El Salvador

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EL SALVADOR La forma en que ha evolucionado la situación salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Chapultepec en enero ha hecho que continúe mejorando el clima para el ejercicio libre del periodismo. El lO de agosto, la Secretada Nacional de Comunicaciones informó a los miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) la eliminación de las credenciales que esta entidad gubernamental emitía a quienes ejercían el periodismo. A partir de esa fecha, los medios de comunicación son los únicos que extienden credenciales. "Con ello El Salvador, en esta materia, adopta las posiciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Interamericana de Radiodifusión", agrega el documento gubernamental que anunció la medida. En junio, periodistas de El Diario de Hoy fueron agredidos por tomar fotos de un grupo de maestros que mantenían una huelga de hambre, en el momento de comer. Las cámaras y las credenciales de los reporteros les fueron arrebatadas y ellos amenazados con posteriores represalias. Hace unas semanas se declaró un incendio en las oficinas de la agencia noticiosa SALPRESS, vinculada a la guerrilla. No están claras las causas del hecho. Los miembros de SALPRESS lo atribuyen a un atentado, pero otras personas dicen que fue accidental, e incluso, provocado por ellos mismos. El gobierno ha autorizado en los últimos meses las operaciones en el país de tres nuevos canales de televisión, 19,21 Y 25, éste último de orientación cristiana evangelista. De igual manera, han comenzado sus transmisiones las radiodifusoras YSUCA, de la Universidad Centroamericana, bajo administración de jesuitas, y la YSUTEC, perteneciente a la Universidad Tecnológica, privada. Una subcomisión de la IIComisión para la Consolidación de la Paz' (COPAZ), ha reactivado un proyecto de ley que amenaza a la libertad de expresión, el cual había sido archivado durante la presidencia de José Napoleón Duarte, por el rechazo que recibió de parte de los medios noticiosos y asociaciones privadas. El proyecto, entre otras cosas, obligaría a los periodistas a firmar todos sus escritos; establecería un "derecho de respuesta" a partir de justificaciones subjetivas, obligando al doble del espacio; dejarla en manos de funcionarios políticos, específicamente el Secretario de Información del gobierno, juzgar sobre supuestas violaciones a la libertad de expresión y condenar o absolver a periodistas y medios informativos, y obligaría a los editores a publicar o transmitir íntegramente, sin realizar cambios de ninguna naturaleza, artículos, escritos, noticias, reportajes o notas de opinión que sometan los periodistas a las mesas de redacción. El proyecto tampoco permite "rechazar" documentos destinados a campo pagado, y establece que "el uso de credenciales y distintivos de prensa serán autorizados por la Secretaría Nacional de Información y su uso indebido o abuso de los mismos, será sancionado de conformidad con la ley".

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