sección de la ley sobre la anulación se hizo cumplir. La defensa alega que la ley, entre otras cosas, crea un límite anticonstitucional sobre la libre expresión. 5. En octubre, un tribunal de Ontario falló que una sección del Código Penal de Canadá que prohíbe la literatura que promueva el uso de drogas ilegales como la marihuana y la cocaína era una restricción anticonstitucional a la libertad de expresión. "Es una cláusula estatutaria dirigida a la censura", escribió la magistrada Ellen MacDonald. 6. Se mantiene la práctica de decomisar material visual o impreso en la frontera canadiense por parte de agentes de Aduana para hacer cumplir las leyes sobre pornografía y discriminación. Aunque es posible apelar estos decomisos, son procesos difíciles y con frecuencia costosos. Las restricciones anteriores del gobiernos a la publicación de libros, videos y películas de fuentes extranjeras sigue incitando oposición entre los grupos de derechos civiles en Canadá. El 11 de octubre, una librería de Vancouver, Columbia Británica, comenzó a escuchar alegatos en una impugnación judicial a la constitucionalidad de las leyes de Aduanas que permiten el decomiso de material escrito y visual en la frontera.

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