Colombia

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COLOMBIA A la violencia de diverso origen que padece Colombia, y que en los últimos seis meses ha cobrado la vida de seis periodistas, se han sumado una serie de nuevas normas jurídicas que hoy constituyen una grave amenaza para la libertad de prensa. El 27 de marzo, el jefe de prensa de la Alcaldía de Cartago, José Miguel Amaya Espinosa, fue asesinado de varios impactos de bala por desconocidos que intentaban asaltar un establecimien to público. El 6 de mayo, el periodista Ismael Cortés, director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, fue asesinado en Barrancabermeja por sicarios, en momentos en que una Comisión de Derechos Humanos de la OEA realizaba una visita a esa ciudad. El 2 de junio, tres integrantes del Noticiero Noti-5, Bernabé Cortés, periodista, Fernando Montaña, camarógrafo, y el auxiliar Alexis Balanta, fueron secuestrados en Cali por una columna guerrillera del ELN, luego de asesinar a un policía. Tres días después fueron liberados con un comunicado cuya divulgación exigían sus captores. El 5 de junio, grupos subversivos colocaron en las cadenas radiales de Todelar y Caracol artefactos dinamiteros que dejaron daños de consideración en los equipos de comunicaciones. La cadena Caracol dijo que su sistema de radioteléfono de la red nacional fue destruida a martillazos y bala. El 9 de junio, el gru po subversivo ELN, en un comunicado dado a conocer desde Tlaxcala (México), amenazó a la cadena radial Caracol y al periódico El Tiempo, acusándolos de "manipular la información" y de "ocultar la verdad". El 6 de julio, la periodista Gloria Noriega Torres fue asesinada por desconocidos en el pueblo de La Paz, en el departamento del César. El 26 de julio, el reportero Wilson Montoya, de Radio Cadena Nacional (RCN), fue encontrado muerto cerca a la Universidad de Antioquia en Medellín. El 5 de agosto, sicarios que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a tiros en Cartago al periodista John Félix Tirado, redactor judicial del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Periodistas del diario recibieron amenazas de muerte por la guerrilla porque el rotativo Inició una campaña contra el secuestro en esa zona y por la publicación de una serie de avisos pagados por la Brigada Militar. Luego intensificaron las amenazas con cartas en las que acusan al diario de "estar vendido a los militares". El 26 de agosto, el popular locutor deportivo de la cadena Caracol en Medellín, Luis Fernando Munera Eastman, fue víctima de un atentado en el que recibió 10 disparos. Esta acción criminal fue atribuida al narcotráfico. En diversos editoriales del pasado mes de agosto, el periódico La Prensa acusó al gobierno de discriminación en la publicidad estatal, como forma de censura por sus críticas en contra de la administración Gaviria. Comentaristas de prensa no han estimado hasta el momento que estas sindicaciones tengan fundamento alguno. Desde el punto de vista institucional, a raíz de la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vive momentos de transición y una preocupante situación de confusión e inestabilidad jurídica, que también está afectando a la prensa. El Decreto 2591 de 1991 (reglamentario de la nueva Institución consagrada en el Artículo 86 de la Carta Polftica, denominada" Acción de Tutela') ha dado pie para acciones judiciales contra la prensa. Al amparo de la ambigua redacción del decreto, jueces y tribunales de la República han proferido fallos restrictivos de la libertad de información y prensa, viola torios de la prohibición de censura consagrada en el Artículo 20 de la Constitución de 1991. Algunos casos recientes son los siguientes: • Un juez de la ciudad de Cali, sin oír a los demandados, ni permitirles la defensa, ordenó a los diarios El Tiempo y El Espectador y a dos noticieros de televisión rectificar una noticia en la que, con base en informaciones suministradas por altos oficiales de la inteligencia policial, se comentaba sobre actuaciones delictivas de una persona presumiblemente vinculada con el narcotráfico. Debido a la errónea redacción de las normas (obligación de dar cumplimiento a la decisión judicial, so pena de arresto), los medios tuvieron que efectuar la rectificación, a pesar de su insistencia en la veracidad de la información. • Un juez de la ciudad de Barranquilla conminó a tres diarios, El Heraldo, El Espacio y La Libertad, en el curso de una acción de tutela, a abstenerse de informar sobre aspectos de la vida y de la muerte de un conocido cantante, víctima de un asesinato que aún se encuentra sin aclarar por las autoridades. De éste y otros casos ha surgido en Colombia la polémica sobre los límites del derecho de informar, ser informado y el derecho a la intimidad, discusiones que por lo general no tienen en cuenta el principio rector de que la prensa está 50-metida a responsabilidades posteriores, pero que no puede en ninguna circunstancia ser objeto de censura. • En otro controvertido caso, un juez de la ciudad de Barranquilla prohibió a varios periódicos, emisoras y programadoras de televisión, volver a mencionar el nombre de un conocido político de quien se había informado que otro político opinaba de él que era un deshonesto. En este caso tampoco se permitió a los demandados la defensa y se condenó en perj uicios a los medios. Por otra parte, la Corte Constitucional confirmó un fallo de tutela proferido por el Tribunal de Cali en el que se ordenaba a un periódico publicar la noticia de la cesación de un proceso de calumnia e injuria, por considerarlo necesario para proteger la honra de quien había sido acusado de tales delitos. El diario afectado informó inicialmente sobre la demanda instaurada y las medidas de aseguramiento adoptadas por el juez y se abstuvo de hacerlo cuando se ordenó por el mismo juez la cesación de procedimiento. La Corte Constitucional no sólo ordenó publicar la mencionada información, sino que ordenó hacerlo en los términos exactos en que ella misma redactó la noticia. Además de la llamada Acción de Tutela, que ha estado en vigencia por ocho meses, existe una segunda amenaza jurídica contra la libertad de prensa, y es el artículo 332 del nuevO Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia el pasado 1° de julio y que establece lo siguiente: ala publicación en medio de comunicación de informaciones de carácter reservado constituirá presunción de violación de la reserva, y hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales como el medio de difusión. La multa imponible a los medios de comunicación por violación de la reserva podrá ascender hasta mil salarios mínimos mensualesn •Consagra esta disposición una presunción de enorme peligro para la actividad periodística, y una multa millonaria para los medios de comunicación que "presuntamente" violen la reserva del sumario. Esta norma conduce a que los medios de comunicación y los periodistas se vean obligados a revelar la fuente de su información para desvirtuar tal presunción, lo cual no es posible ni ética ni legalmente. La vigencia de esta norma genera en los periodistas y medios de comunicación una actitud de temor e inhibición, contraria a la libertad necesaria para el ejercicio de la actividad que puede restringir la divulgación de informaciones de gran valor para la comunidad y aún para la justicia. El poder fiscalizador de la prensa, tan necesario en toda sociedad, se ve entonces debilitado como consecuencia de esta norma. Un tercer riesgo jurídico que afronta la prensa colombiana es la posibilidad de expedición de una nueva ley de prensa. La nueva Constitución, en sus artículos 20, 73 Y 74, consagra los principios esenciales que gobiernan la actividad periodística, como son la libertad de información, la responsabilidad social de los medios de comunicación, el libre acceso a los documentos públicos, la inviolabilidad del secreto profesional y la libertad e independencia de que debe gozar dicha actividad. El deseo de muchos parlamentarios de reglamentar estas normas, parece obedecer, más que a una necesidad legal, a la animadversión de gran parte de los miembros del Congreso frente a la prensa. La reglamentación legal de algunos de los principios consagrados en la Constitución actual, como "la imparcialidad de la información" a que tiene derecho todo ciudadano, fila 5 rectificación en condiciones de equidad", la "responsabilidad social" de los medios, sólo conducirá a crear restricciones al libre ejercicio de la actividad periodística.

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