VENEZUELA
La prensa venezolana sigue siendo objeto de persistente
represión e intimidación por parte de las autoridades competentes y de los tribunales, que juntos están estableciendo las bases de una aparente política nacional que priva a los medios de prensa de la atmasfera necesaria para desenvolverse libremente.
Estas acciones cuentan con apoyo, tanto del Poder
Legislativo como del Ejecutivo.
El hecho más trágico, y que no deja de suceder dentro de
ésta atmasfera gubernamental de ataques contra los medios,
es el deleznable atentado criminal contra la señora Jean Hope
Phelps, vicepresidente de la empresa del Diario d. Caracas,
que tuviera lugar durante esta reunión de la SIP, el 29 de septiembre.
El atentado contra la señora Phelps resultó en un
disparo a la cabeza.
En el ámbito legislativo la ofensiva contra los medios ha
tomado un peligroso camino. A principios del mes de
julio, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 66 de la Carta Magna respecto a la libertad de expresión.
El resultado del debate fue que ninguna persona puede
tener directa o indirectamente el uso de uno o más medios
medios de comunicación de manera exclusiva en ciertos
parámetros regionales. Se consagró asimismo el derecho de
réplica para los que se consideran agraviados por informaciones
publicadas, que afecta de una manera gravísima la libertad
de información de los diarios.
En la Cámara de los Diputados así mismo se aprobó el articulo
44 de la reforma que obliga a los medios a darle un tratamiento
uniforme a las informaciones de todos los partidos, aun cuando la noticia surgida de estas fuentes tenga menos transcendencia que otras.
Al momento de publicar este informe el senado venezolano
ha aprobado los artículos referidos al monopolio y la réplica
mientras eliminó el referido a los partidos políticos.
De cualquier manera, tales modificaciones a la Constitución
deberán ser sometidos a un referéndum.
La puesta en vigencia de una "Ley sobre protección a la
privacidad de las informaciones", por otra parte, es considerada
como una seria amenaza contra los periodistas, quiénes
podrían sufrir encarcelamientos hasta de cuatro años en caso
de revelar el contenido de grabaciones telefónicas. Esto se
considera como una grave amenaza contra los medios allimitar
el ejercicio del periodismo investigativo y de denuncia.
Entre tanto, el Ejecutivo ha sometido a medios de prensa
y a periodistas a la jurisdicción de tribunales militares, en
abierta violación de las normas legales, y se ha procedido directamente a la suspensión de programas periodísticos en una
suerte de amedrentamiento perjudicial al ejercicio profesional.
Se cuenta en este orden a los diarios El Nacional y El Nuevo
País, de Caracas, a la Radio Rumbos, de la misma ciudad y
a los periodistas José Vicente Rangel, Rafael del Naranjo,
Miguel Arcángel, Jesús Falcón y Alexis Rosas, mientras el
caso de juicio contra Rafael Poleo aún no ha llegado a una
solución satisfactoria y este se mantiene en el exilio.
Un nuevo juicio contra Rafael Poleo ha sido introducido
por la señora Cecilia Matos, para la divulgación de documentos
en los cuales se le atribuyen cuentas bancarias.
El caso contra El Nacional se inició el pasado 8 de junio
por instrucciones del Ministro de Defensa, General de División
Fernando Ochoa Antich. El juez militar tercero de primera
instancia de Caracas abrió averiguación contra el diario por
la publicación de un documento de la División de Inteligencia Militar en que se delineaba el malestar existente en los
cuerpos militares en las postrimerías al atentado de golpe de
estado del pasado mes de febrero.
La publicación del documento dio lugar a la presencia de
un tribunal militar en la sede del diario y motivó la citación
contra los periodistas Alfredo Peña, director, Ibeyice Pacheco,
jefe de redacción, y los reporteros Berenice Gómez y Jesús
Eduardo Brando, ante el Tribunal III Militar. El primero de
julio se dio por cerrado el caso, no sin antes haber servido de
herramienta de amedrentamiento en contra del diario.
El pasado 30 de agosto fue suspendido por un juez militar
el programa televisado de opinión de José Vicente Rangel,
en el cual se iba a transmitir una entrevista al Comandante
Hugo Chávez, jefe de la asonada militar del pasado febrero.
El 7 de septiembre el Ministro de Defensa también ordenó
una averiguación militar al periodista de El Mundo, Miguel
Arcángel, argumentando que sus informaciones atentaban
contra las Fuerzas Armadas. Este caso todavía sigue en pie
contra el periodistas.
Contra el periodista Rafael Poleo, director de El Nuevo
País, fue ordenado un nuevo auto de detención por la presunta
comisión del delito de simulación de un hecho punible al
ser acusado del hurto de su propio hogar. Cuando la misión
de la SIP visitó Caracas en julio para establecer las condiciones bajo la cual se ve obligada a operar la prensa venezolana, la juez a cargo del caso de Poleo insistió en entrevistarse con los enviados de la SIP, algo que el segundo vice presidente de la SIP, Roy Megarey, quien fuese interpelado por la juez, calificó de "inaudito".
El propio Presidente Carlos Andrés Pérez ha formulado
últimamente amenazantes declaraciones contra los medios
venezolanos, abiertamente culpándolos de ser responsables de
la crisis que atraviesa su gobierno y a raíz del atentado contra
el dirigente sindical Antonio Ríos.
En los últimos días salieron del aire por órdenes del ejecutivo
los programas Juicio a la Noticia, El Sonido de la Verdad
y Editorial, de los periodistas Alexis Rosas,Domingo Blanco y
Fernando Silva, que se transmiten por las emisoras Radio
Rumbos, FM 104.5 Y YVKE-Mundial, respectivamente. Fueron
amenazados por la misma medida los programas de Napoleón Bravo en Radio Capital y Martín Pacheco, en Radio Uno.
El periodista Alexis Rosas se ha visto amenazado y acosado
por agentes de la policía política, DISIP, quienes también
han visitado a sus amigos y familiares. Otros periodistas recibiendo igual tratamiento lo son Desiré Santos Amaral y
Carlos Suarez, quienes se han visto bajo vigilancia de las patrullas de la DISIP. Todos laboran para la empresa de Radio
Rumbos.
El Presidente Pérez, de hecho, ha lanzado una amenazante
campaña contra los medios de comunicación.