Brasil

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BRASIL Dentro de un clima general de libertad de expresión, existen algunos episodios aislados que se describen en este informe. En octubre, dos importantes denuncias que involucraban a miembros del Congreso Nacional hicieron que las dos cámaras legislativas se movilizaran para defender el decoro parlamentario y deslindar responsabilidades. La primera de ellas fue por un caso de soborno de tres diputados para que cambiaran de partido político, la que hizo que la Cámara iniciara una investigación para considerar la destitución de los mismos, proceso que ahora está en marcha. La segunda denuncia provocó la conformación de una comisión investigadora con respecto a las irregularidades cometidas en la distribución de fondos federales a las prefecturas y entidades de asistencia social. La libertad de prensa continúa siendo amenazada por el Estatuto del Niño y el Adolescente, que permite a los tribunales confiscar diarios y revistas y suspender las transmisiones de radio y televisión por dos días. Un juez de Río de Janeiro recurrió a esta ley para suspender por 24 horas la circulación del diario O Dia e imponerle una multa porque supuestamente el medio había dañado el honor y la reputación de una adolescente, vinculándola con un esquema de fraudes en los exámenes de ingreso a la universidad. La Asociación Nacional de Diarios (ANJ) protestó contra el recorte de la libertad de expresion, invocando el hecho de que ese estatuto estaba siendo objeto de una accion de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema Federal (STF). El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro suspendió la medida del juez hasta que la Corte Suprema dictaminara sobre el Estatuto. El anteproyecto de la nueva Ley de Prensa, ya aprobado por el Senado Federal, continúa siendo discutido en la Cámara de Diputados. Durante estos últimos meses, el tema ha sido discutido en audiencias públicas promovidas por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Federal. El siguiente es un breve resumen de algunos episodios aislados relativos a la libertad de expresión en el Brasil durante el período que se analiza: En abril, dos hombres no identificados, armados de revólveres, prendieron fuego al automóvil del periodista Reinaldo Cabral, corresponsal del Jornal do Brasil en Maceió, capital del estado de Alagoas, en la puerta de su residencia. La Asociación Nacional de Diarios -ANJ- envió su protesta al gobernador del estado y al Ministro de Justicia, y les pidió protección para el periodista, que había hecho una serie de reportajes en los que vinculaba a la policía con la onda de violencia que azota al estado. En mayo, el ex-gobernador del estado de Bahía, Nilo Coelho, fue acusado de haber atropellado intencionalmente con su automóvil al fotógrafo del Correío da Bahía, diario de oposición. Actualmente está siendo procesado judicialmente. En agosto, un juez interino de Palmas, capital del estado de Tocantins, acató un auto precautelatorio presentado por el ex-gobernador José W. Siqueira Campos, que ordenaba suspender la divulgación por parte de la prensa de noticias relacionadas con el uso de fondos federales del Instituto de Asistencia Médica del Seguro Social (INAMPS) de dicho estado. Ante las protestas de la ANJ, el presidente del Tribunal suspendió la medida. Esta suspensión también había sido solicitada por la Procuraduría General de Tocantins. Ese mismo mes, el diario Notícías Populares de Sao Paulo, capital, obtuvo otra victoria en la lucha que viene librando en los tribunales contra Roberto Carlos, por el derecho a publicar una serie de reportajes censurados a solicitud del cantante mediante una querella judicial iniciada en enero. El Juez de la Tercera Sala Civil rechazó el pedido del abogado del cantante, que deseaba una aclaración sobre la sentencia en favor del diario. Cabe recordar que la ANJ consideró inconstitucional la censura de dichos reportajes el pasado mes de enero. Otros medios periodísticos también protestaron contra tal medida. En setiembre, el juez de la Policía Judicial de Santos, estado de Sao Paulo, determinó que sólo con su "previa y expresa autorización" un preso podría ser entrevistado o presentado ante la prensa. Además de asignar una página de espacio al derecho de réplica de un preso, mandó abrir una investigación en la Policía contra el detective que supuestamente había sido la fuente de información de un reportaje de la Tribuna de Santos, así como contra el reportero que redactó la noticia. La ANJ protestó contra la decisión del juez ante el presidente del Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Continúan las investigaciones por part~ de la autoridad judicial. A fines de octubre, dos importantes hechos en el Congreso Nacional acapararon la atención de la opinión pública, ambos resultado de denuncias hechas por la prensa. La primera fue contra algunos diputados que habrían recibido importantes cantidades en dólares por ingresar al Partido Social Demócrata. El magistrado de la Cámara de Diputados escuchó ambas versiones y aceptó la denuncia, pidiendo la renuncia de los tres diputados. La Presidencia de la Cámara aceptó la sugerencia y el proceso está en marcha. Otra denuncia mucho más grave planteada por un ex-funcionario del Senado y ex-director de presupuesto del Gobierno Federal a través de la revista Veja, en la que se involucraba a varios diputados y senadores, además de ministros, ex-ministros y gobernadores de diferentes estados en irregularidades en el uso de fondos del Presupuesto de la Unión aprobado por el Congreso, determinó la conformación de una Comisión Investigadora que, a fines de mes, avanzaba en sus investigaciones, mereciendo amplia cobertura en todos los medios de comunicación del país. El Congreso brasileño, en cumplimiento de un dispositivo de la Constitución de 1988, está iniciando un proceso de revisión y actualización de la Constitución. Los medios de comunicación y los profesionales de la prensa esperan que se mantengan las conquistas mantenidas en esa carta. El día 5 de noviembre, el juez de la 8' Sala Civil de la ciudad de Campinas, Sao Paulo, dictaminó la suspensión de la publicación Disque-Moreira, que estaba siendo publicada por el diario Correio Popular de dicha ciudad. El fallo había sido solicitado por el diputado Manoel Moreira, uno de los diputados federales que están siendo acusados de corrupción por el uso irregular de fondos de la República. Correio Popular tuvo que cambiar el título de la columna por el de Disque-Censura, estampando junto al logotipo de la portada, la expresión "bajo censura".

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