Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS El pronóstico del presidente de la SIP, James McClatchy, de que la presión contra la libertad de expresión en Estados Unidos continuaría aumentando, se ha hecho realidad a partir de lo ocurrido desde la Reunión de Medio Año. La tendencia más preocupante es el número cada vez mayor de reporteros a quienes fiscales, abogados defensores y jueces piden que revelen sus fuentes. Mientras estamos reunidos, dos reporteros se enfrentan a la perspectiva de tener que cumplir condenas de prisión por negarse a cumplir órdenes judiciales que consideran una amenaza a la libertad de prensa. Tim Rache, del Stuart News, Florida, ha sido sentenciado a 30 días de prisión por negarse a revelar la identidad de la persona que le entregó documentos del tribunal que revelaban el resultado de un polémico caso de custodia infantil. Rache ha pedido amparo a la Corte Suprema, que le ha concedido una suspensión de procedimiento. La corte decidirá si escuchará su caso cuando reinicie sus actividades el 5 de octubre. Susan Smallheer, del Rutland Daily Herald, está en un vacío judicial, enfrentada a la probabilidad de ser sentenciada a una pena de prisión y a tener que pagar multas. El juez George F. Ellison, de la corte de distrito de Vermont, en White River Junction, ordenó a la señorita Smallheer que declare sobre tres entrevistas telefónicas con un prisionero que es un sospechoso en el asesinato de un maestro. La señorita Smallheer y el Herald sostienen que obligada a declarar tendría un efecto efecto negativo en la búsqueda de noticias y que la corte tiene suficiente información en los informes publicados de la periodista. La señorita Smallheer apeló a la Corte Suprema estatal, que falló que la periodista debe ser hallada oficialmente en desacato al tribunal antes que pueda apelar. La Corte Suprema devolvió la apelación al tribunal inferior, que ahora debe decidir si hallar a la señorita Smallheer en desacato al tribunal por negarse a declarar. El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa observa con alarma una ola de citaciones judiciales presentada contra los medios de comunicación a raíz de los motines de Los Angeles. Los fiscales deseaban identificar a saqueadores y otros delincuentes mediante películas y vídeos, pero las estaciones de televisión se han negado a entregar material que no ha sido transmitido. El comité de reporteros también está preocupado por el aumento en el número de casos de órdenes judiciales que exigen a periodistas revelar sus fuentes de información. Sin embargo, hasta ahora ningún periodista ha sido arrestado por negarse a hacerlo. La protección más efectiva contra el acoso judicial parecen ser las "leyes protectoras" que ahora están vigentes en 28 estados y el Distrito de Columbia. Mucho más preocupante que las órdenes judiciales es el asesinato aún no resuelto del periodista hispano Manuel de Dios Unanue, un periodista investigativo y ex director de La Prensa, de Nueva York. Unanuefue muerto a balazos el 11 de marzo de este año en un restaurante de Queens, Nueva York, en un típico ataque al estilo de pandillas. Se ha informado que la policía de Nueva York tiene más de 80 pistas en el caso. Entre los sospechosos hay desde asesinos a sueldo del narcotráfico hasta mafiosos locales e intereses políticos corruptos en Puerto Rico. Douglas W. Payne, en un artículo publicado en Freedom Review, revista de la organización Freedom House, escribió: "El asesinato de Manuel de Dios indica que fuerzas poderosas creen que ahora pueden atacar con impunidad a los medios de comunicación en Estados Unidos (como lo han hecho en América Latina ..... Hay que demostrarles que están equivocados. Porque si se permite que la muerte de Manuel de Dios quede impune, no será el último periodista norteamericano en morir por la libertad de prensa'. En un estilo mucho más prosaico, el Centro de Recursos de Defensa contra el Libelo informó el 26 de agosto que los veredictos de compensación por parte de jurados en casos de libelo durante los últimos dos años alcanzan un promedio de $9 millones. El Centro señala: "En los primeros dos años de la actual década, jurados ya han otorgado más de cuatro quintas partes (82,2 por ciento) del total de todos los daños inicialmente otorgados por jurados en toda la década pasada'. El Centro está exhortando a que se realice una reforma de la Ley sobre Difamación "para evitar los dañinos efectos que inexorablemente traen como consecuencia los cuantiosos veredictos iniciales de compensación por daños, incluso cuando en definitiva son revocados o reducidos en procedimientos subsecuentes". Desde que la misión de la SIP visitó Miami en marzo para investigar acoso y amenazas contra The Miami Herald, no se han producido más incidentes.

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