Panamá

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PANAMA Continúan en vigencia leyes que se aprobaron y aplicaron durante la dictadura con el propósito de restringir la libertad de prensa y controlar la información. Aunque esas leyes no se han aplicado en los últimos cuatro años, su existencia es un peligro potencial que preocupa a los periodistas y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por otra parte, en el último año han ocurrido ciertos hechos que revelan una creciente intolerancia hacia el libre ejercicio periodístico, tales como frecuentes amenazas y hasta agresiones verbales y físicas contra reporteros y columnistas. Los hechos más sobresalientes son los siguientes: El 7 de enero, algunos agentes de seguridad amedrentaron con sus armas a periodistas que procuraban obtener información en la Procuraduría General de la Nación. El 20 de junio, un camarógrafo de Canal 13 fue golpeado por agentes de policía mientras procuraba cubrir un allanamiento. Su equipo de video fue destruido. Poco después, un fotógrafo de La Prensa y un camarógrafo de Canal 4 también fueron agredidos por agentes del Servicio de Protección Institucional (organismo de seguridad pública) mientras cubrían la reconstrucción del crimen de Hugo Spadafora. El 13 de septiembre, el director del Servicio de Protección Institucional agredió a dos periodistas de Crítica Libre en un restaurante de la ciudad de Panamá. En dos ocasiones, un columnista de La Estrella de Panamá ha sido agredido por particulares que se sintieron agraviados por sus escritos. El presidente y editor del diario El Siglo, fue detenido por cinco días, en cumplimiento de una sanción impuesta por la juez Cuarta del Circuito de Panamá, quien consideró que Padilla, actuando en una diligencia judicial, la ultrajó y faltó al respeto. La detención se ejecutó por decisión de la Corte Suprema de Justicia, varios meses después de dictada. Padilla se refugió en la embajada de Costa Rica y pidió asilo, pero al negársele por considerar que no se trataba de delito político alguno, se entregó a las autoridades. La Asociación Panameña de Radiodifusión ha presentado una denuncia ante la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Asamblea Legislativa, por considerar que las autoridades asignan las frecuencias de radio de manera ilegal y arbitraria. La Corte Suprema de Justicia declaró constitucionalmente exequible e! proyeto de ley mediante el cual se ordenó la devolución de los bienes usurpados a Editora Panamá América S.A., se cancelaron los gravámenes hipotecarios otorgados por quienes no poseían legitimo título para hacerlo y se dispuso que e! gobierno debería asumir el pago de las prestaciones laborales correspondientes a los empleados de Editora Renovación S.A., empresa que los militares usaron para despojar a Editora Panamá América S.A. de sus activos. El gobierno acató la decisión. ElIZ de junio, un grupo de treinta representantes de prensa, radio y televisión de Centroamérica, reunidos bajo los auspicios de PROCEPER (Programa Centroamericano de Periodismo) aprobaron en Nueva Orleans una Declaración de Principios del Periodismo Centroamericano. El 1 S de septiembre, los miembros del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información suscribieron públicamente un Código de Etica e invitaron a que lo adopten todos los periodistas que lo compartan. En cuanto a las limitaciones legales al libre ejercicio del periodismo, son producto de diversas normas, tales como la ley 11 de 1978, "por medio de la cual se dictan medidas en relación con los medios de comunicación social y publicación de material impreso", que otorga a las autoridades administrativas del Ministerio de Gobierno y Justicia la facultad de imponer multas, penas de prisión y hasta disponer el cierre de medios e imprentas. La ley 67 de 1978, "por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de periodistas", establece el régimen de idoneidades (licencias) para ejercer el periodismo. Las idoneidades son otorgadas a quienes cumplan con los requerimientos de la ley, según lo determine la Junta Técnica de Periodismo nombrada por el Ministerio de Gobierno y Justicia (ley 68 de 1978). Dos años atrás, el gobierno dictó un decreto nombrando a los miembros de la Junta Técnica, pero la inmediata y enérgica reacción censurando el hecho, obligó a la derogatoria del decreto. También preocupa la existencia de disposiciones penales en materia de calumnia e injuria que las convierte en delitos calificados por el resultado, sin distinguir grados de dolo, culpa o negligencia, con penas más severas cuando el ofendido es funcionario público. Otro tanto ocurre en los llamados delitos contra la economía nacional, de ambigua redacción, así como en algunas disposiciones del Código Administrativo, vigente desde 1917, que fueron aplicados por la dictadura para impedir la circulación de varios diarios. Los esfuerzos por derogar esas normas han fracasado, en parte porque algunos gremios de periodistas prefieren mantener el sistema de idoneidades, pero sobre todo por la ausencia de una voluntad política clara en los órganos Legislativo y Ejecutivo para decidir lo que debe hacerse en esta materia.

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