Chile

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CHILE La prensa en Chile desarrolla su labor sin restricciones, pero existe la amenaza cierta de aprobarse una legislación que la afectaría gravemente. Dentro del período que comprende este informe, el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley denominado" sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo". Existe el riesgo de un retroceso en el ejerccio de libertad de prensa, pues el gobierno ha enviado un proyecto de ley al Congreso que significa revivir instituciones retrógradas. El pasado 8 de julio se envió al Parlamento el referido proyecto de ley. En anteriores informes se consignó el trabajo que realizaba por más de dos años, una comisión convocada por el gobierno e integrada por todos los sectores vinculados con los medios de comunicación. Su objetivo, que cumplió sólo en parte, era dar forma a una nueva legislación de prensa que significara una consolidación definitiva de la libertad de expresión. Entre las disposiciones que cumplieron con esa aspiración se pueden mencionar la que establece la competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer de los presuntos delitos que puedan cometer los medios de comunicación y los periodistas. Se dejaría atrás así un tema que constituyó un grave problema para la prensa nacional cual era el juzgamiento de periodistas por parte de los Tribunales Militares. Asimismo, se acordó una precisa regulación para los casos en que lo jueces pueden prohibir toda información sobre una causa particular que estén conociendo. Los dos aspectos ya mencionados han sido motivo de preocupación de los medios y de los periodistas chilenos. Asimismo, fueron mencionados en todos nuestros informes como aspectos negativos de nuestra realidad informativa y respecto de ellos se presentaron proyectos de ley tendientes a lograr igual objetivo que el que pretende la nueva legislación propuesta. Entre otros aspectos positivos del proyecto de ley, debe mencionarse, también, el libre acceso a las fuentes, con derecho preferencial para periodistas y directores de los medios; el establecimiento legal y expreso del secreto profesional periodístico, sancionándose su quebranto; se equipara la situación procesal del periodista con la de otros profesionales citados a declarar en juicio; sanciona la violación de la intimidad de las personas. Este último aspecto es relevante debido al profundo debate que hubo sobre este tema durante el período comprendido en este informe, ello debido a la prohibición de circulación que se decretó por parte de los Tribunales del libro "Impunidad Diplomática", del periodista Francisco Martorell, que contiene una serie de detalles de un supuesto diario de vida - cuya existencia nunca ha sido acreditada - de quien fuera la esposa del ex-embajador argentino en Santiago, Oscar Espinoza Melo. Asimismo, ello le valió a Martorell la presentación de una serie de querellas criminales. Actualmente el periodista ha abandonado el país, esgrimiendo que no confía en la justicia chilena. Todos los acuerdos producidos en la conformación de este proyecto entre las instituciones que participaron -Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), Escuelas de Periodismo de la Universidad de Chile y Católica, Colegio de Periodistas y el constitucionalista José Luis Cea- encontraron dos aspectos de desacuerdo grave y que provocaron un retroceso en la aprobación de los positivos: la exclusividad que se otorga a los periodistas universitarios para desempeñarse en los medios de comunicación y la llamada cláusula de conciencia. La mayoría de las instituciones mencionadas estuvieron por fórmulas distintas a las propuestas, ello pese a que el gobierno reiteradamente señala que su proyecto es fruto del acuerdo como una manera de darle fuerza a su proposición. Es preciso señalar que el constitucionalista José Luis Cea, que integró la comisión, ha manifestado que existen a lo menos siete inconstitucionalidades en el proyecto en la forma en que fue enviado por el Ejecutivo (documento que acompaño a este informe). Por cierto, que se viola la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 12, que asegura a todos los chilenos las libertades de opinión y de información. Se reproduce el texto de los principales artículos: Artículo Tercero: son periodistas y sólo ellas podrán usar esa denominación, las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquéllas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior. Artículo Cuarto: son privativas de la profesión periodística: a) La dirección interna de servicios informativos de medios de comunicación social. b) Reportear, elaborar y editar noticias, informaciones y crónicas habituales, reportajes, pautas, guiones o libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social. Luego se señala que el director del medio, sea o no periodista, podrá desempeñar las anteriores funciones mientras esté en el cargo. La cláusula de conciencia se establece en el artículo octavo, que señala: "Se reconoce a los periodistas laborantes en una empresa periodística el derecho a la cláusula de conciencia, en cuya virtud podrán: a) Negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios éticos y profesionales del periodista o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas, sin que puedan sufrir ningún tipo de perjuicio por su negativa justificada. b) Terminar la relación jurídica que los une a la empresa cuando se produzca un cambio sustancial en el carácter u orientación del medio, si éste supone una situación que atente a su honor o fama o sea incompatible con sus convicciones morales o cuando se hubiere infringido reiteradamente el derecho que les confiere la letra a) de este inciso. El ejercicio de esta facultad dará lugar a la indemnización que en cada caso fijen los Tribunales del Trabajo, la que no podrá ser inferior a la pactada individual o colectivamente o, en su defecto, a la establecida en la ley ... " Demás está decir que la cláusula de conciencia constituye un privilegio del que no goza ningún otro trabajador o profesional en Chile. El proyecto de ley contiene, además, otras disposiciones que han merecido objeciones, como la obligación para las empresas periodísticas de contratar seguros por posibles delitos de prensa que puedan cometer sus periodistas, y los altos montos de las multas que afectarían vitalmente a las empresas de regiones y provincias.

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