Paraguay

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PARAGUAY La nueva Constitución que rige en Paraguay desde junio pasado ha incorporado -pese al frente único que presentaron los medios de prensa paraguayos- normas que puedan afectar severamente la libertad de prensa. Por otra parte, se está pretendiendo revivir un proyecto de ley de prensa que estaría completando el estrecho cerco dentro del que se quiere constreñir el accionar periodístico. A pesar de este incierto panorama, hasta el momento la prensa en Paraguay ha podido cumplir con su labor sin cortapisas, y ha tenido activa participación en el descubrimiento y denuncias de actos de corrupción -civil y militar- que pueden entorpecer y hasta interrumpir el proceso democrático si no son objeto de una firme reacción gubernamental que tienda a erradicar la corrupción. La Constitución, de la que se esperaba resultara un sólido cimiento para el financiamiento y desarrollo progresista de la libertad de prensa, está lejos de ello. El nuevo texto constitucional abunda en normas de oscura lectura e incierta intención, a veces de aplicación predeciblemente muy difícil, y en disposiciones que, en malos manos, podrían dañar seriamente a la libertad de prensa. Por las nuevas disposiciones se le garantiza a la prensa que no se dictará ninguna ley que limite o imposibilite la libre expresión del pensamiento y la opinión, pero, aparte de que nada se garantiza con respecto a la información, se prevén varias posibles leyes reglamentarias -el derecho de réplica, la regulación de la publicidad, la protección legal de la intimidad y de algo que la nueva Constitución dibuja como "la imagen de las personas". La Constitución ha creado una casta privilegiada, la de los "periodistas-columnistas" -que ella no define en qué consiste- quienes podrán publicar sus artículos sin que el director o editor pueda hacer al respecto, salvo "dejar a salvo su responsabilidad, haciendo constar su disenso'. En norma de implicaciones potencialmente peligrosas, la Constitución declara en su artículo 27, que "El empleo de los medios masivos de comunicación es de interés publico: en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento". Esta declaración, aparentemente elogiosa para la prensa, no es tal. Dicha cláusula podría servir, por ejemplo, para que ningún medio de prensa pueda jamás clausurarse. Ello no sólo por razón de alguna arbitrariedad gubernamental, sino que por ninguna otra causa, incluyendo la voluntad de sus propietarios, o por una crisis económica producida por mala administración o bien por problemas sindicales. Y en casos como los señalados -como ya ocurrió décadas atrás en otros países- y para asegurar la continuidad del medio, porque ella es de "interés público", tendrá que aparecer alguna autoridad que se encargue de hacer cumplir el precepto constitucional, tal vez inclusive decidiendo a quién se le entregará ese medio. En otra de las ambigüedades de su texto, la Constitución, en su artículo 28, establece que ase reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime". ¿Quién será el encargado de decir cuándo una información es o no uveraz, responsable y ecuánime"? Por último, y casi como una curiosidad, consignamos que los constituyentes hasta han llegado a insertar en la Constitución la prohibición de que los propietarios o copropietarios de un medio de comunicación puedan ser electos como Presidente de la República o como senadores o diputados. Dado que el derecho de elegir y ser elegido es inherente al sistema democrático, dicha enunciación constitucional no sólo contradice uno de los principios en que el mismo se funda, sancionando así una arbitrariedad que agrede a la democracia, sino que muestra un inexplicable prejuicio hacia quiénes están relacionados empresarialmente con la prensa. La Comisión de Prensa y Comunicación Social de la Cámara de Diputados había rechazado un proyecto de ley para establecer un estatuto de la prensa, que fue presentado por el diputado oficialista Julio César Vasconsellos. Este volvió a presentarlo, y como se trata de una ley que puede afectar las libertades de expresión y de prensa, es de esperar que el Congreso rechace nuevamente este proyecto.

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