Bolivia

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BOLIVIA No han sido extraños los brotes de intemperancia y amedrentamiento contra la prensa desde esferas de los poderes del estado en lo que va de la reunión de Guatemala al pasado mes de marzo a la fecha, mientras el gobierno boliviano elabora un proyecto de Ley de Medios de Comunicación Social. El16 de abril, la reportera Judith Muñoz de radio Nueva América y el fotógrafo David García, del diario Primera Plana, ambos de la ciudad de La Paz, fueron detenidos por organismos de seguridad bajo cargos de vínculo con actividades terroristas en 1989, hecho que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de dicha ciudad calificó de violatorio de los derechos humanos y secuestro, durante el cual los afectados fueron esposados y encapuchados. En tanto, la Federación Latinoamericana de Periodistas se inclinó por pedir garantías al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para el ejercicio profesional. Los detenidos recobraron su libertad después de interponerse un recurso de habeas corpus en su favor. El 7 de junio, la Cámara de Diputados aprobó una resolución de rechazo a una publicación del diario paceño La Razón por considerarla lesiva a la dignidad de la mujer boliviana, previo debate aprovechado por dos diputados para tildar de "sesgado" e "irresponsable" el trabajo de los periodistas y estimar que la mencionada resolución debía servir como "un precedente para ponerle freno a la prensa", que por esos días criticó el desgano y la falta de interés parlamentario en el tratamiento de temas de importancia como la reforma educativa implantada luego en el país. Días después, el propio presidente Sánchez de Lozada calificó de "poco o nada objetivas" las noticias que difunden los medios, afirmando que se tornaban en jueces definitivos del prestigio de las personas y las instituciones. Acaso como consecuencia de estas posturas, las organizaciones sindicales de periodistas manifestaron el 12 de julio, al término de un encuentro, su preocupación y alarma por la "intolerancia política" que" amenaza a la libertad de prensa". El Octavo Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Prensa, celebrado el 28 de julio en la ciudad de Riberalta, denunció el "uso inescrupuloso" del Artículo 10 de la nueva Ley del Ministerio Público para conminar a los periodistas, bajo penalidad legal, a violar el secreto de la información mediante la revelación de las fuentes, en contradicción con lo establecido por la Ley de Imprenta de 1925, en plena vigencia. Paralelamente, el citado Congreso denunció "el control de la información y comunicación que, a través del Ministerio de Comunicación Social, del canal estatal y de redes y monopolios privados, el gobierno neoliberal está realizando un ejercicio inescrupuloso de la propaganda, desvirtuando así la función social y cultural de la comunicación". El 17 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la Ley de Imprenta ya citada, que dispone de un régimen especial para el tratamiento de faltas o delitos de prensa al declarar arbitraria la actuación de un fiscal y un juez de la ciudad de La Paz, que aceptaron en la vía penal el proceso iniciado por un político contra el periodista Wilson García Mérida, del diario Los Tiempos, de Cochabamba, por supuesta difamación y calumnia. En Sucre, a principios del mismo mes, un ciudadano presunto encubridor del ex dictador Luis García Meza, inició otro juicio por la vía ordinaria contra el diario Correo del Sur, demandando con apoyo fiscal y del juez penal de la causa la revelación de la autoría y las fuentes de una información relativa al caso. La defensa del diario, amparada en las estipulaciones de la Ley de Imprenta, no mereció respuesta del fiscal ni de la judicatura, permaneciendo el proceso en status quo. El 5 de septiembre, la policía agredió físicamente a por lo menos seis periodistas y un camarógrafo que cubrían una manifestación popular contra el gobierno en la ciudad de La Paz, circunstancia que llevó a la Asociación de Periodistas a constituirse en parte civil para enjuiciar a un grupo especial policíaco al mando de un capitán identificado que finalmente fue suspendido de sus funciones. En torno a este mismo asunto, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados impidió que ese cuerpo legislativo aprobara una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo para que investigara la agresión contra los periodistas e identificara y sancionara a sus autores. El 6 de septiembre, en momentos en que la convulsión social protagonizada por campesinos productores de coca preocupaba a todo el país, el ministro de Comunicación Social acusó a los medios de dar información distorsionada de los hechos. Por su parte, el ministro de Gobierno afirmó que no existía ese clima convulsivo reflejado por el periodismo nacional. El 9 de septiembre, y en ocasión de la toma de posesión del nuevo directorio del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el vicepresidente de la República, Hugo Cárdenas, en función temporal de la Presidencia de la nación, escuchó quejas de los sindicalistas por actos de violencia y presiones contra la prensa, en lo que uno de ellos calificó de terrorismo de Estado, a lo que el mandatario respondió que "gobierno, sociedad civil, medios de comunicación social, absolutamente todos, tenemos que tener la capacidad de aceptar el desafío de convivir bajo las reglas del juego del sistema democrático" . El 20 de septiembre, el comandante de la Armada Boliviana, Julio Molina, sujeto a un proceso militar por supuesto acoso sexual, violación y abuso de poder, responsabilizó a la prensa de haber causado un "escándalo de proporciones" en torno a su persona, así como de haber mellado el nombre de su familia, pidiéndole respeto para su institución y un manejo "con mucha delicadeza" de la información. En medio de este clima, el 25 de septiembre, el ministro de Comunicación Social anunció que su despacho está recopilando datos para la elaboración de una futura Ley de Medios de Comunicación. Explicó que inicialmente se hará una comparación de las leyes sobre la materia existentes en otros países para convocar después a representantes de los medios con objeto de que puedan expresar sus puntos de vista. "Nosotros vivimos -argumentó el Ministro- con una Ley de Imprenta de 1925. Sin embargo, hoy tenemos una tecnología informativa que jamás imaginamos", a manera de justificación de su empeño por renovar la legislación vigente. Entretanto, el 31 de agosto, los directores de los principales periódicos del país efectuaron una reunión en la que determinaron volver a fundar de la Asociación Nacional de la Prensa, disuelta en 1983, para actuar de consuno frente a la problemática en general del periodismo boliviano.

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