Colombia

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COLOMBIA En Colombia existe un régimen de libertad de prensa que sin embargo se ve amenazado por dos fenómenos: la violencia contra periodistas y las restricciones de tipo jurídico que nuevos derechos sociales consagrados en la Constitución del 91 plantean a los medios informativos. En relación con el primer punto, en el año transcurrido desde la última Asamblea de la SIP en Madrid, en Colombia han sido asesinados once periodistas. Los siguientes son los hechos de violencia destacados contra la prensa en este lapso: Octubre 7-92. Germán Olano Moreno, reportero gráfico y vicepresidente de la Asociación Nacional de Fotógrafos, fue asesinado por desconocidos que le dispararon con un arma de fuego en la ciudad de Medellín. Noviembre 15-92. José Carlos Soto y Cecilia González, de Radio Urra, fueron asesinados por un comando guerrillero cerca de la ciudad de Valencia, en el departamento de Córdoba. Enero 28-93. José de la Espriella, ex-concejal y periodista, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta en Barranquilla. De la Espriella había sido director del extinto diario El Nacional de esta ciudad. Enero 30-93. María del Rosario Arrazola y Plinio Mendoza, periodistas de El Tiempo, fueron impedidos por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de trabajar en sus zonas de influencia. Febrero 9-93. La esposa del periodista Hugo Varela Mondragón, secuestrado y asesinado el 21 de abril de 1992, denunció haber recibido llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Febrero 11-93. Gerardo Didier Gómez, cronista taurino, fue asesinado mientras conducía su automóvil entre las ciudades de Cali y Buga. Le dispararon desde una motocicleta. Marzo 12-93. Eustorgio Colmenares, director del diario La Opinión, fue asesinado en la ciudad de Cúcuta por un comando del llamado Ejército de Liberación Nacional. El grupo guerrillero anunció que esto era un llamado de atención a todos los medios de comunicación por sus "prácticas desinformativas" Marzo 17-93. Martín Alonso Aragón, del "Noticiero de las Siete", fue secuestrado por miembros de la Coordinadora Guerrillera. Abril 10-93. Jaime Ardilla Casamitjana, director propietario del diario vespertino El Espacio de Bogotá, fue secuestrado por la guerrilla en Valledupar. Fue liberado el 17 de mayo. Abril 19-93. Carlos Lajud Catalán, director de un programa de opinión de la Radio ABC de Barranquilla, fue asesinado por dos individuos que le dispararon desde una motocicleta mientras se dirigía a su emisora. Agosto 3-93. Nelson de la Rosa Toscano, reportero gráfico del diario El Universal de Cartagena, fue asesinado por asaltantes desconocidos que le dispararon a dos cuadras de su residencia. Agosto 19-93. Elías Jaimes Castillo, periodista y abogado, murió en una clínica de Cúcuta a consecuencia de los disparos que el 8 de julio le hicieron dos sicarios desde una moto. Septiembre 3-93. El ex-alcalde de la ciudad de Arauca, José Gregario González Cisneros, fue capturado bajo la acusación de ser autor intelectual del asesinato del corresponsal de El Tiempo en Bogotá, Henry Rojas Monje, ocurrido el 28 de septiembre de 1991 en esta población. Septiembre 28-93. Manuel José Martínez, periodista de Radio Super, de Popayán, fue asesinado por dos hombres desconocidos que le dispararon en la puerta de su casa. El periodista conducía un programa radial de denuncias y servicio a la comunidad. Septiembre 29-93. Bienvenido Lemas, de Radio Caracol, fue asesinado cuando un grupo de desconocidos le disparó en la ciudad de Buenaventura. Se desconoce la autoría de la mayoría de estos asesinatos -todos impunes hasta el momento- y ninguno ha podido ser atribuído directamente al narcotráfico, que hasta hace un año constituía la principal fuente de violencia contra los periodistas. Se confirma, en cambio, que la guerrilla representa hoy la principal amenaza en este campo. En forma paralela con un clima de violencia, que sigue actuando como un elemento de intimidación sobre el 'oficio de informar y opinar en Colombia, persisten las preocupantes restricciones jurídicas que desde hace ya dos años, desde la aprobación de la nueva Constitución, afectan la libertad de prensa en mi país. A manera de ejemplo, menciono apenas algunos de los numerosos casos que se han presentado en el último año. A raíz de esta "acción de tutela" (recurso de amparo) entablada por el Ministro de Agricultura contra el director de noticias de la cadena radial Caracol, el juez redactó los términos precisos de la rectificación que debía hacer el medio, especificando hasta la hora y las veces en que ésta debía ser leída por el propio director, lo que constituye una intervención directa en el manejo interno de las empresas periodísticas. Una sentencia de la Corte Constitucional exige a los caricaturistas de la prensa "eliminar los abusos y desproporciones", lo que atenta contra la naturaleza misma de la caricatura, que por esencia es irreverente y exagerada. A propósito de una acción de tutela de un senador contra el noticiero de televisión "QAP", esta misma corte determinó que las noticias no pueden involucrar opiniones. Con esta sentencia se pretende disociar la función informativa de la orientadora e interpretativa, lo que va en contravía con la tendencia analítica del periodismo moderno. En particular, de la prensa escrita. Alegando la defensa del derecho a la intimidad, el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a tres diarios a pagar una indemnización a los deudos de un popular cantante que había sido asesinado, en un caso que conmovió a toda la opinión, por haber publicado informaciones y fotos sobre las andanzas extramatrimoniales del famoso artista. En sentencia previa les había prohibido a estos diarios informar sobre el caso. Interpretaciones de esta índole de las normas sobre la llamada acción de tutela se están constituyendo en una mordaza para la libertad de prensa. En varias ocasiones se han proferido fallos que ordenaron rectificaciones sin que previamente los afectados se las hubieran solicitado al medio. En otras, no se le había permitido al medio involucrado hacerse parte del pleito, violando así el debido proceso y el derecho a la defensa. Un magistrado ordenó a los diarios El Tiempo y La Prensa rectificar una información sobre la conexión con la guerrilla de un ciudadano (Orlando Rueda Arguello), quien posteriormente fue detenido y acusado de secuestro, terrorismo y extorsión. El director de La Prensa, Juan Carlos Pastrana, quien se negó a cumplir la orden de rectificación, fue sancionado en mayo con 10 días de arresto. El Vicefiscal General de la Nación, Francisco José Sintura, inició en julio una investigación penal contra El Tiempo por presunta violación de la reserva del sumario, tras la publicación de una serie de artículos, sobre lo que ocurría en la cárcel de Envigado, de donde se fugó Pablo Escobar. El pasado mes de octubre, el Congreso aprobó una ley que prohibe a los medios de información divulgar el día de elecciones, entrevistas, reportajes o discursos de carácter político. Esta determinación forma parte de una ya vieja actitud de hostilidad y animadversión por parte de muchos sectores del Congreso frente a los medios de comunicación por su labor de fiscalización del poder legislativo. Dentro del preocupante panorama de restricciones a la prensa originadas en el Poder Judicial o Legislativo, también cabe destacar algunas rectificaciones positivas por parte de los tribunales de justicia. En mayo, la Corte Constitucional declaró improcedentes las acciones de tutela contra las opiniones o juicios de valor expresados por columnistas, redactores, o editorialistas. El pasado mes de octubre, esta misma corte dejó sin piso jurídico las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal a través de las cuales los jueces podían presumir la violación de la reserva del sumario por parte de la prensa. Ningún medio podrá ser sancionado por violación de la reserva sumarial si ésta no se ha comprobado plenamente. Por otra parte, el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo promulgado en septiembre, ratificó que el derecho de reserva de la fuente es inviolable. Finalmente, vale la pena destacar que en estos días el Congreso colombiano está debatiendo la conversión en ley permanente del decreto del gobierno del Presidente Gaviria sobre "conmoción interior", una de cuyas normas prohibe a los medios electrónicos la difusión de comunicados, declaraciones o entrevistas a personas u organizaciones que se encuentren al margen de la ley. La Asociación de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), ha expresado que la autorregulación -a la que se comprometen los medios- es el mecanismo idóneo para estos casos, ya que la aprobación de dicha ley sería un muy grave precedente para el futuro de la libertad de información en Colombia.

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