PARAGUAY
La nueva Constitución que rige en Paraguay desde junio
pasado ha incorporado -pese al frente único que presentaron
los medios de prensa paraguayos- normas que puedan afectar
severamente la libertad de prensa. Por otra parte, se está
pretendiendo revivir un proyecto de ley de prensa que estaría
completando el estrecho cerco dentro del que se quiere
constreñir el accionar periodístico.
A pesar de este incierto panorama, hasta el momento la
prensa en Paraguay ha podido cumplir con su labor sin cortapisas, y ha tenido activa participación en el descubrimiento y denuncias de actos de corrupción -civil y militar- que pueden entorpecer y hasta interrumpir el proceso democrático si no son objeto de una firme reacción gubernamental que tienda a erradicar la corrupción.
La Constitución, de la que se esperaba resultara un sólido
cimiento para el financiamiento y desarrollo progresista de
la libertad de prensa, está lejos de ello. El nuevo texto constitucional abunda en normas de oscura lectura e incierta intención, a veces de aplicación predeciblemente muy difícil, y
en disposiciones que, en malos manos, podrían dañar seriamente
a la libertad de prensa.
Por las nuevas disposiciones se le garantiza a la prensa
que no se dictará ninguna ley que limite o imposibilite la libre
expresión del pensamiento y la opinión, pero, aparte de
que nada se garantiza con respecto a la información, se prevén
varias posibles leyes reglamentarias -el derecho de réplica, la
regulación de la publicidad, la protección legal de la intimidad
y de algo que la nueva Constitución dibuja como "la imagen
de las personas".
La Constitución ha creado una casta privilegiada, la de los
"periodistas-columnistas" -que ella no define en qué consiste-
quienes podrán publicar sus artículos sin que el director
o editor pueda hacer al respecto, salvo "dejar a salvo su responsabilidad, haciendo constar su disenso'.
En norma de implicaciones potencialmente peligrosas, la
Constitución declara en su artículo 27, que "El empleo de los
medios masivos de comunicación es de interés publico: en
consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento".
Esta declaración, aparentemente elogiosa para la prensa, no es tal. Dicha cláusula podría servir, por ejemplo, para que ningún medio de prensa pueda jamás clausurarse.
Ello no sólo por razón de alguna arbitrariedad gubernamental,
sino que por ninguna otra causa, incluyendo la voluntad
de sus propietarios, o por una crisis económica producida por
mala administración o bien por problemas sindicales. Y en
casos como los señalados -como ya ocurrió décadas atrás en
otros países- y para asegurar la continuidad del medio, porque
ella es de "interés público", tendrá que aparecer alguna
autoridad que se encargue de hacer cumplir el precepto constitucional, tal vez inclusive decidiendo a quién se le entregará ese medio.
En otra de las ambigüedades de su texto, la Constitución,
en su artículo 28, establece que ase reconoce el derecho de las
personas a recibir información veraz, responsable y
ecuánime". ¿Quién será el encargado de decir cuándo una información es o no uveraz, responsable y ecuánime"?
Por último, y casi como una curiosidad, consignamos que
los constituyentes hasta han llegado a insertar en la Constitución la prohibición de que los propietarios o copropietarios de un medio de comunicación puedan ser electos como Presidente de la República o como senadores o diputados. Dado que el derecho de elegir y ser elegido es inherente al sistema democrático, dicha enunciación constitucional no sólo contradice uno de los principios en que el mismo se funda, sancionando así una arbitrariedad que agrede a la democracia, sino que muestra un inexplicable prejuicio hacia quiénes están relacionados empresarialmente con la prensa.
La Comisión de Prensa y Comunicación Social de la Cámara
de Diputados había rechazado un proyecto de ley para
establecer un estatuto de la prensa, que fue presentado por el
diputado oficialista Julio César Vasconsellos. Este volvió a
presentarlo, y como se trata de una ley que puede afectar las
libertades de expresión y de prensa, es de esperar que el Congreso rechace nuevamente este proyecto.
