Brasil

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BRASIL Existen dispositivos constitucionales que garantizan la libertad de expresión. A lo largo de los últimos doce meses se registraron algunos incidentes aislados que requirieron la intervención de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ), a través de su Comité de Libertad de Expresión. Según la ANJ, la libertad de expresión no solamente debe ser defendida de eventuales amenazas, sino también promocionada y estimulada. Es así que desde abril de 1994, el Comité de Libertad de Expresión viene coordinando con los diarios afiliados la divulgación en el Brasil de la Carta de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión en el continente, promoviendo su suscripción por parte de autoridades, así como de líderes políticos, empresariales, culturales y profesionales. Frente a los errores de los tribunales de primera instancia, la ANJ se ha mantenido vigilante y ha tomado la iniciativa del recurrir a instancias superiores en las cuales hay magistrados dotados de una mejor formación jurídica y que se sienten menos presionados por asuntos locales, razón por la cual han podido restablecer la primacía de los principios fundamentales de la libertad y del derecho. Una de las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión proviene, paradójicamente, de una ley concebida para asegurar los derechos, el llamado Estatuto del Niño y del Adolescente. El referido texto permite a los jueces de primera instancia suspender la circulación de hasta dos ediciones, independientemente del juicio que se entable, de publicaciones acusadas de infringir dispositivos del Estatuto. Hace más de un año, la Procuraduría General de la República aceptó la posición de la ANJ, que argumentaba que la pena es anticonstitucional. Sin embargo, hasta la fecha el Supremo Tribunal Federal no ha dictaminado al respecto. En este segundo semestre de 1994, Brasil vive la agitación cívica provocada por la realización de las mayores elecciones de su historia, en términos del número de electores y debido a que simultáneamente se están disputando los cargos de Presidente de la República, gobernadores de estado, senadores (2/3 del senado), diputados federales y diputados estatales. Con el objetivo de esclarecer eventuales puntos oscuros acerca del papel de la prensa en la cobertura de las elecciones libres y democráticas, la ANJ invitó al presidente del Tribunal Superior Electoral, ministro Sepúlveda Pertence, para que dictara una charla durante el Encuentro Regional de Diarios que organizó en Salvador, Bahía. Durante su presentación, el ministro Pertence aseguró que no existen restricciones a la libertad de prensa en función de la campaña electoral y que las únicas limitaciones en vigor son aquéllas estipuladas en la legislación, referentes a los medios electrónicos y a las dimensiones de la propaganda electoral en los medios impresos. El presidente del Tribunal Superior Electoral elogió la actuación de la entidad en su lucha a favor de la libertad de expresión y de la consolidación de la democracia en el país. Sin embargo, admitió que en la actual campaña electoral vienen ocurriendo una serie de malos entendidos "inclusive hasta entre los mismos jueces", quienes pretenden, en determinados momentos, imponer a la prensa escrita las restricciones aplicables a las emisoras de radio y televisión. Finalmente, la jueza del 11 º Tribunal de Justicia del Trabajo de Belén, Maria Edilene Oliveira, consideró anticonstitucional el decreto ley 972 de 1969, según el cual sólo pueden ejercer la profesión de periodista las personas que tengan un diploma de comunicador social y el registro profesional. La decisión benefició a siete periodistas no diplomados del diario O Liberal que presentaron una demanda judicial para defender sus puestos de trabajo. Según la sentencia, "al exigir el diploma de periodista, el decreto ley 972 de 1969 afecta negativamente el derecho de informar y ser informado". La jueza consideró el decreto anticonstitucional por infringir los Artículos 5 y 220 de la Constitución federal. El primer artículo garantiza la libertad del ejercicio profesional y el segundo, la libertad de expresión de pensamiento, de expresión e información. El presidente del Sindicato de Empresas de Radio y Televisión de Pará, Fernando Nascimento, declaró que "no existe el menor interés por parte de las empresas en responder a las acciones interpuestas por los periodistas". También se han emitido acciones cautelares a favor de otros 39 periodistas de cuatro empresas que aún se encuentran en espera del fallo definitivo.

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